La judicialización de la política y el caso catalán

El proceso catalán y su relación con la política del Estado español cuenta sin duda con muchas aristas y está dejando en evidencia muchas cosas. Una de ellas es el creciente protagonismo que adquiere el uso del sistema legal como forma de ocultar las discusiones y los contenidos políticos. Me refiero aquí a la forma en que desde el Estado se ha utilizado, en este caso como en otros, las principales leyes para evitar afrontar de manera política un problema real, como es la existencia de diferentes modelos de estado y diferentes sensibilidades nacionales, que son de partida incompatibles entre sí. También la manera en que los medios de comunicación, los principales aparatos ideológicos en la coyuntura política, están utilizando constantemente el discurso en torno a la legalidad para atacar el proceso. De este uso manipulador de la legalidad no se libran, por supuesto, los que la utilizan para evitar posicionarse políticamente, ni los que la usan como arma arrojadiza contra sus enemigos políticos desde el lado catalán de la trinchera.

El problema que planteamos aquí es el de la judicialización de la política como una de las formas anti-políticas preferidas en la política reciente del Estado. Entendiendo que el contenido sustancial de la política es la capacidad de decidir la forma en que organizamos nuestra socialidad a todos los niveles, podría existir una cierta colonización de los contenidos políticos por parte de los aspectos legales, cumpliendo una función claramente ideológica. Esta anti-política busca opacar esta capacidad, erosionar nuestra capacidad de pensar la transformación de la sociedad o encubrir en muchos casos nuestra incapacidad de hacerlo. Nuestra incapacidad política como sujeto político (sea cual sea ese sujeto en cada caso). El hecho de que gran parte de la política, concretamente de los argumentos progresistas en los últimos años, haya venido ligada a la denuncia de la corrupción es una muestra desgraciada de esto. Ante la dificultad de plantear otro tipo de contenidos, la focalización en la corrupción sirve como un placebo de una política trasformadora. Si se utiliza la corrupción o el cumplimiento o incumplimiento de la legalidad como núcleo del debate político no se habla del modelo económico, sus contradicciones y limitaciones y la necesidad de plantear transformaciones en este sentido, como tampoco se habla del modelo de estado, del derecho de autodeterminación o de las limitaciones de la democracia representativa. Reducir la crisis a un problema de corrupción o reducir la disputa por la ordenación del estado y su significado nacional a un problema de cumplimiento de un determinado orden constitucional permite no hablar de lo que está detrás de ese orden y de sus posibilidades de transformación.

El carácter ideológico, en un sentido manipulador de este término, de tales acciones viene dado precisamente por su apariencia no ideológica, por la apariencia técnica y apolítica de los mecanismos del sistema legal. Sin embargo, el uso oportunista, arbitrario y contradictorio de los argumentos no deja de emerger constantemente, en políticos, gobiernos y aparatos que defienden una cosa y la contraria con los mismos argumentos. El enroque en el orden constitucional tiene poca consistencia frente a la modificación que se realizó del mismo, en plena crisis económica, por mandato alemán, para limitar el techo del gasto público, sin ningún tipo de consulta o atención de cara a la opinión del presunto pueblo soberano. De igual forma, el respaldo incondicional de los partidos conservadores españoles, y por supuesto del gobierno que controlan, al referéndum “ilegal” de Venezuela, choca con la oposición terca a cualquier tipo de consulta al pueblo catalán, a pesar de que es evidente su voluntad de autodeterminación. La política va más allá de un marco legal y, de hecho, los argumentos legalistas que proliferan en la actualidad ocultan que lo político implica a menudo trascender un marco legal establecido. Podríamos decir que, para bien o para mal, un acto verdaderamente político implica siempre en cierta manera una ruptura del orden legal.