Transporte de pasajeros por carretera: de un conflicto laboral a una solución política y social

Los responsables de las empresas Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA) y UNIONBUS EXTREMADURA llevan meses sin atender las responsabilidades económicas para con sus trabajadores, que arrastran una situación insostenible en muchos casos, culpando de la situación a la falta de liquidez empresarial producida por la no entrega de los recursos económicos públicos comprometidos con la Junta de Extremadura como contraprestación.

LEDA

Las trabajadoras de la empresa Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA) llevan años en conflicto laboral contra su patronal, así como, de manera indirecta, con la administración autonómica, por el pago de sus salarios. Allá por el año 2012, el comité de empresa amenazaba con recurrir a la huelga indefinida en fechas significativas debido al impago de cinco nóminas a la treintena de trabajadores que en esos momento conformaban el conjunto de la plantilla, una deuda que se cifraba en aquel entonces en 420.000€.

la respuesta ofrecida a la plantilla por parte de los empresarios del sector es la misma: achacar su falta de liquidez empresarial para el abono de las nóminas a la no entrega a sus sociedades de los recursos económicos públicos prometidos con la Junta de Extremadura

Situación similar es la que aconteció en el pasado mes de febrero, cuando nuevamente el comité de empresa amenazaba con iniciar los trámites de una huelga indefinida, ante la falta de los abonos de los salarios correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril; y ante los retrasos en el pago de los anteriores meses de diciembre y enero. Escenario este que afecta, en la actualidad, a los setenta trabajadores de la compañía.

UNIONBUS

En circunstancias similares se encuentra la plantilla de otra empresa privada dedicada al sector del transporte de viajeros en la región, UNIONBUS EXTREMADURA, que ante el impago de la totalidad de nóminas del año en curso, denunciaba públicamente que se adeudan a cada empleado una media de seis mil euros y que, ante esta situación de incertidumbre, la plantilla está padeciendo graves trastornos de salud, que podrían conllevar no solo un riesgo a los propios conductores, sino también a los usuarios del servicio.

En ambos casos, la respuesta ofrecida a la plantilla por parte de los empresarios del sector es la misma: achacar su falta de liquidez empresarial para el abono de las nóminas a la no entrega a sus sociedades de los recursos económicos públicos prometidos con la Junta de Extremadura como contraprestación.

LA SOLUCIÓN SOLO PUEDE SER PÚBLICA Y SOCIAL

Ante esta situación, y siendo conocedores de que Extremadura es la Comunidad Autónoma con las dos provincias más extensas del estado español, la administración regional debe optar por tomar una serie de medidas que no solo solventen el conflicto laboral latente en la región en la actualidad, sino que se plantee una solución estructural ante el déficit que supone la gestión privada del transporte por carretera en el territorio.

la única opción viable [...] es optar por la creación de un transporte público y social de viajeros por carretera que [...] garantice a los usuarios la vertebración de toda la región y sean respetados todos y cada uno de los derechos laborales

Una sociedad avanzada como la extremeña no debería permitirse que empresas privadas utilicen como punta de lanza los derechos de sus trabajadores y trabajadoras para ver colmadas sus expectativas económicas, recurriendo para ello como método de presión a las necesidades más básicas de los obreros. Mientras tanto, siguen gozando de importantes beneficios empresariales, más si cabe, siendo notorio que dichos recursos públicos, aportados por todos los extremeños, no repercuten ni en la mejora de la calidad del servicio ni supone cumplir con los derechos laborales de las plantillas de trabajadores.

Entendiendo que la única opción viable para solucionar el conflicto laboral y que no se perpetúe en el tiempo es optar por la creación de un transporte público y social de viajeros por carretera que, sin disminuir la calidad del servicio ofertado, garantice a los usuarios la vertebración de toda la región y sean respetados todos y cada uno de los derechos laborales de los trabajadores.