Canal de Navarra: las aguas bajan revueltas

El Canal de Navarra costará miles de millones de euros cuando se ejecute la segunda fase. ¿Cómo se justifica esta obra faraónica y qué consecuencias va a tener para los contribuyentes?

Canal de Navarra 2
Valla publicitaria del Canal de Navarra Jone Arzoz

publicado
2018-05-13 17:18:00

La lista de infraestructuras megalómanas y deficitarias en Navarra es conocida. La primera que le viene a la mente a la mayoría de la gente es el Reyno de Navarra Arena (70 millones), seguida del circuito de los Arcos (60 millones). Pero, bien mirado, son migajas si las comparamos con los miles de millones que costará el Canal de Navarra cuando se ejecute la segunda fase. Entonces, ¿cómo se justifica esta obra faraónica, y qué consecuencias va a tener para los contribuyentes?

Si se tira del hilo, los antecedentes del Canal se remontan al pantano de Itoiz. El Estado construyó la presa pero Navarra se encargó de las carreteras, expropiaciones, traslado de cementerios, demoliciones, etc. De los 625 millones totales, la Comunidad foral puso el 20%. Urbizi, la red navarra en defensa de los ríos, ha calculado que la recuperación de costes durante los primeros 30 años no llegará ni al 20%, y eso teniendo en cuenta que 60 millones de euros corresponden a los daños que las futuras avenidas habrían provocado. Es decir, que dos tercios de lo que va a recuperarse ni siquiera son ingresos reales. Además, la concesión del salto hidroeléctrico está privatizada. 

Por su parte, la primera fase del Canal de Navarra, el tramo que va hasta Pitillas, ha costado 595 millones que ha pagado Canasa, sociedad participada en un 60% por el Estado y en un 40% por el Gobierno de Navarra, y que explota las aguas de Itoiz. En esta infraestructura la teórica recuperación de costes a 30 años es mayor (46%) pero 320 millones serían a fondo perdido. Además, es importante no olvidarse de las tuberías que llevan el agua del canal a las parcelas. Su coste se estima en unos 100 millones, y las empresas privadas que las instalan se embolsaran con el peaje en la sombra unos 384 millones en los próximos treinta años. En resumen, la primera fase, destinada a regar casi 40.000 hectáreas, va a costar al contribuyente 1.604 millones, que ascenderán a 3.000 si se incluyen la ampliación y la futura segunda fase. Si el porcentaje de recuperación de costes continúa en el 27%, el asalto a las arcas públicas va a ser de más de 2.200 millones. Todo ello para no más de 2.200 regantes iniciales, que en la actualidad, aunque no haya datos oficiales, se calculan en cerca de 1.600, ya que varios cientos de agricultores han vendido sus tierras.

La puesta en marcha y desarrollo del Canal de Navarra no se entiende sin la beligerancia del PSN, que es el auténtico padre de la criatura y que también ha abanderado el pantano de Itoiz y el conjunto de las políticas hidráulicas en curso. De hecho, hubo un momento en el que Juan Cruz Alli, presidente del Gobierno de Navarra por UPN a principios de los 90, se desligó del proyecto diciendo que era una obra de Madrid, y en 2012, cuando se acabó la primera fase, los regionalistas suspendieron la segunda y se lanzaron a la ampliación en las vegas del Arga y del Ega. Hubo, incluso, gente notoria de su entorno, como José Antonio Gayarre —presidente de la Junta de las Bardenas Reales— o Enrique Castel Ruiz —presidente de la Comunidad de Regantes de Huertas Mayores— que manifestaron públicamente que la segunda fase no era necesaria. La propia Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda llegó a decir en una reunión de Canasa que la segunda fase era inviable. No valoraron siquiera hacerla con tuberías, la modalidad más barata por su trazado rectilíneo y porque evita las expropiaciones. Dentro del despropósito general, entendieron que lo más sensato para buscar nuevos clientes era ampliar la primera fase. Por otra parte, algo compatible con seguir consiguiendo nuevos usuarios de manera voluntaria o bajo coacciones administrativas.

UAGN y PSN se encargaron de reactivar el proceso en 2013 argumentando que la ampliación era imprescindible, así que UPN reanudó el proyecto y Yolanda Barcina se reunió para negociar con el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. La CHE manifestó que había 117 hm3 disponibles, pero de puertas para adentro, sabían que aquello no iba a ningún lado. De hecho, en sus propios estudios se reconocía que el actual embalse de Itoiz iba a ser incapaz de satisfacer esa demanda la mitad de los años, porque los caudales del Irati y del Urrobi son insuficientes. Con la llegada del Gobierno del Cambio el proceso se paralizó, y UPN y PSN se dispusieron a sacarle partido político.

¿Y la ribera?

La Ribera es la zona de Navarra donde más agua se consume, pero está bien abastecida. Existe el Canal Imperial de Aragón, el de Lodosa, el de Tauste, los ríos Ebro, Aragón, Alhama y Queiles, y el embalse del Ferial. Tras una consulta reciente del Gobierno, los resultados señalaron que había menos de 15.000 hectáreas en manos de gente realmente interesada. UPN y PSN, ya en la oposición, optaron por callarse por miedo a que el nuevo gobierno llevara el agua a la Ribera, pero en la actualidad están pidiendo que se abastezca a 21.000 hectáreas, aun con conocimiento de que no existe esa demanda. Una falta de rigor que ha sido habitual en los debates hidráulicos, como el informe presentado para hacer las presas de Puente la Reina realizado por la Universidad de Navarra que afirmaba que estancamiento mejora la calidad del agua, obviando el proceso de eutrofización, que puede terminar afectando a su potabilidad.

Con todo ello, y a pesar de que la demanda de agua de riego no es urgente y de que el agua de boca de la Ribera cumple todos los requisitos de potabilidad, es cierto que tiene problemas de sabor y que algunos análisis han detectado herbicidas. En este sentido, Urbizi ha planteado alternativas que pasan por optimizar los recursos existentes: uso del agua del Ebro en invierno, aumento de las concesiones de los embalses del Val y del Ferial el resto del año, y reasignación de parte del agua de calidad que va a regadío para agua de boca. Una propuesta que cuenta con detractores dentro del propio movimiento ecologista que, sobre todo desde Tarazona, han denunciado que supondría un nuevo minitrasvase de la cuenca del Queiles. Según Urbizi, en esta crítica se obvia que se apuesta por mantener las vigentes concesiones del Queiles en vez de traer el agua de Itoiz, reasignándolas como agua de boca.

El futuro es poco halagüeño. Desde Itoiz a Tafalla, donde predominaban las grandes fincas de secano, la mayor parte de los agricultores se ha apuntado a la fiesta del canal, pero más al sur no ha sido así. Muchos pequeños propietarios han tenido que vender sus tierras porque no tenían la parcela mínima de cinco hectáreas para acceder al regadío ni podían permitirse los 6.000 euros por hectárea que suponía la instalación, aunque se haya subvencionado, en algunos sitios, hasta el 50%. La propiedad se está concentrando, cada vez hay menos agricultores, y muchos de los que hay son rentistas cuyas tierras gestionan pequeños equipos de contratados. La producción se vende a multinacionales como Bonduelle o General Mills. En Larraga, una parte de las tierras están arrendadas a una multinacional que exporta alfalfa a Arabia Saudí. La dirección va cada vez más rápido hacia el mundo del agronegocio y los transgénicos, un modelo muy lejano a la soberanía alimentaria. 


reductos de resistencia
Cárcar y Lerín fueron los únicos pueblos que consiguieron mantener el regadío tradicional mediante consultas a los regantes. En Berbinzana, Larraga o Miranda hubo cierta oposición, sobre todo de los que menos tierras tenían, que al final han acabado vendiendo. En Falces se decidió que la mitad del regadío pasaba a regarse con el canal y la otra mitad se quedaba con el Arga. En Peralta hubo una votación en la que ganó el “no”, pero acabaron aceptando. En Andosilla y San Adrián entraron solo para las tierras de secano, y en Murillo el Fruto vendieron ilegalmente una parte de los comunales para poner riego en otra zona. La propuesta del Gobierno de Navarra para aprobar la concentración parcelaria del regadío tradicional que solicitaban los municipios ha venido acompañada, de facto, de un chantaje: no se atiende ninguna solicitud si no es con agua de Itoiz.

 


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