Derecho a la vivienda
Siete bloques de viviendas para luchar contra la especulación

Argumosa 11, Olmo 35. Son dos de los edificios que comenzaron la llamada Asamblea de Bloques en Lucha para evitar las expulsiones de viviendas en alquiler. A los cuatro inmuebles iniciales que se unieron para evitar sus desahucios por alquiler, ahora se le suman otros cuatro en los barrios de La Latina y Lavapiés, donde viven en total unas 700 personas.

El caso de Argumosa 11 se mediatizó tanto debido a que tres juzgados diferentes mandaron notificaciones similares para sus cuatro últimos desahucios y dieron menos de 48 horas de plazo para el desalojo. No hubo forma de pararlos en puerta, a pesar del gran apoyo vecinal. Ahora se encuentran en pleno proceso judicial por el desahucio de Pepi, ejecutado el pasado 22 de febrero.

“La tendencia es a expulsar a vecinas de Lavapiés y barrios del centro para hacer de sus viviendas pisos turísticos. Se desplazan a otros barrios más periféricos como Carabanchel o Vallecas, donde de partida los precios ya son altos o intentan echar a sus habitantes para alquilarlo de nuevo como viviendas a precios superiores”, dice Ana Sánchez, de la Asamblea de bloques en lucha.

Para unirse a esta asamblea, los edificios se tienen que declarar bloque en lucha y así, todas a una, intentan mediar con los nuevos propietarios de sus edificios y negociar. “A veces los propietarios, casi siempre fondos buitre, hacen triquiñuelas como decir a las inquilinas que tienen que pagar dos fianzas (lo legal es una) y luego les dicen que no paguen los dos últimos meses. No hay que hacer esto nunca. Si lo hacen, les pueden meter en un procedimiento por impago”, comenta Sánchez.

Los desahucios por impago pueden hacer que se expulse a los inquilinos en aproximadamente dos meses, mientras que los desahucios por precario (como se conocen legalmente a las expulsiones mediante grandes subidas en el alquiler), pueden llegar a ejecutarse en un año y medio. Para esto la Asamblea de bloques en lucha cuenta con la campaña "Nos quedamos", que consiste en seguir en la vivienda pagando la renta que se pagaba hasta el momento de la notificación por burofax de la subida.

En el caso de los nuevos edificios, parece más que evidente que su uso en el futuro no va a ser residencial. De hecho, en los nuevos bloques en lucha ya se pueden ver las cerraduras con código numérico para apartamentos turísticos de quienes abandonaron sus casas por las subidas en los alquileres que no podían asumir. “Estamos viendo que cuando se unen, las vecinas son más fuertes para luchar contra estas astronómicas subidas. La lucha individual es mucho más complicada y te da menos armas para negociar con estas empresas”, relata Ana.

En las expulsiones, los fondos buitre y los grandes tenedores de vivienda, no suelen tener piedad. Poco importa la edad o las circunstancias de las personas arrendatarias. Según Ana Sánchez ,“hay una vecina en el edificio de la calle Toledo que tiene 84 años y lleva viviendo ahí desde 1941. Ahora el nuevo propietario se niega a la renovación de su contrato”. Uno de los mayores problemas de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), cuenta la asamblea de Bloques en lucha, es que no es retroactiva. Desde marzo, en los cinco primeros años del contrato de alquiler no puede haber mayores subidas que las correspondientes al Índice de Precios al Consumo (IPC).