Testigos del informe de la Guardia Civil sobre el 8M: “Mi declaración se ha tergiversado”

Dos de los cinco integrantes de CGT que aparecen en el informe de la Guardia Civil que culpa al Gobierno de no haber tomado medidas pese a conocer la situación de emergencia por el coronavirus aseguran que se han manipulado sus declaraciones. El sindicato estudia emprender acciones legales por lo que considera un “montaje” para desacreditar al movimiento feminista.
8M 2020 Madrid
David F. Sabadell Manifestación el pasado 8 de marzo en Madrid.

Testigos que aparecen en el informe de la Guardia Civil sobre el 8M aseguran se han manipulado las respuestas que dieron al ser llamados para tomarles declaración sobre la desconvocatoria de varias manifestaciones y concentraciones previstas para el mes de marzo. Además, uno de ellos ha visto no solo tergiversada sino directamente modificada su declaración. 

El informe que la Guardia Civil ha entregado a la jueza y que ha trascendido este martes sostiene que la Delegación del Gobierno en Madrid tenía información suficiente como para desconvocar la manifestación del 8 de marzo por motivos sanitarios y no lo hizo. La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha abierto una investigación penal contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8M en Madrid, en base a este informe. 

A lo largo de sus 83 páginas, el documento lista las concentraciones convocadas entre el 5 y el 26 de marzo y concluye que las circunstancias “hacen ver a esta instrucción que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo”.

Santiago de la Iglesia, secretario general de CGT Madrid Sur, es uno de los testigos que aparecen en el informe. En la lista de 177 actos analizados, el que aparece junto a su nombre queda reflejado como desconvocado por “motivos sanitarios llamada DG [Delegación de Gobierno]”.

Sin embargo, De la Iglesia explica que, en su opinión, el informe manipula sus respuestas. El acta que recoge su declaración del día 5 de mayo, a la que ha tenido acceso El Salto, refleja cómo De La Iglesia responde que la concentración convocada en el Carrefour del centro comercial Plaza Nueva, en Leganés, en protesta por el despido de una compañera fue suspendida “por prudencia” y no por la llamada de la Delegación de Gobierno. 

De la Iglesia declaró ante la Guardia Civil que, pese a que la Delegación de Gobierno se puso en contacto con él y sugirió que no se llevara a cabo por motivos sanitarios, “en ningún momento de dicha conversación la interlocutora prohibió que se produjera la concentración, si bien lo consideraba recomendable”, según consta textualmente.

El sindicalista considera que sus declaración “se ha tergiversado” al quedar reflejado en el informe que se suspendió debido a esta llamada, ya que según consta en su declaración él aseguró que “la suspensión de dicha manifestación fue valorada por los compañeros y se tomó la decisión de desconvocar ‘por prudencia’”. 

Sin embargo, lo que hace constar el informe de la Guardia Civil es que “las motivaciones para llevar a cabo la mencionada cancelación se relacionan con la llamada telefónica dimanante de la DG que recibe el convocante, el día 12 de marzo de 2020, en la cual una mujer que se identifica como funcionaria de la DG ‘le sugiere que no se celebre la concentración por motivos sanitarios ya que manejaban información que desaconsejaba la convocatoria’”, obviando la puntualización recogida en las diligencias.

DECLARACIÓN INVENTADA

Antonio O’Connor, de CGT Banca Madrid, aparece también en el informe. En declaraciones a El Salto, no oculta su enfado ante el documento que plasma que “la manifestación prevista para el 10 de marzo fue cancelada por el convocante, quien envió con fecha 6 de marzo de 2020 correo electrónico a la DG, ‘dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus’, decisión que habían tomado en el seno de su plataforma al observar la evolución del patógeno y los riesgos que comportaba la enfermedad cuyas noticias ya conocía con anterioridad gracias a los medios de comunicación”.

Sin embargo, O’Connor no declaró esto ante la Guardia Civil. Como adelantó eldiario.es el miércoles y explica O’Connor a este medio, el sindicato había convocado una concentración en protesta por el despido de una compañera por parte de una entidad bancaria, pero decidieron suspenderla hasta que se acercara la fecha del juicio por este despido. “Nosotros desconvocamos por una cuestión de economización de medios sindicales, no vamos a movilizar a compañeros hasta Villalba cuando el juicio era el día 30, y así lo refleja mi declaración”.

“El día 6 de mayo recibo una llamada y me dicen que tengo que ir a declarar por un tema burocrático, me dicen que tienen un expediente abierto y que para cerrarlo necesitan saber por qué desconvocamos la concentración del 6 de marzo”, explica. 

O’Connor describe las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos como “una película de Torrente”. Cuando le empiezan a tomar declaración, un agente “me hace una batería de más de veinte preguntas, él estaba empeñado en que yo relacionara de alguna manera las desconvocatoria con el coronavirus”. O’Connor dice que pidió al agente cambiar la declaración hasta tres veces antes de firmarla por detectar pequeños detalles que modificaban el sentido de su declaración.

Otra de las manifestaciones desconvocadas fue la de CGT Amazon, que el día 13 había convocado dos manifestaciones, una en Alcalá de Henares y otra en San Fernando de Henares. El informe de la Guardia Civil recoge que estas concentraciones “fueron canceladas por el convocante, quien envió con fecha 12 de marzo de 2020 correo electrónico a la DG indicando ‘la cancelación de las concentraciones por causas de fuerza mayor como ya se había hablado telefónicamente’”. Moisés Fernández Rico, la persona a nombre de la cual estaban registradas las concentraciones, asegura que no ha tenido ocasión de valorar aun el informe y contrastarlo con su declaración.

De la Iglesia, O’Connor y otros tres integrantes de CGT se reunieron en la tarde de este miércoles y el servicio jurídico de la organización está estudiando posibles acciones legales contra este informe. O’Connor asegura que esta decisión “no es por mí sino por las filas que han intentado manchar”. De la Iglesia también apunta a un intento de desprestigiar al movimiento feminista con este informe que se basa en las tesis que ha espoleado la extrema derecha desde el inicio de la pandemia pese a existir otros indicadores que explicarían por qué podría Madrid haberse convertido en epicentro de los contagios. De hecho, De la Iglesia cree que “no es casualidad que CGT legalizara dos huelgas generales los pasados 8M”.

CGT Confederal, por su parte, ha emitido un comunicado en el que puntualiza que la decisión de desconvocar el acto del 10 de marzo se tomó por sentido común y de manera solidaria por la militancia, y ante la situación en la que se estaba en aquellos primeros días de evolución de la pandemia de covid-19. En este sentido, asegura que no recibió presiones de ningún tipo para llevar a efecto dicha decisión, como sostiene el informe.

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