Agroecología
La producción ecológica se estanca en Extremadura

En el Debate del Estado de la Región de 2016, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, presentaba la Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030 como vía de desarrollo y creación de empleo en Extremadura acaparando las principales portadas de la prensa regional.

En este contexto aparece en el mes de marzo de 2018 el I Plan Estratégico para el Fomento de la Producción Ecológica en Extremadura 2018-2020, dotado con 41,8 millones de euros procedentes en un 97% de la Medida 11 (Agricultura Ecológica) del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020. Un PDR que prometía "el incremento de la agricultura ecológica en 8.200 hectáreas".

En el último informe sobre Producción Ecológica publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hace sólo unas semanas referente al año 2018, se observa un aumento de la superficie a nivel estatal del 7,9% respecto al año anterior alcanzando las 2,24 millones de hectáreas. De esta forma, España se mantiene líder europeo en superficie ecológica y cuarta a nivel mundial. El 9,7% de la superficie agraria española está registrada en producción ecológica.

Por su parte, el número total de operadores ecológicos aumenta un 5,6% hasta los 46.463. Suben tanto los productores primarios (4,7%) como industrias (13,7%), importadores (21%) y comercializadores (22%). Esto se traduce a su vez en una importante creación de empleo directo e indirecto ligado al medio rural y al sector primario.

En el caso de Extremadura la superficie ecológica se estancó en 2018 en la misma cifra que el año anterior con 94.518 hectáreas. Esto ha supuesto el descenso del cuarto al quinto puesto en el ranking estatal siendo superada por la Comunidad Valenciana.

Se deduce de estos datos que, en términos globales, las políticas públicas de la Junta tampoco están contribuyendo a la generación de empleo ligado a la producción ecológica extremeña

En cuanto a operadores se produjo un descenso hasta los 2.953 debido principalmente a la reducción en el número de productores agrícolas y ganaderos. Por su parte Extremadura ocupa el puesto número trece en número de empresas elaboradoras y comercializadoras que continuaron en 2018 su ascenso aunque no pudieron compensar la caída de la parte productiva. Se deduce de estos datos que, en términos globales, las políticas públicas de la Junta tampoco están contribuyendo a la generación de empleo ligado a la producción ecológica extremeña.
La cabaña ganadera, por su parte, experimentó un importante aumento en 2018 hasta las 392 explotaciones y las 114.065 cabezas, lo que pone a Extremadura como tercera potencia regional en número de explotaciones ganaderas en ecológico a nivel estatal.

En el caso de la ganadería apenas el 1,1% de cabaña ganadera extremeña está inscrita en ecológico

No cabe duda que la posición de Extremadura en cuanto a superficie ecológica está directamente relacionada con el hecho de ser la quinta región más extensa del país y la cuarta en cuanto a superficie agraria útil. Sin embargo, si se observa en términos relativos a la superficie agraria total, Extremadura cae a la posición número once con un 3,8% de su superficie agraria total certificada en ecológico. En el caso de la ganadería apenas el 1,1% de cabaña ganadera extremeña está inscrita en ecológico.

Si bien se han producido avances en la materia, como la simplificación administrativa a través de la solicitud única que se hace por vía telemática y reduce burocracia o la contratación de personal técnico, estas medidas se han mostrado insuficientes para atraer a los profesionales del sector hacia la producción ecológica. Algunas de las razones, desde mi punto de vista, son mucho más profundas y diversas.

En primer lugar, la Política Agrícola Común (PAC), la madre de todas las políticas agrarias, perjudica seriamente a la producción ecológica. El primer pilar (ayudas directas) refuerza las grandes producciones agrarias intensivas, dedicadas a la exportación internacional, acaparadoras de tierra, contaminantes y generadoras de gases de efecto invernadero y huella de carbono. El segundo pilar (PDR) apenas dedica un 10% de sus fondos a la producción ecológica. Y los requisitos de acceso a estas ayudas en ambos pilares discriminan seriamente a las pequeñas producciones que son la norma en el sector ecológico extremeño.

Además se ha comprobado el efecto positivo que tiene la convocatoria de ayudas a la incorporación a la producción ecológica. En el año 2017 se convocaron por primera vez con cargo al PDR 2014-2020 generando un aumento de la superficie inscrita del 15,56% respecto del año anterior. Sin embargo en 2018 no hubo ayudas al primer año, sino al mantenimiento de los compromisos adquiridos, lo cual, como se ha mencionado, no ha tenido ningún efecto positivo.

La PAC perjudica seriamente a la producción ecológica. El primer pilar (ayudas directas) refuerza las grandes producciones agrarias intensivas, dedicadas a la exportación internacional, acaparadoras de tierra y contaminantes

Por otro lado, la Junta de Extremadura no fomenta el consumo interno a nivel local, ni en cuanto a restauración pública. A excepción de la ciudad de Cáceres y su mercado ecológico en la calle Moret, pocas son las localidades extremeñas en las que se ofrecen productos ecológicos de forma regular. Los alimentos ecológicos brillan por su ausencia en los casi 30.000 menús diarios con tres comidas al día que se sirven durante una parte importante del año en los diferentes organismos e instituciones públicas en Extremadura (comedores escolares, universidad, hospitales, residencias de la tercera edad, centros de menores, etc). Abastecer esta demanda sería una forma inmejorable de dar salida a la producción local mientras se cuida la salud de la población extremeña, se crea empleo y se fija población en el medio rural. Al mismo tiempo supondría un reto y una oportunidad muy importante para el sector ecológico extremeño que ganaría terreno respecto a la agricultura convencional.

Muy al contrario, la Junta de Extremadura no está apostando por la compra pública responsable e incluso el grupo parlamentario que sostiene al gobierno extremeño rechazó en la Asamblea de Extremadura en 2016 la propuesta de reversión progresiva a la gestión pública, de manera directa por parte de la Junta de Extremadura, de los servicios de comedores escolares de la enseñanza pública no universitaria, así como el establecimiento de una serie de cláusulas en la documentación administrativa de licitación de este servicio que apostara por productos ecológicos y de cercanía. Igualmente rechazó el pasado mes de enero de 2019 la propuesta de Ley para la Compra Pública Alimentaria Saludable y Sostenible de Extremadura, mostrando así su falta de compromiso con la producción y la oferta alimentaria sostenible de Extremadura.

Hay muchos obstáculos para la venta directa en Extremadura y no se ha elaborado una legislación al respecto

Un caso similar es el de la transformación de las materias primas en Extremadura, para lo cual el gobierno extremeño está haciendo escasos esfuerzos en la flexibilización del paquete higiénico sanitario, cuestión de gran importancia para poder obtener un valor añadido de los productos agropecuarios. Igualmente, hay muchos obstáculos para la venta directa en Extremadura y no se ha elaborado una legislación al respecto que facilite esta cuestión como ocurre en otros territorios del estado español en los que se está generando empleo, pudiendo de esta forma, frenar la emigración incesante que vacía nuestros pueblos. Son los casos, entre otros, de la Comunidad Valenciana con el Decreto 201/2017, de 15 de diciembre, del Consell, por el que se regula la venta de proximidad de productos primarios y agroalimentarios y el Decreto 84/2018, de 15 de junio, del Consell, de fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de la Generalitat o el Plan de Compra Pública Alimentaria de Cataluña.

Por otra parte, sobre el Plan Estratégico para el Fomento de la Producción Ecológica en Extremadura, se puede afirmar que es un plan sectorial y, por tanto, incompleto y con importantes deficiencias. Se echa de menos un plan transversal, integral, que incluya todos los eslabones del sistema agroalimentario (producción, transformación, distribución, comercialización, consumo) incluyendo transporte, ordenación del territorio, salud pública, etc. No tener en cuenta estas cuestiones en una región como Extremadura significa dejar a su suerte al conjunto de operadores ecológicos extremeños.

Hay alternativa

La Junta de Extremadura tiene en su mano diferentes mecanismos, para revertir esta situación, que no está utilizando.

La Junta podría favorecer un importante trasvase de fondos de la PAC penalizando a la agricultura química intensiva (que contamina aire, suelos y acuíferos y nos enferma) hacia a producción de alimentos saludables para consumo local y de cercanía

En primer lugar, puede rebajar los requisitos de acceso a las ayudas agrarias, entre ellos la Unidad de Trabajo Agrícola (UTA) que para algunos cultivos y especies ganaderas está entre las más altas del país, lo que dificulta la percepción de estas ayudas a las pequeñas producciones que se dan por todo el territorio extremeño, especialmente en el norte.

En segundo lugar, debe favorecer un importante trasvase de fondos de la PAC penalizando a la agricultura química intensiva (que contamina aire, suelos y acuíferos y nos enferma) hacia la producción de alimentos saludables para consumo local y de cercanía. Para ello debe apostar por favorecer ayudas directas a las primeras hectáreas en el primer pilar o medidas del PDR (segundo pilar) como ayudas a la Red Natura 2000, directiva Marco del agua o bienestar animal que no se están utilizando. Además de dedicar más fondos a la Medida 11 (Agricultura Ecológica) multiplicando la cantidad percibida por hectárea hasta equipararse con territorios como Andalucía en el que la hectárea en ecológico está por encima de los 500€ así como convocar ayudas a la incorporación cada año.

En una región con una densidad de población de las más bajas del país y núcleos de población alejados por grandes distancias, se deben incluir en estos planes políticas transversales fundamentales como la ordenación del territorio, el transporte y logística si de verdad se quiere facilitar la agricultura ecológica

Impulsar mercados ecológicos semanales o mensuales en todos los pueblos de Extremadura, así como ir cubriendo progresivamente con producción ecológica los 30.000 menús diarios que se sirven en centros e instituciones públicas de la región, supondría un apoyo de primer orden al sector agroecológico extremeño con importantes beneficios y reducción del gasto en sanidad pública.

En una región con una densidad de población de las más bajas del país y núcleos de población alejados por grandes distancias, se deben incluir en estos planes políticas transversales fundamentales como la ordenación del territorio, el transporte y logística si de verdad se quiere facilitar la agricultura ecológica más allá de la mera producción de materia prima. Es muy importante contribuir al cierre de ciclos de nutrientes a escala local o autonómica, por ejemplo, fomentando la producción de cereales y leguminosas para alimento animal y humano, plantas de compostaje, pastoreo, mataderos, salas de frío y obradores municipales o mataderos móviles para las zonas más remotas, medidas que ya son una realidad en diferentes territorios del país.

El acceso a la tierra se constituye en otro problema muy importante para iniciarse en el sector agrario con unos precios de venta y arrendamiento prohibitivos en muchos casos, por lo que se hace cada vez más urgente la necesidad de llevar a cabo una Reforma Agraria Agroecológica que es una de las principales demandas del movimiento campesino internacional como fuente de generación de empleo y reducción de la desigualdad social.

La economía verde y circular es todo lo contrario a la instalación de macromataderos y megaplantas de procesado de remolacha azucarera o de agujerear el territorio con minas de litio y otros minerales

Por no hablar de la necesidad de darle la vuelta a la Ley 6/2015 de 24 de marzo, Agraria de Extremadura que apenas dedica a la producción ecológica dos párrafos de sus 154 páginas. Una ley de gran potencialidad para favorecer la transición agroecológica en Extremadura en la línea, por ejemplo, de la Ley Agraria 3/2019 de las Islas Baleares.

La economía verde y circular es todo lo contrario a la instalación de macromataderos (como el que se planea construir en Zafra) y megaplantas de procesado de remolacha azucarera (Mérida) o de agujerear el territorio con minas de litio y otros minerales (Cáceres). El PDR extremeño prometía el incremento de la agricultura ecológica en 8.200 hectáreas para el año 2020 y, aunque parece difícil, ojalá lo consiga y supere por los beneficios sociales, económicos y ambientales que generaría en nuestra región, pero, por todo lo expuesto en este texto, se puede concluir que el principal obstáculo para que la agricultura ecológica extremeña no despegue es la falta de interés y voluntad de la Junta de Extremadura.