Asturias
Educación en pie de guerra: crónica de la huelga que ha sacudido el final de curso en Asturias

La recta final del curso 2024/2025 en Asturias ha estado marcada por una de las mayores movilizaciones docentes de las últimas décadas. Miles de profesores y profesoras de todas las etapas no universitarias han protagonizado una huelga indefinida que no solo ha paralizado parte del sistema educativo, sino que ha destapado un malestar latente que venía gestándose desde hace años.

La protesta estalló formalmente a finales de mayo, pero su raíz es mucho más profunda. Al desgaste acumulado por la falta de recursos, la precariedad del profesorado interino, el envejecimiento de las plantillas o el exceso de carga burocrática, se sumó una medida concreta del Gobierno autonómico que funcionó como la chispa que prendió el polvorín: la supresión de la jornada reducida en junio y septiembre.

La respuesta del profesorado no se hizo esperar y, tras un primer ciclo de paros y movilizaciones, los cinco principales sindicatos del sector (CCOO, UGT, SUATEA, CSIF y ANPE) unieron fuerzas en una huelga indefinida que ha generado una auténtica crisis institucional, con la dimisión de la consejera de Educación Lydia Espina y la implicación directa del presidente Adrián Barbón en el intento de desescalar el conflicto.

El detonante: jornada reducida y comedor

En abril de 2025, la Consejería de Educación anunció la supresión de la jornada reducida en junio y septiembre para el alumnado de Infantil y Primaria, con el objetivo de extender el servicio de comedor escolar durante esos meses. Aunque la medida respondía a una demanda de muchas familias trabajadoras, su aplicación inmediata y sin recursos adicionales provocó una fuerte reacción en el profesorado.

Tradicionalmente, en esos meses las clases terminaban a las 13h, permitiendo a los docentes afrontar tareas burocráticas acumuladas. La propuesta gubernamental implicaba que el profesorado asumiera una hora más de atención diaria sin refuerzo de personal ni compensación, lo que fue interpretado como una sobrecarga laboral encubierta. Para el sindicato SUATEA, se trataba de una “imposición unilateral” que desvirtuaba una medida social legítima, mientras CCOO denunció que la Consejería pretendía “ahorrarse contratar personal” y trasladar el trabajo extra al profesorado “como horas no retribuidas”.

La supresión de la jornada reducida no fue el único foco de tensión. Los sindicatos ya venían reclamando desde el curso anterior una batería de mejoras

El intento de solventar la situación proponiendo actividades no lectivas en el patio o equipos administrativos de apoyo fue visto como una solución improvisada, especialmente en etapas como Infantil, donde un solo adulto no puede gestionar grandes grupos en exteriores.

Pero la supresión de la jornada reducida no fue el único foco de tensión. Los sindicatos ya venían reclamando desde el curso anterior una batería de mejoras: equiparación salarial con otras comunidades, más recursos para atender al alumnado con necesidades específicas, desburocratización del trabajo docente, estabilidad para el personal interino y reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años.

La eliminación de la jornada reducida actuó, así, como catalizador de un malestar más profundo y extendido, que acabaría estallando en una de las huelgas más relevantes de la historia reciente del sistema educativo asturiano.

Las primeras movilizaciones y la ruptura

La respuesta del profesorado fue casi inmediata. En un ambiente de creciente tensión en los centros educativos, los sindicatos comenzaron a convocar paros parciales, concentraciones y movilizaciones simbólicas. Sin embargo, cada organización lo hizo por su cuenta, lo que reflejaba una estrategia todavía fragmentada.

CSIF abrió la vía de la huelga indefinida desde el 27 de mayo. CCOO, UGT y SUATEA, que representan alrededor del 60% de los docentes, impulsaron dos jornadas de paro (27 de mayo y 5 de junio) y ANPE optó por huelgas de una hora diaria entre el 9 y el 13 de junio, centradas en el cuerpo de maestros. También la CNT-AIT, sin representación en las mesas, expresó su apoyo.

El Gobierno hablaba de un seguimiento de la huelga del 30 %, pero las organizaciones lo situaban por encima del 90 % en Infantil y del 77 % en Secundaria

Pese a esa diversidad, pronto se impuso la necesidad de unificar fuerzas. El intento de la Consejería de Educación de reunirse por separado con los sindicatos el 26 de mayo fracasó: SUATEA, CCOO y UGT acudieron conjuntamente, y la reunión terminó con un rechazo rotundo a las propuestas del Gobierno.

El 28 de mayo, los sindicatos organizaron en Gijón la acción simbólica “Lydia Crucis” —en referencia a la consejera Lydia Espina—, un recorrido por once centros escolares que escenificaba el “calvario docente” con humor y rabia contenida. Ese mismo día, el presidente asturiano Adrián Barbón anunció la retirada de la medida sobre la jornada reducida. Pero el gesto no frenó la huelga: las demandas estructurales seguían sin respuesta.

Escalada del conflicto

El lunes 3 de junio, Lydia Espina presentó su dimisión irrevocable como consejera de Educación, alegando un desgaste personal derivado de ataques que, en sus palabras, “traspasaron los límites de lo racional y lo político, llegando a lo personal”.

La decisión llegó tras una histórica manifestación en Oviedo/Uviéu, que reunió a decenas de miles de personas —30.000 según los sindicatos, 19.000 según Delegación del Gobierno— y consolidó la huelga indefinida con el respaldo unánime de los cinco principales sindicatos.

Tras su salida, la interlocución quedó en manos de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Mientras tanto, se sucedían encierros sindicales en la sede de Hacienda y movilizaciones en varios centros educativos.

Los sindicatos denunciaron que los servicios mínimos establecidos desactivaban de facto la huelga, especialmente en Infantil y Primaria. El Gobierno hablaba de un seguimiento del 30 %, pero las organizaciones lo situaban por encima del 90 % en Infantil y del 77 % en Secundaria.

Avances, bloqueos y fractura final

El 5 de junio tuvo lugar una reunión de más de siete horas entre el comité de huelga y el Gobierno del Principado. Hubo avances significativos en cuestiones pedagógicas: refuerzo en atención a la diversidad, impulso a la especialidad de llingua asturiana, personal administrativo adicional para desburocratizar y compromiso con la reducción progresiva de ratios.

También se abordaron mejoras en Formación Profesional y la creación de nuevos departamentos en Secundaria. Pero el punto clave quedó sin resolver: los salarios.

El viernes 6 de junio, más de 50 direcciones escolares, principalmente de Primaria, presentaron su dimisión como acto de protesta

El Principado propuso una subida de 105 euros brutos mensuales, con un complemento de 65 euros para quienes no alcanzaran los seis años de antigüedad. La oferta fue calificada de insuficiente. Los sindicatos pedían equipararse con comunidades como Cantabria, donde los incrementos previstos superaban los 200 euros. La brecha, en algunos casos, podía alcanzar los 450 euros mensuales.

“En materia pedagógica hemos avanzado, pero no podemos aceptar una subida tan baja tras tantos días de huelga”, resumió Borja Llorente (CCOO). El Gobierno consideró su propuesta razonable y en línea con la media nacional, pero los sindicatos dieron por rota la negociación.

La tensión no hizo más que aumentar tras la ruptura. El viernes 6 de junio, más de 50 direcciones escolares —principalmente de Primaria— presentaron su dimisión como acto de protesta, en cumplimiento de la amenaza lanzada el día anterior en una carta firmada por 130 centros. La huelga indefinida continúa, y los sindicatos han anunciado una nueva movilización el domingo en 8 de junio en Oviedo/Uviéu, así como una radicalización de las protestas a partir del lunes, que podría incluir cortes de carretera, barricadas y encierros en centros educativos.

Un colegio público cualquiera

María González Reyes

La vida y ya

La vida y ya Un colegio público cualquiera

María González Reyes

Mi colegio no era especial, no era muy diferente a otros. El patio al que salíamos corriendo cuando sonaba el timbre que precedía al recreo era de cemento y había un único árbol, un olivo, que tenía un tronco fácil de trepar.

La concertada entra en escena

Mientras la enseñanza pública asturiana vivía su mayor conflicto en décadas, otro actor irrumpía en el debate: la educación concertada. Lo hacía no dirigiéndose a su patronal, sino lanzando sus demandas directamente al Gobierno del Principado.

El jueves 6 de junio, cientos de docentes de centros concertados —en su mayoría religiosos— se concentraron frente al Teatro Campoamor para denunciar lo que consideraban una “discriminación” respecto al profesorado de la pública. Reclamaron equiparación salarial, mejoras organizativas y mayor financiación. Fue la primera de tres movilizaciones convocadas por los sindicatos OTECAS, USO y FSIE bajo el lema “los tres jueves de la concertada”, que culminarán el 19 de junio con una manifestación general.

Lo que estalló en Asturias no fue solo una reacción a una medida puntual, sino el resultado de años de sobrecarga, recortes no revertidos y promesas sin respaldo presupuestario

Aunque la protesta se presentó como una reivindicación de igualdad laboral, desde sectores del profesorado público se interpretó como un intento de presionar por más recursos en pleno conflicto con la red pública. Llamó la atención que en la concentración participaran dirigentes del PP y de Vox, que días antes también habían respaldado la gran manifestación en defensa de la educación pública. Su apoyo a ambas movilizaciones reavivó el debate sobre el reparto de fondos entre redes educativas.

La irrupción de la concertada puso sobre la mesa una cuestión de fondo: ¿puede ampliarse la oferta de servicios educativos —como el comedor en junio y septiembre o la gratuidad del 0-3— sin reforzar la financiación de la pública ni revisar los conciertos educativos? Desde la red pública, la respuesta es clara: no. Y si no hay un refuerzo estructural de sus recursos, el conflicto seguirá latente.

Les Escuelines se suman a la protesta

Mientras el conflicto docente se intensifica, también se incorporan a la protesta las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, conocidas como Les Escuelines. Han convocado una jornada de huelga para el miércoles 11 de junio, con concentraciones en la Consejería de Educación a las 12:00 y 18:00 horas, bajo el lema “Por la dignidad del ciclo 0-3. Integración SÍ, pero NO así”.

Denuncian la falta de concreción y garantías en el proceso de integración de estas escuelas municipales en la red autonómica: ratios elevadas, condiciones laborales precarias y ausencia de acuerdos sobre retribuciones o estabilidad del personal. El colectivo, compuesto por unas 600 trabajadoras, exige que no se precipite la incorporación prevista para septiembre si no se negocian mejoras reales.

Claves políticas y sociales

Más allá de las reivindicaciones concretas, la huelga docente de 2025 ha revelado la fragilidad de un modelo educativo tensionado por políticas sociales aplicadas sin inversión estructural suficiente. Lo que estalló en Asturias no fue solo una reacción a una medida puntual, sino el resultado de años de sobrecarga, recortes no revertidos y promesas sin respaldo presupuestario.

Asturias invierte hoy, descontando la inflación, menos en educación pública que en 2009. Aunque el Gobierno ha promovido políticas como la gratuidad del 0-3 o la ampliación del comedor escolar, muchas de estas medidas se han aplicado sin reforzar plantillas, condiciones ni revisar los conciertos educativos.

El conflicto se desbordó por múltiples grietas acumuladas y en que en un momento determinado ha explotado: ratios elevadas, burocracia, atención a la diversidad insuficiente y una desvalorización progresiva de la profesión docente.

Más que una subida salarial, el profesorado exige medios, reconocimiento y coherencia entre el discurso político y la realidad de las aulas.

La carta firmada por más de 130 direcciones escolares —y las más de 50 dimisiones presentadas este viernes— confirmaron que esto no era solo una protesta sectorial, sino una crisis institucional.

El Gobierno ha oscilado entre gestos de diálogo y una rigidez presupuestaria que limita los avances. El propio Adrián Barbón ha reconocido la dificultad del momento, sin alterar el marco económico que impide resolverlo.

Mientras tanto, crece el debate sobre la financiación de lo público. La reciente reforma fiscal regresiva del Ejecutivo asturiano, orientada a competir con la derecha en el terreno de las rebajas impositivas, ha agudizado las tensiones entre discurso social y práctica presupuestaria.

Punto y seguido

La huelga docente asturiana no ha terminado. Pero incluso si acabara mañana, ya ha dejado huella: no solo ha desnudado la precariedad del sistema educativo, sino que ha puesto en pie una rebelión profesional y social sin precedentes en la región.

Durante días, las calles de Asturias se han llenado de profesorado, familias, estudiantes, equipos directivos y trabajadoras de las escuelas infantiles. Todos ellos defienden algo más que un salario para los docentes: defienden una idea de escuela, de dignidad laboral y de Estado del Bienestar.

La respuesta del Gobierno socialista, a medio camino entre los gestos conciliadores y los bloqueos fiscales, ha mostrado los límites del reformismo sin medios. Lo social, cuando no se financia, se percibe como carga. Y cuando se impone desde arriba, el conflicto es inevitable.

De momento, lo único claro es que la huelga sigue. Y la escuela pública, también.