6,8 millones de personas sufren pobreza energética en España
Con motivo de la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, organizaciones como la PxNME, la PAH y EeA reclaman el derecho fundamental y humano a la energía. La última reforma del bono social de electricidad, que entró en vigor el 1 de enero, rebaja sus potenciales beneficiarios de 2,3 a 1,1 millones de personas.
El derecho a la energía como un derecho humano y fundamental. Es lo que exigen las organizaciones que luchan contra la pobreza energética, una problemática que afecta a 1.100 millones de personas en el mundo, entre 50 y 125 millones en Europa, según la fuente consultada, y 6,8 millones en España, según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), con datos referidos a 2016. Estas cifras suponen que el 15% de la población española no ha podido calentar adecuadamente su vivienda o ha tenido problemas para pagar el recibo de la luz.
Con motivo de la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PxNME) ha convocado su ya tradicional protesta anual, apoyada por colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Ecologistas en Acción. Será a las 19h de este miércoles 20 en la Puerta del Sol de Madrid. “Volveremos a salir a las calles arropados con mantas y alumbrándonos con velas como símbolo de la situación de millones de personas en nuestro país que pasan frío en sus hogares porque no pueden pagar la factura de electricidad y gas”, señalan desde el colectivo, que remarca que en los últimos años el problema se ha agravado “por la reducción de los ingresos de las familias y los sucesivos incrementos en los precios de la energía”.
La PxNME y la PAH participaron ayer en la presentación del informe De la Vulnerabilidad Energética al derecho a la energía , redactado por Cecilia Sánchez, del área de Energía de Ecologistas en Acción (EeA). El documento, que responde a la propuesta de los expertos del anterior Ministerio de Energía presidido por Álvaro Nadal, evalúa desde la óptica del derecho los distintos instrumentos legislativos nacionales e internacionales sobre la pobreza energética, “Unas medidas insuficientes que aún no parecen capaces de garantizar la plena efectividad de un derecho a la energía”, señalan desde la federación ecologista.
Bono social desastre
“La única medida que hay por parte de la Administración pública para paliar la pobreza energética es el desastre del bono social de electricidad”, indica Soledad Montero, de la PxNME. Se trata de un sistema que “no aborda la situación de manera real y no se ajusta a la realidad de la población, con un descuento fijo que no es solución adecuada”, señala la activista. “Debería existir un descuento proporcional a la renta y a tus condiciones familiares”.
El bono social es un descuento en todos los términos (fijo y variable) del precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC) en la factura eléctrica que, como remarca Montero, “solo afecta al 74% de la factura”. Supone rebajas de un 25% para “consumidores vulnerables”, de un 40% para “consumidores vulnerables severos” y de un 100% para consumidores “en riesgo de exclusión social”, atendidos por los servicios sociales y que estos acrediten el pago asumidos en el plazo de cinco meses desde la emisión de la factura.
El pasado 1 de enero entró en vigor una reforma del sistema de bono social. Sin embargo, con la modificación de la normativa se ha pasado de 2,3 millones de posibles beneficiarios en 2017 a 1,1, según denuncian desde la PxNME. “Esto sin contar los grupos que están en pobreza invisible, como inmigrantes sin papeles, ocupas que no tienen empadronamiento o personas que no tienen capacidad para hacer esos trámites burocráticos”, expone Montero.
Además, como remarca la activista, “el nuevo bono social está asociado a un nuevo concepto, el bono térmico, una ayuda financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”. Sin embargo, tras el fracaso de Pedro Sánchez para sacar adelante los PGE, la partida presupuestaria queda en el aire. “Primer fracaso de este nuevo bono social”, añade Montero.
Desde la PxNME exigen además una Ley de medidas de protección integral contra la pobreza energética, “que no solo garantice un consumo energético mínimo para todos los hogares, sino que también aborde las causas profundas del problema”, y que “deberá recoger una reforma del sistema energético que garantice precios justos y equilibrados, así como un plan de rehabilitación energética de viviendas y edificios enfocado a reducir su demanda”.
La reforma del sistema eléctrico anunciada por la ministra Teresa Ribera en noviembre, cuando la escalada de los precios de la luz rozaron máximos históricos, queda también en el aire. Sí esperan desde la PxNME que entre los meses de marzo y abril el Gobierno saque adelante la ley contra la pobreza energética, en el marco de la elaboración de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, lanzada a consulta pública previa el 19 de diciembre.
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Todo es demagogia , referente a las eléctricas , aún señor le dan 13 millones €de finiquito y más de la mitad de la población no puede encender la calefacción . La energía es un bien común, el estado tiene que hacerse cargo y a los Ladrones meterlos a la carcel
¿No sería preferible ajustar el consumo a lo que uno pueda permitirse económicamente? Es lo que se ha hecho toda la vida, sin mayores traumas.
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