Pacientes de salud mental piden prohibir la práctica de atar personas a las camas

Atar pacientes en unidades psiquiatría es una práctica legal en España, pese a que cada vez más profesionales advierten de sus peligros y muchos países del entorno cuentan con normativa que limita su aplicación. La muerte de dos personas en 2017, en Oviedo y A Coruña, mientras permanecían atadas con correas reabrió un debate con el que el colectivo Locomún espera impulsar un giro en el discurso hegemónico sobre la salud mental.

“Nos gustaría poder abrir un debate social sobre las contenciones sin necesidad de que haya un caso de este tipo”, explica Fernando Alonso, integrante del colectivo Locomún, un grupo activistas en el ámbito de la salud mental que esta semana se ha sumado al trabajo de otras organizaciones para acabar con las correas en psiquiatría con la campaña #0contenciones.

Con “un caso de este tipo”, Alonso se refiere al caso del italiano Francesco Mastrogiovanni, que falleció a los 58 años tras pasar varios días sujeto con correas a una cama del centro psiquiátrico del Hospital Vallo della Lucania, en la provincia de Salerno (Italia). El 31 de julio, Mastrogiovanni ingresó de forma involuntaria. Luego fue sedado mediante psicofármacos y atado con contenciones mecánicas hasta que murió tras una larga agonía el 4 de agosto. Su caso, recogido en el documental 87 horas, abrió el debate y desde 2015 la campaña E tu slegalo subito pide la abolición total de esta práctica en Italia.

Aunque Locomún ha lanzado esta semana su campaña, el trabajo viene de más lejos. Alonso marca el año 2007 como un punto de inflexión. Ese año, explica, España se suma a la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Poco después, en 2008 el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura (CPT) constata y denuncia el excesivo uso de medios coercitivos con personas con padecimientos mentales hospitalizadas en instituciones psiquiátricas y plantea como meta la meta realista la reducción, a largo plazo, del uso de la contención y su abolición a partir de un cambio cultural total dentro de los dispositivos de salud mental.

También Naciones Unidas ha señalado en varias ocasiones que inmovilizar a personas “con discapacidad psicosocial”, incluso durante un breve período de tiempo, puede constituir tortura y malos tratos. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, afirma que estas prácticas nunca están justificadas, ni siquiera en circunstancias extremas y en la actualidad tiene en fase de revisión varios documentos sobre derechos humanos que abordan las contenciones y la restricción de movimientos.

“Me tuvieron aislada y contenida; durante cinco días no pude ver a mis familiares ni a mis allegados”, dice una activista de En Primera Persona

Amaya Villalonga puede hablar en primera persona de lo que significa estar atada a una cama en una unidad psiquiátrica. “Me tuvieron aislada y contenida; durante cinco días no pude ver a mis familiares ni a mis allegados”, cuenta a El Salto. En ese tiempo, “no recuerdo exactamente cuánto estuve contenida, porque a la vez que me ataron que inyectaron un ‘cóctel’, que lo llaman, que es la contención química, y te quedas cao. Fueron muchas horas en las que además yo estaba en un episodio de psicosis y tenía la percepción alterada”.

Villalonga sí recuerda cómo la llevaron a un sótano: “Me dejaron atada y encerrada sola; recuerdo sentirme muy asustada. Nadie me explicó por qué estaba allí ni intentó hablar conmigo. Porque esa es una cosa que pasa, que no te tratan como persona y no se comunican contigo, nadie se acercó a explicarme dónde estaba”. Los efectos, explica, son devastadores. “Yo dije: o me someto o no salgo de aquí; por supervivencia tragas con lo que sea”. “No he sentido tanto terror e impotencia en toda mi vida; me ha costado más curar esa herida que el recuperarme de tener experiencias psicóticas”, dice Villalonga, que es integrante de la Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental En Primera Persona.

En un ingreso voluntario, apunta la activista, una persona puede estar hasta 24 horas hasta que el facultativo notifique al juez y otras 72 hasta que el juez venga a ratificar. En total explica, “puedes estar cuatro días en un vacío legal sin asistencia de abogado; si haces una medida privativa de libertad tienes garantías judiciales, pero en un ingreso involuntario no tienes ni eso·”

La opacidad es una de las quejas de estos colectivos. “Una de nuestras peticiones es que haya transparencia sobre estas prácticas, porque creemos que si cada unidad de psiquiatría tuviera que rendir cuentas sobre cuántos pacientes contiene y durante cuánto tiempo, las contenciones se reducirían drásticamente”, dice Fernando Alonso.

EN PRIMERA PERSONA

La muerte el 24 de abril de 2017 de Andreas F. G. mientras estaba ingresada en el área de Psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias, donde permanecía inmovilizada por orden judicial, movió algo. “A raíz de este caso empezamos profundizar en esto y a pedir que se eliminen las contenciones”, explica Tomás Corominas, miembro de la Asociación Hierbabuena, que agrupa a personas con diversidad mental y experiencias de sufrimiento psicosocial.

Tras conocer el caso, esta asociación empezó a organizar concentraciones mensuales en La Escandalera, en Oviedo. Tras la tercera concentración, que salió en la tele, la consejería de Sanidad respondió a la petición de reunión y, en un encuentro, miembros de la Asociación Hierbabuena solicitaron información sobre el uso de contenciones mecánicas y un protocolo unificado para la comunidad.

Tras la muerte de una paciente mientras estaba inmovilizada, el Gobierno asturiano ha presentado un protocolo sobre contenciones que ha ignorado las demandas de la Asociación Hierbabuena, que agrupa a personas con diversidad mental

Como resultado, explica Corominas, el Gobierno asturiano les ha presentado un protocolo que, advierte, se ha hecho sin su participación y no recoge las demandas del colectivo. La petición de información ha derivado en contestaciones vagas en las que se dan cifras que oscilan entre un 10 y un 19% de personas ingresadas en unidades de psiquiatría que han pasado por una contención con correas.

Corominas aclara que llevan siete años esperando a que las instituciones se den por aludidas después de que, en 2011, el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad del artículo de la ley de enjuiciamiento civil que permite el ingreso involuntario por un trastorno psíquico. “Si te ingresan involuntariamente es una detención, y tienes que tener unas garantías porque están vulnerando tu derecho a la libertad, que es un derecho fundamental, pero el ingreso involuntario no tiene ninguna garantía”, indica. “Si ya eres vulnerable porque estás en una situación de sufrimiento extremo, con el ingreso te ponen en una situación de absoluto abandono”. “El protocolo que nos han presentado no está hecho pensando en respetar derechos sino en la operatividad de la unidad, que en el fondo es una unidad carcelaria, porque nuestras habitaciones están cerradas con llaves”, se lamenta. 

En Catalunya, las instituciones parecen haber sido algo más sensibles. La petición de acabar con las contenciones ha llegado al debate oficialmente a través de la Federación Veus, que en mayo de 2017 presentó su proyecto a la Comisión de Salud del Parlament de Catalunya para que se legisle la reducción y la eliminación antes del 2025 de la contención mecánica.

Fran Eiroá, vicepresidente de esta organización que conforman en su mayoría personas que han pasado por diagnósticos de salud mental, explica las líneas de lo que podría ser una alternativa, que se sostiene sobre varios pilares: formación, adaptaciones arquitectónicas y voluntad política. “Las contenciones no son necesarias y el hecho de que se permitan deriva en que se conviertan en algo usual”, explica. “Es una situación muy traumática y humillante que se da en un contexto que debería ser de recuperación”, advierte. 

Sobre la formación, Eiroá advierte de que “los países que han reducido o eliminado las contenciones mecánicas no permiten que haya personal que no esté formado para evitar que haya contenciones, cuando ahora amismo casi todo el mundo ha sido formado en cómo hacerlas”. Pero esto no se puede hacer sin que haya voluntad política y “voluntad de sancionar estas prácticas”. 

Otra cosa que está impulsando esta federación y que ya existe el mundo anglosajón es un afigura profesional de personas con experiencia propia en salud mental y que acompañan a personas en dispositivos de salud mental. Porque cuando hay una persona que lo ha sufrido en carne propia, se abren posibilidades, dice Eiro.

Como referencia, este activista, que es además profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Barcelona, explica que un país que suele tomarse como referencia en salud mental es Gran Bretaña, “como experiencia de implantación estatal, aunque no es la mejor”. Un referente para estas asociaciones la experiencia de Thomas Emmenegger, psiquiatra y presidente del proyecto Olinda, en Milán, que implantó en su hospital otras formas de trabajar en una experiencia más participativo.

El cantón suizo de Ticino, donde el incremento de las ratios de profesionales y la reestructuración de los  equipos de salud mental existentes logró eliminar por completo entre 2010 y 2015 las contenciones mecánicas es otra muestra de que se puede, si se quiere.

“Las contenciones son violencia en su estado más puro, y a nivel científicos no hay evidencias de que esto sea terapéutico”, dice Eiroà.

CAMBIO DE PARADIGMA

El debate ha ido calando y se ha traducido en iniciativas parlamentarias que apuntan a que esta práctica que algunos pacientes describen como una tortura tenderá a ser regulada. Un documento firmado por la Asociación Españoa de Neuropsiquiatría, junto con Federación en primera persona, Veus y y la Confederación de Salud Mental en España en 2016 puede suponer el comienzo de un proceso encaminado a terminar con las medidas coercitivas en nuestro campo.

Este manifiesto que recoge las inquietudes de las personas diagnosticadas y la voluntad de los profesionales de la salud mental recoge que la concepción actual de la psiquiatría “ha dificultado el desarrollo de la atención comunitaria y ha favorecido el uso de medidas de control y coerción en lugar de medidas terapéuticas”. El documento incluye el compromiso de trabajar para la eliminación de medidas coercitivas y para la erradicación de las deficiencias que las hacen posibles.

Entre las propuestas, están el establecer sistemas de registro del uso de sujeciones o contenciones, rediseñar los espacios de hospitalización orientándolos hacia la acogida, establecer unidades pequeñas con ambiente terapéutico y tranquilizador o formar a los y las profesionales en prácticas de relación terapéutica centradas en la persona. Se incluye también en las propuestas la creación de cauces reales de participación de usuarios y usuarias. 

Se trata, en definitiva, de cambiar el discurso hegemónico sobre la salud mental para que el bienestar de las personas esté en el centro. Porque “no nos vale que nos digan que faltan recursos y que no hay personal, eso no es un motivo para vulnerar derechos”, dice Fernando Alonso.

Amaya Villalonga explica que, tras pasar por la experiencia de haber sido atada y permanecer aislada, buscó alternativas a las que recurrir en caso de tener que enfrentar otra experiencia de psicosis. “Cuando años después tuve otra experiencia psicótica, me atendió un grupo de amigos y familiares, con la premisa de que lo prioritario era evitar otro ingreso. Mi gente dejó todo un mes para estar conmigo y atenderme, y yo salí de esa experiencia con el sentimiento de haber sido respetada”, explica. Las contenciones, dice Villalonga, son la punta del iceberg, el ejemplo más espectacular, de un problema cuyo fondo es cómo se concibe la salud mental. Pero hay experiencias que demuestran que otra salud mental es posible, asegura.