El Salvador
Bianka Rodríguez: “El Estado salvadoreño fue borrando todo lo que tenía que ver con género y con diversidad”

Bianka Rodríguez tardó tres años en conseguir el cambio de su nombre y la mención registral al sexo en El Salvador. Lo consiguió en diciembre de 2022, en un proceso que define como costoso y revictimizante. Fue también un proceso estratégico y colectivo, explica, porque Rodríguez es una mujer trans organizada en varios colectivos. 

Presidenta de Comcavis, organización por los derechos de las personas trans de referencia en El Salvador, y directora de Ilga Lac (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe, organización que reúne a más de 400 organizaciones LGTB), Rodríguez ha participado en este mes en diferentes actos para presentar los resultados del informe LGBTIQ+ Centroamérica, análisis de la situación política, normativa y social en Honduras, Guatemala y El Salvador y recomendaciones para las estrategias de incidencia en la región que refleja, entre otras cosas, cómo el estado de excepción indefinido impuesto en El Salvador por el presidente Nayib Bukele con la excusa de su guerra contra las pandillas ha puesto en una situación aun más vulnerables a las personas LGTBIQA+. 

En el 2019 nos contabas en una entrevista en El Salto que no habías podido cambiar tu nombre y mención al sexo en el registro, algo que conseguiste en 2022. ¿Cómo fue ese trámite? ¿Cómo es el proceso en un país que no tiene ninguna ley que reconozca el derecho a la libre autodeterminación de género?
En diciembre de 2019, bajo una estrategia de litigio, decidimos presentar varios casos de cambio de nombre y de género para el reconocimiento del derecho a la identidad de las personas trans ante los juzgados. Era una iniciativa que buscaba agotar los mecanismos legales en el país para hacer un litigio más a nivel internacional. De los cinco casos que se presentaron en ese momento, tres de ellos avanzaron junto al mío, con la misma jueza. En ese momento, existía un reconocimiento hacia otras personas trans, pero solamente en casos en los que estas personas habían migrado y estaban reconocidas en otro país con un nombre de acuerdo a su identidad de género. Esta figura jurídica en El Salvador se conoce como auto de pariatis, que es la homologación de una sentencia de otro país con la legislación de El Salvador. 

Sin embargo, nuestra demanda se presentó bajo la causal de ser lesivo a la dignidad humana, como contempla la ley del nombre de la persona natural en El Salvador. Y, en ese sentido, expusimos por qué era lesivo el tener una mujer trans un nombre que no era acorde a su identidad de género. Presentamos varios considerandos de la discriminación que se sufre y la violencia que se sufre, por ejemplo al momento de denunciar, o de la violencia que se ejerce sobre una mujer trans en El Salvador. En un primer momento el Juzgado Segundo de Familia de San Salvador dice que no pueden conocer el caso porque en la legislación de El Salvador no existe tal reconocimiento”. Pasaron seis meses de eso, vino la pandemia. Nosotras estábamos alegando jurisprudencia internacional a la que El Salvador ha sido adscrita, y esos tratados también son vinculantes para El Salvador. Interpusimos una apelación ante la Cámara de Familia de San Salvador. Entonces la Cámara nos da la razón, le dice al juzgado que no debe de desconocer el artículo 244 de la Constitución, que habla de la vinculación de los tratados de El Salvador. Y le devuelve. 

El juzgado se tardó tres meses para darme una serie de prevenciones que yo tenía que solventar en el plazo de cinco días hábiles, un sinfín de documentos que la ley no le exige a las personas para poder adecuar su nombre. O sea, en El Salvador sí se puede cambiar el nombre de María a María José o de Juana a Sofía. Pero el trámite no exige como tal, por ejemplo, presentar antecedentes penales, solvencia policiales, solvencia fiscales. El juzgado fue demasiado exhaustivo en toda la documentación que yo tenía que presentar, sobre todo, porque me lo habían dejado en cinco días hábiles de presentar esa documentación. Presento la documentación. Solo una constancia no presenté porque la la institución pública me dijo que no me la daba, pero sí me dio una constancia de haberla solicitado. La juez se agarró de eso y desestimó la demanda por no haber presentado este requerimiento. Vamos nuevamente a la Cámara y la Cámara le dice: “No, usted le está exigiendo a la persona documentos que no puede presentar”. En eso se cumplen dos años de estar en la pandemia, de devolver los procedimientos a la Cámara, de que el Juzgado dé Prevenciones... 

Finalmente, el juzgado me da la notificación de audiencia para el 9 de diciembre de 2022. Fue una audiencia bastante batalladora. La juzgadora me trataba de “él”, cuestionaba a mis testigos que cómo era posible que ellos aseguraran que yo había sufrido violencia, que habían estado presenciando por ejemplo, cómo había sufrido violencia al momento de pagar con mi tarjeta de débito en un supermercado, la burla, las discriminaciones, la negación de poder alquilar una casa, la privación de libertad que sufrí por ser defensora de derechos humanos en 2018… Todo esto la juzgadora lo cuestionaba. 

Aunque soy reconocida como Bianca, mi género no lo quieren reconocer en mi documento de identidad y tuve que interponer un amparo ante el Constitucional, pero lleva alrededor de dos años y medio sin darme una respuesta

Y fue bastante difícil porque hasta cuestionaba la violencia que yo había enfrentado en mi adolescencia como una mujer trans por mi familia. ¿Cómo podía yo llevar a mi mamá a que testificara que si había me había violentado por ser una mujer trans en mi adolescencia? Era como superretador el cuestionamiento de la de la jueza. Fue una audiencia que inició a las 08:30 y llegamos casi a las 14:00 de la tarde, en un procedimiento que se resuelve en máximo una hora. La Procuraduría General de la República no se opuso a nada como parte del Estado, a que se me reconociera mi nombre y mi género. Sin embargo, el procedimiento que ella o la revictimización que hacía en ese momento era bastante fuerte. 

Ya luego obtengo la sentencia, que me da ese día y me dice que me cambia el nombre, más no el género. Entonces hago otro procedimiento solicitando el reconocimiento del género, eso fue rápido. Sin embargo, soy reconocida como Bianca, pero mi género no lo quieren reconocer en mi documento de identidad y tuve que interponer un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Y la Sala lleva alrededor de dos años y medio sin darme una respuesta. Vemos cómo el sistema judicial de El Salvador está detenido y que la justicia para las personas LGTBI, en especial para las personas trans, no es una prioridad para para el sistema judicial de El Salvador. 

En El Salvador algunas entidades habéis promovido una ley de identidad de género… ¿En qué estado se encuentra? 
La Ley de Identidad de Género se presentó a inicio de la legislatura 2019, que cuando toma posesión Nayib Bukele como presidente, y luego en 2022 se vuelve a presentar este anteproyecto de ley porque decide el Congreso liderado por Nuevas Ideas decir que eran leyes obsoletas e inacordes a la realidad. Nosotras buscamos nuevamente las iniciativas de ley para presentarlas al Congreso. Lo conseguimos, pero ahora está totalmente en archivo por la continuidad de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas.

A pesar que se puede acceder bajo esta vía judicial, es demasiado costosa. Contratar un abogado o abogada para que represente a una persona trans oscila entre los 3.000 a 4.000 dólares. ¿Cómo una persona trans que subsiste con menos del salario mínimo, que son 365 dólares en El Salvador, puede costear un procedimiento de cambio de nombre a nivel del aparato judicial? ¿Si el sistema judicial existe ese reconocimiento, ¿por qué la Asamblea no hace ese reconocimiento? 

En 2023 sale la sentencia de la Sala de lo Constitucional por una inconstitucionalidad que presentó Carla Avelar [activista y exdirectora de Comcavis] junto conmigo a través de Comcavis. Y esta resolución le ordena a la Asamblea de Bukele legislar en un plazo no mayor de un año o adecuar la ley vigente en un máximo de un año a la realidad de las personas trans. Pero vemos cómo el Gobierno ha hecho caso omiso. Al final, esto se solucionaría si aprobasen una ley de identidad de género, porque esa ley nosotras buscamos no solo el reconocimiento del nombre o del género en nuestros documentos, sino también un reconocimiento integral: no solo que las demás normativas se armonicen, sino también medidas para acceder a la educación, a un empleo digno, a una vivienda, a la salud… que son derechos bastante vulnerados para las personas trans. 

¿Tenéis alguna ley que sirva como guía en el contexto regional?
Regional no… la ley integral trans que ha sido aprobada en España es uno de los referentes. El de España es un modelo porque es  integral trans que recoge no solo el acceso al cambio de nombre y de género, sino que hablamos de derechos específicos y de medidas contra la violencia que podemos enfrentar. 

Cito textualmente: “Creo que la lucha de los derechos civiles de nuestro tiempo es la comunidad LGTBI y yo quiero estar en el lado correcto de la historia”. Son palabras de Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, en 2014. ¿Qué ha hecho cuando ha llegado al gobierno, primero en 2019 y luego en un segundo mandato en 2024? 
Lastimosamente desde que llegó al gobierno tomó una postura no tan radical y ahí es donde desarticula la Secretaría de Inclusión Social y la Dirección de Diversidad Sexual y las traslada al Ministerio de Cultura, como una Subdirección de la Unidad de Género y de esta institución. Y ahí nosotras nos preocupamos porque el Decreto Ejecutivo número 56, que prohibía toda forma de discriminación en el en el Órgano Ejecutivo, quedaba obsoleto, porque al final quien le da vida a ese decreto era la Dirección de Diversidad sexual como dependencia de asignadas. 

En 2024, Bukele se pronuncia fuertemente en contra de la ideología de género, luego de que aparece en una conferencia conservadora en Estados Unidos; entonces empieza un ataque sistémico desde las instituciones

La traslada, pero no la elimina… 
La decategoriza. La Dirección de Diversidad Sexual pasa de ser una entidad autónoma suscrita a la Presidencia a formar parte de un ministerio. La figura jurídica de la Dirección de Diversidad Sexual y la Secretaría de Inclusión Social desaparecen, que son las que le dan vida al Decreto Ejecutivo. Porque al final, tanto la Secretaría de Inclusión Social como la Dirección podían ir a las instituciones públicas a decir: ¿Qué es lo que usted como Ministerio de Trabajo, como Ministerio de Educación, como Ministerio de Justicia, ha hecho en el avance de la implementación de este decreto Ejecutivo y de las políticas de inclusión y de protección para las personas LGTB? Más no lo puede hacer una unidad de género porque un ministerio no puede tener injerencia sobre otro ministerio. 

De ahí vimos cómo uno a uno fueron cayendo la política integral de protección para las personas LGTB dentro del Ministerio de Justicia, la política de inclusión en materia de derechos laborales para las personas LGTBI, la política de atención en salud para personas LGTB... Fueron una a una desapareciendo porque de parte el Estado se fue borrando todo lo que tenía que ver con género y con diversidad. 

Además en 2024, Bukele se pronuncia fuertemente en contra de la ideología de género, luego de que aparece en una conferencia conservadora en Estados Unidos, con Javier Milei y Donald Trump, y hace declaraciones de que el Estado no debe de promover políticas a través de la educación que aborden la ideología de género. Entonces empieza un ataque sistémico desde las instituciones a decir que la ideología de género no puede estar presente en el Estado. Empiezan a eliminar, por ejemplo, el término de orientación sexual o identidad de género dentro de los formularios de salud, dentro de los formularios de de la Policía Nacional Civil, o sea de la Fiscalía…

¿Crees que la comunidad LGTBI lo percibía como alguien aliado hasta entonces?
Yo estuve reunida con Bukele en el momento que él fue alcalde de San Salvador y tengo muy presente cuando él decía: “Yo quiero ser el primer alcalde en poder oficializar una boda entre personas del mismo sexo, porque me gusta estar del lado correcto de la historia y sobre todo porque hablamos de derechos fundamentales que cualquier persona debe de tener”. Ahora dista mucho de este pronunciamiento que nos hacía, que hacía en entrevistas y en debates cuando él iba como candidato a la presidencia. 

La democracia es una construcción, un constructo social integral del Estado que debe escuchar y propiciar que las personas participen. Democracia no puede reducirse a algo tan básico como es la forma de elección o que las personas voten por x persona o x partido. 

En El Salvador vive un estado de excepción prolongado. ¿Qué supone vivir en un estado de excepción para la comunidad LGTB?
El estado de excepción es la pérdida de las garantías constitucionales, es utilizado para procesar penalmente a las personas sin ningún criterio legal o procedimiento administrativo que debe de seguirse según el Código Penal. Por ejemplo, el Código Penal establece que en máximo 72 horas es la Policía que debe de presentar a una persona que ha sido capturada cometiendo un delito o que está por sospecha de un delito ante un juez; eso no sucede ahora en El Salvador, porque todas las personas son tramitadas bajo el régimen de excepción. 

El régimen de excepción de alguna manera facilitó a las fuerzas de seguridad pública poder detener a los pandilleros, a las maras y a las pandillas. Pero si ahora vivimos en un país seguro, como se proclama El Salvador con cero homicidios, ¿por qué el régimen de excepción?Por qué no adecuar las leyes vigentes, el Código Penal, para que una persona sea procesada en los tiempos que ellos quieran, porque al final tienen el Parlamento a su favor? ¿Por qué no se resuelven los amparo que han puesto las personas que han sido detenidas de manera arbitraria? ¿Por qué no se pone en libertad a las personas que tienen una carta de libertad? Eso es lo que implica el régimen de excepción en El Salvador. 

El informe sobre derechos LGTB en centroamérica consigna un ambiente general de ascenso de discursos de odio. Lo vincula en algún momento a las iglesias evangélicas y a un contexto conservador. ¿Es ese estado de excepción una pieza más en ese ambiente contrario a que una persona LGTB pueda vivir tranquila y sin violencia?
Correcto. Y el informe también habla que los agentes persecutores también son parte del Estado: agentes de seguridad Pública o de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil son los que tienen de alguna manera el mango de la sartén para poder procesar a la persona LGTB. La mayor parte de personas LGTB que han sido capturadas en el marco del régimen de excepción por haber sido asociadas a las pandillas es porque de alguna manera fueron obligadas. 

Estamos de acuerdo en que se meta a las prisiones a las pandillas, a los pandilleros, a los mareros y que purguen penas por los delitos que ellos cometieron. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en que no se vea desde un enfoque diferencial a las víctimas, a quienes fueron parte de las pandillas porque vivíamos en un contexto donde obligaban a las niñas a meterse con los pandilleros, o veíamos como mandaban a jóvenes a cobrar extorsión o cómo ocupaban a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual para diseminar droga o para ir incluso a retirar las propias extorsiones. Era: O vas, o te mato. A ese nivel de sometimiento estábamos en la sociedad salvadoreña. Pero el Estado no lo ve desde esa perspectiva, no se ve a esas niñas, a esos adolescentes, a esas mujeres como víctimas. 

El informe apunta de forme reiterada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como parte de quienes atentan contra los derechos de las personas LGTB. ¿De qué forma las Fuerzas y Cuerpos de seguridad contribuyen a esa violencia?
Esto lo vimos de alguna manera reflejado en el año 2020 con un caso muy emblemático, que es el de Camila Díaz. Camila Díaz era una mujer trans que emigró hacia México y luego hacia Estados Unidos. Fue deportada porque se le negó la protección en Estados Unidos. Semanas después, fue asesinada por agentes de la Policía Nacional Civil. 

¿Qué implica esto? Es el Estado el que está detrás de este asesinato. Y vimos un juez, un sistema judicial, que quita las agravantes que se aprobaron en 2015 de delitos de odio. ¿Por qué más la Policía asesinó a Camila Díaz? No era más que por ser una mujer trans que estaba en una zona de trabajo sexual. Se la llevó desde la zona de trabajo sexual y luego aparece golpeada, arrastrada en un canal aún con vida y lastimosamente fallece en un hospital público debido a todas esas lesiones que le ocasionaron la muerte funcionarios públicos, porque la Policía es más un funcionario público, es quien en teoría te garantiza la seguridad. Condenaron a 20 años de prisión a los policías, pero el juez fue claro en quitar la agravante de delito de odio, que era una condena casi de 50 años para esos agentes policiales. 

La violencia homicida para el colectivo LGTB se da sobre todo a las personas trans, porque somos esta cara visible, esas personas que buscan retar el sistema patriarcal y transicionar hacia nuestra verdadera identidad

Acabas de mencionar a Camila Díaz. Hemos conocido hace poco el caso de Sara Millerey, asesinada cruelmente en Colombia. En informe menciona los feminicidios de Andrea González y de Victoria Hernández en Guatemala y Honduras. ¿Qué tienen en común estos asesinatos y por qué se produce esta violencia contra las mujeres trans?
La violencia homicida para el colectivo LGTB se da sobre todo a las personas trans, porque somos esta cara visible, esas personas que buscan retar el sistema patriarcal y transicionar hacia nuestra verdadera identidad. Y ahí vemos cómo Andrea González, que también era una era una defensora de derechos humanos, fue asesinada. Vemos el de Camila Díaz, vemos el de Victoria Hernández y vemos luego el de Sara. 

Vemos cómo ocurre aún en países donde hay protección, porque en Colombia hay muchas leyes promulgadas para la protección de los derechos de las personas LGBT. Pero en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, no hay ninguna ley que garantice o que proteja. Vemos cómo los homicidios son más fuertes, más mortíferos, más letales, con más saña, para castigar primero el cuerpo de una persona trans y luego por tratar de rebajarse de ser la figura masculina, a ser una figura femenina. Porque en la mayor parte de estos crímenes de odio está la violencia sexual involucrada, está la tortura, está la mutilación de genitales. Es como una variable que te indica el odio que hay hacia las personas trans por atreverse a transicionar en una sociedad que se denomina conservadora. Y luego ves cómo los sistemas judiciales se ponen del lado de esa normativa o de ese fenómeno llamado patriarcado. De verdad no importa la vida de las personas trans en estos contextos. 

En El Salvador hablamos de que la expectativa de vida de una mujer trans es casi que 33 años. En Colombia, con Sara, vemos cómo la gente se toma la tarea hasta de grabar la última agonía de Sara sin hacer nada, cómo sujetos la golpeaban, le quebraban manos, le quebraban piernas. Y, ¿cómo es posible que ante actos de crueldad, de tortura, no hagamos nada por ayudar a otra persona? Estamos viendo cómo las sociedades están retrocediendo. Y no solo lo vemos con las personas trans, lo vemos aquí, por ejemplo en Europa, con la violencia hacia las personas trans o personas LGBT también va en aumento. Vemos cómo en Estados Unidos a la gente le gusta ver a los migrantes sufrir. Ese nivel de crueldad lo estamos viendo ahora en la sociedad, el mundo está retrocediendo. La gente piensa que elegir gobernantes, ultraconservadores, derechistas van a cambiar algo, y al final estamos viendo que a la sociedad le gusta ver padecer a las demás personas. Y es un mensaje bastante desalentador.

En los países donde están avanzando la la estas políticas conservadoras, también se está viendo una reacción que viene muchas veces colectivos LGTB y feministas. ¿Crees que en El Salvador existe ese contrapeso?
El movimiento LGTB y el movimiento feminista está bastante articulado. Estamos poniendo la cuerpa, por ejemplo, para dar respuesta ante las necesidades de nuestros colectivos desde grupos de base, porque vemos cómo el Estado no hace nada. La articulación del movimiento feminista con el movimiento LGBT se ha ido fortaleciendo durante estos últimos años y ha ido haciendo de alguna manera resistencia ante estas políticas que van en detrimento de los derechos de la mujer. 

La lucha de los movimientos sociales tiene que ser esa, la articulación entre sí, porque al final, si decimos que somos defensores y defensoras de derechos humanos, no es solo por un tema en específico, sino por la vida, el medio ambiente, la seguridad, la igualdad, la inclusión, la diversidad. Todos esos factores estamos intrínsecamente relacionados y por esto se llama interseccionalidad.