Pensiones
Las plataformas de pensionistas muestran su rechazo frontal al recorte de prestaciones de la reforma de Escrivá

La imagen de la firma del acuerdo de pensiones entre el Gobierno, los grandes sindicatos y la patronal el pasado 1 de julio ha dado pie a diversas interpretaciones. Para el presidente Pedro Sánchez, representa un “paso crucial”, “transcendental”. Para el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, una estampa histórica que da “la respuesta a la necesidad de un nuevo contrato intergeneracional en España”, un acuerdo que “garantiza el poder adquisitivo” de los pensionistas y recupera la tradición de “conducir el sistema público de pensiones por la vía de los consensos sociales y políticos”. Una tradición que se había roto en 2011, precisamente con la firma del acuerdo firmado por José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales que alargaba progresivamente la edad de jubilación de 65 a 67 años, y que este pacto ha dejado intacto.

No parece que sea el mismo acuerdo del que habla el amplio movimiento estatal de pensionistas, que se ha volcado a las calles desde hace años para luchar por las pensiones dignas, aunque admiten que el pacto supone la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, un avance que achacan a “la movilización del movimiento pensionista”. Dos de sus principales reclamos se han visto cubiertos por el reciente acuerdo: una nueva forma de calcular la revalorización de las pensiones que entierra el famoso 0,25% de la era Rajoy y permite que crezcan con el IPC; y el compromiso de derogar este año el Factor de Sostenibilidad, el cálculo introducido por el PP que permitía recortar las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida. “Se trata de dos reivindicaciones fundamentales que ha reclamado el movimiento de pensionistas durante más de tres años, y nos congratulamos de que por fin se nos haya hecho caso. Ha merecido la pena nuestro esfuerzo”, dicen en un comunicado conjunto lanzado este 5 de julio entre diversas plataformas de pensionistas de toda España.

No es extraño que el acuerdo sepa a poco a las plataformas de pensionistas que ya habían conseguido, gracias a innumerables movilizaciones, que ningún gobierno desde 2018, ni del PP ni del PSOE, se animara a aplicar las principales medidas que incluía la reforma de Rajoy de 2013

No es extraño que el acuerdo sepa a poco a las organizaciones que ya habían conseguido, gracias a innumerables movilizaciones, que ningún gobierno desde 2018 —ni del PP ni del PSOE— se animara de facto y sin que mediara ninguna ley a aplicar estas medidas. La novedad del pacto es que a partir de ahora habrá una ley que avale lo que el movimiento pensionista ya había logrado.

El pacto también incluye otros elementos demandados por estas plataformas y que califican como “positivos”, como la transferencia anual —no préstamos como hasta ahora— a las cuentas de la Seguridad Social de 21.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para sostener las pensiones públicas. Según explican, no se trata de un “regalo”, sino una compensación por los “gastos impropios” incluidos en los gastos de la Seguridad Social. No se trata, matizan, de “desnudar a un santo para vestir a otro” y este dinero no puedo salir de nuevos recortes en el gasto social sino que tiene que venir de “nuevos impuestos a los sectores privilegiados”. 

Ahí se acaban los “aspectos positivos” del acuerdo, según las principales organizaciones de pensionistas que han firmado este comunicado en el que muestran su “rechazo” a un pacto que no ha contado para nada con los principales afectados de las políticas decididas: los pensionistas y las organizaciones que llevan años manifestándose, aún en tiempos de pandemia, para garantizar sus derechos y los de los pensionistas del futuro.

Según denuncian, el acuerdo busca “acallar” y “dividir” al movimiento pensionista y advierten que seguirán manifestándose cada semana y preparando un “otoño caliente” frente a las amenazas de desvirtuar y recortar las pensiones públicas que deja “intactas” el acuerdo 

Según denuncian, el acuerdo busca “acallar” y “dividir” al movimiento pensionista y advierten que seguirán manifestándose cada semana y preparando un “otoño caliente” frente a las amenazas de desvirtuar y recortar las pensiones públicas, “intactas” tras el reciente acuerdo. Así lo reconoció en un lapsus el propio padre del pacto, el ministro José Luis Escrivà al afirmar que los baby boomer, aquellos nacidos entre los 50 y los 70, tendrán que elegir entre trabajar más o cobrar menos, una versión libre y con nombre amable del Factor de Sostenibilidad derogado.

El ministro pidió perdón por sus palabras, producto de “un mal día”, y los grandes sindicatos no parecieron muy cómodos —tampoco la patronal— con las declaraciones. “No hay ninguna propuesta sobre el Factor de Equidad Intergeneracional encima de la mesa. Cualquier especulación al respecto responderá a la idea de quien la hace. Y desde luego, estos mensajes presagian una negociación aún más compleja de la que se prevé”, declaró Unai Sordo en redes sociales.

El llamado Mecanismo de Equidad Generacional sustituirá al Factor de Sostenibilidad según el texto del acuerdo y se debe negociar en la segunda ronda de encuentros con sindicatos y patronal. Debería aprobarse antes del próximo 15 de noviembre. 

“Medida discriminatoria”

Las principales críticas del movimiento pensionista están dirigidas a la penalización de las jubilaciones anticipadas y a los incentivos a los trabajadores que retrasen su jubilación, una medida “especialmente discriminatoria para las personas con trabajos más penosos” y con mayores grados de precariedad. Miles y miles de personas con pocos recursos al borde de la jubilación tendrán que elegir, afirman, en mantenerse sin ingresos suficientes o aceptar una quita considerable de sus derechos de pensión adquiridos tras décadas de trabajo. 

La elevación de la “jubilación real” —64,5 años— hasta la “deseada” —66,5 años— se realizará recortando las prestaciones de quien quiera o necesite adelantar su retiro, aunque no se aplicará hasta 2024, para evitar una avalancha de peticiones antes de su entrada en vigor. Según el pacto, el recorte de la jubilación podría llegar a ser del 21% en el caso de las personas que tengan cotizados menos de 38 años y seis meses y adelanten su jubilación dos años. 

Con la reforma de 2011 intacta, “se sigue alargando la vida laboral y recortando las pensiones, cuando precisamos empleo para jóvenes y las mujeres que desean un puesto de trabajo”, indican en el comunicado.

Para María Gadea, del movimiento pensionista del País Vasco, resulta especialmente sangrante que este recorte de pensiones se haga en nombre de la “solidaridad intergeneracional”, cuando “la mejor equidad está en derogar las reformas laborales”

Para María Gadea, del movimiento pensionista del País Vasco, resulta especialmente sangrante que este recorte de pensiones se haga en nombre de la “solidaridad intergeneracional”, cuando “la mejor equidad está en derogar las reformas laborales”, que condenan a la precariedad en la vida laboral, con bajos salarios y bajas prestaciones, y a la precariedad en la vejez, con pensiones de miseria. 

El movimiento pensionista también lamenta que no se haya producido un acuerdo sobre las pensiones mínimas, que se sitúan actualmente entre los 400 y los 600 euros, y obligan a los pensionistas a situarse por debajo del umbral de la pobreza. Gadea también lamenta la falta de “medidas efectivas” que hagan frente a la brecha de género en las pensiones. 

Pese a los avances, se mantienen las mismas “amenazas” que acechan al sistema público de pensiones. Los recortes en las prestaciones y las dificultades añadidas para poder jubilarse son medidas que insisten en la línea de hacer menos atractivo el sistema público, una estrategia estrechamente unida a la promoción de los planes privados de empresa, la otra gran batalla del Ministerio de Escrivá que queda aparcada para el siguiente año y para la que no se espera una gran oposición de los grandes sindicatos, que hasta ahora no se han opuesto a los globos sonda lanzados por Escrivá al respecto.

“Nos quieren tomar por tontos”, denuncia el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas. “Porque el problema no es que haya mucha población en edad de jubilarse en comparación con la población en edad activa. El problema es el enorme paro que hay. Y retrasar la edad de jubilación lo agrava aún más”, dicen.

La plataforma acusa a Escrivá de plantear la sostenibilidad de las pensiones “como un problema intergeneracional, tratando así de enfrentarnos entre nosotros, a dos sectores de la clase trabajadora, las personas jubiladas contra las activas”. De esta forma, “trata de ocultar la responsabilidad que tiene el capital en los salarios y pensiones bajas”. No se trata de un conflicto entre generaciones, dicen, sino “entre clases”, una cuestión de “redistribución” de riqueza. “Esa redistribución es lo que molesta al Ibex", señalan.

“Señor ministro, aunque ha retirado sus palabras ya se le ha visto el plumero y ya ha dejado su mensaje a la sociedad. No pretenda enfrentarnos a los jubilados con los trabajadores”, advierten.