Pensiones
La reforma de Escrivá: recortar las pensiones penalizando la jubilación anticipada

Trabajar dos años más. Ese es el objetivo de la primera tanda de la reforma de las pensiones que ha pactado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la mesa de diálogo social, formada por Comisiones Obreras, UGT y las patronales CEOE y Cepyme. Para elevar la edad efectiva de la jubilación de los 64,5 años actuales a los 66,5 deseados en 2050 implementará una serie de penalizaciones a quien se jubile anticipadamente —recortes en las pensiones de hasta el 21% a los 24 meses en la prejubilación ordinaria— y de bonificaciones a quien decida alargar su periodo laboral más allá del obligatorio —con un cheque de hasta 12.060 euros—. 

Las reacciones al acuerdo son unánimes cuando vienen de sindicatos no pactistas y pensionistas. “Penalizar la jubilación anticipada supone recortar pensiones”, resume Mikel Noval, del sindicato ELA, el mayoritario en el País Vasco. “La revalorización de las pensiones en función del IPC no es un éxito de Escrivá ni de la mesa de diálogo social, lo consiguió el Movimiento Pensionista en 2018 tras la presión social en las calles”, recuerdan los propios pensionistas sobre la derogación que recoge este acuerdo de la fórmula de cálculo impuesta en 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy —un 0,25% anual—. 

La reforma de las pensiones pretende erigirse como “sólida y duradera”, en palabras del Ministerio, capaz de afrontar el reto demográfico de integrar la generación más populosa, la del del baby boom, al sistema público de pensiones, pero sin modificar la fiscalidad. Pagando menos a través de penalizaciones a la jubilación anticipada, alargando la vida laboral mínima hasta casi los 67 años y reformulando las cotizaciones de los autónomos, con el objetivo de recaudar más, aunque la pretensión de los autónomos es cotizar en función de los ingresos reales, como en los países de la zona euro.

“Penalizar la jubilación anticipada supone recortar pensiones”, resume Mikel Noval, del sindicato ELA

La apuesta de Escrivá que lleva a la privatización de las pensiones públicas

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Planes de pensiones de empleo La apuesta de Escrivá que lleva a la privatización de las pensiones públicas

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El Gobierno prepara una ley para promover los planes de pensiones de empleo, un modelo que solo puede crecer a costa de un debilitamiento de las pensiones públicas.

Ajusta contable

Mikel Noval describe que la reforma supone, además de recortes, un “ajuste contable” que “mueve cifras de una casilla a otra”: a partir de 2023, alrededor de 21.000 millones para pensiones no contributivas y otras menores se obtendrán de los Presupuestos Generales del Estado, en vez de la caja de pensiones o cotizaciones, como ocurre en el resto de países la UE. O como explica el propio Ministerio: el gasto presupuestado para pensiones aumentará en 2 puntos del PIB, pasando del 10,9% actual al 13%, situando a España en valores cercanos al 14% de Francia, Austria e Italia. 

Asimismo, el Movimiento Pensionista de Euskal Herria insiste en que la reforma no ha variado las pensiones mínimas. Una de sus principales demandas es situarla en 1.080 euros, en vez de tener que complementar las mínimas habituales, de entre 400 y 600 euros, con otros subsidios o, simplemente, situarse en la pobreza.

“Vistan como lo vistan, nos encontramos ante un nuevo recorte del sistema público de pensiones”, sostiene CGT

“La mochila austriaca tiene piedras dentro, no la merienda para la excursión”

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Precariedad laboral

Miren Etxezarreta “La mochila austriaca tiene piedras dentro, no la merienda para la excursión”

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La economista Miren Etxezarreta ha publicado ‘La mochila austriaca, qué supone el modelo de pensiones e indemnizaciones de la derecha europea’, una obra divulgativa en la que desmenuza claramente el impacto de esta medida sobre la clase trabajadora.

Del Congreso a la mesa de diálogo social

Un total de 262 votos a favor de las 22 medidas del Pacto de Toledo reactivaron el 19 de noviembre de 2020 en el Congreso de Diputados la mesa de diálogo social. La reforma de las pensiones es una de las fichas que debe presentar España a la Unión Europea para acceder al cobro de los fondos de recuperación Next Generation. Esquerra Republicana, EH Bildu, Foro Asturias, BNG y Vox se abstuvieron (78 votos), solo la CUP votó en contra (2). 

El preacuerdo para la primera tanda de la reforma de las pensiones se firmó en la mañana del lunes, a falta de la ratificación de la CEOE, que llegó de forma unánime en la tarde del martes pero con un aviso a navegantes para la segunda tanda, prevista para el 15 de noviembre: la CEOE desea un mayor control en la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional aún por determinar, que entraría en vigor en 2027. El subtexto de esta petición podría situarse, por ejemplo, en influir sobre los beneficios de cotización pactados para el empresario si se activan los planes de pensiones de empleo complementarios, que depauperan los salarios si los empresarios optan por financiar los planes de pensiones en vez de elevar el salario, y su correspondiente cotización. Asimismo, abren la puerta a la implantación de la mochila austriaca.

“La segunda parte del pacto establece que se regularán por ley los planes de empleo a través de la negociación colectiva, acompañadas de las suculentas comisiones que se llevarán las entidades gestoras y los sindicatos del diálogo social que forman parte de ellas”, alerta CGT en su comunicado de prensa.

Alargar dos años la vida laboral de las personas trabajadoras supondrá un impacto positivo en las arcas de la Seguridad Social, dado que no se les tendrá que abonar pensión durante los 24 meses que sigan en activo. Lo que no ha detallado el Ministerio, ni ningún otro agente de la mesa de diálogo social, es el impacto de esta medida en la población parada de larga duración en un mercado laboral que ya encuentra viejas a las personas de más de 45 años, ni en el impacto en la población joven, que cuenta con una tasa de paro juvenil del 38%, el doble de la media europea. Tampoco se ha detallado aún la penalización por tipos de carrera laboral. Se detallará hoy tras la firma del acuerdo en la Moncloa.

Hasta ahora, algún agente ha filtrado datos de las penalizaciones que figuran en uno de los borradores. Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantuvo el lunes un briefing con la prensa para intentar aclarar dudas con el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo.  

En la página 7 del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia del Componente 30 firmado el 16 de junio figura que el impacto de esta reforma de las pensiones “en términos de gasto a mitad de siglo, 2,9 puntos porcentuales del PIB, según la Airef”. 

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Bancos y aseguradoras trabajan para transferir los ingentes ahorros de la población española al sector privado.

Recortes en vigor a partir de 2024

Los recortes en las jubilaciones anticipadas entrarán en vigor en 2024 y se fijará un periodo transitorio de diez años para la completa aplicación del incremento de los coeficientes reductores para quienes se jubilen con hasta 24 meses de anticipación. El Movimiento de Pensionistas demandaba la derogación de estos coeficientes con 40 años cotizados. 

“El acuerdo alcanzado ratifica los recortes de las pensiones de la reforma de 2011, cambia de nombre el factor de sostenibilidad pero mantiene su esencia, deja la puerta abierta a nuevos recortes y no garantiza la financiación suficiente para el Sistema Público de Pensiones. En definitiva, la mayor parte de nuestras reivindicaciones siguen pendientes y no tenemos más alternativa que seguir en la calle”, explican fuentes del Movimiento Pensionista de Euskal Herria, que se reúnen hoy para redactar su valoración oficial.

“La mayor parte de nuestras reivindicaciones siguen pendientes y no tenemos más alternativa que seguir en la calle”, explican fuentes del Movimiento Pensionista de Euskal Herria

Mikel Noval alerta también de la segunda parte de la reforma, que deberá ser pactada a mediados de noviembre y abordará el factor de sostenibilidad, una fórmula que dependiendo de la esperanza de vida del momento permite hacer cambios en la cuantía de las pensiones sin tener que modificar la ley vigente.

“Aseguran que van a derogar el factor de sostenibilidad, pero la propuesta es sustituirlo con un mecanismo de equidad intergeneracional que tiene el mismo objetivo”, indica el analista de ELA. Para la segunda tanda de la reforma también se abordarán otros temas espinosos, como la posibilidad de que las pensiones valoren la cotización de los últimos 35 años, en vez de los 25 actuales, por lo que la cuantía se generará tomando más años de precariedad laboral.

CGT se ha mostrado tajante sobre la reforma: “Vistan como lo vistan, nos encontramos ante un nuevo recorte del sistema público de pensiones”. “La propuesta asegura que la jubilación anticipada permite mantener el sistema y controlar el gasto, pero en última instancia, la reforma persigue recortar”, añade Mikel Noval de ELA. 

La negociación ha transcurrido de forma opaca, sin presentar siquiera el acuerdo tras haberlo alcanzado. Por su parte, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) lamenta “el veto a la participación de las principales entidades de personas mayores y pensionistas durante todo el proceso”. “Exigimos que el proceso de la reforma sea más democrático y que se escuche al colectivo de personas mayores y pensionistas, a representantes de sus principales entidades y asociaciones, así como nuestras propuestas”, ha manifestado Paca Tricio, la presidenta de UDP.

Las personas con contrato de formación cotizarán dentro de tres meses, con independencia de si la beca es remunerada o no

Aspectos positivos

La reforma incluye al menos dos aspectos positivos, como destaca la valoración de Comisiones Obreras y UGT. De una parte, la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, que actualmente era menor que en las parejas casadas. De otra, la extensión del derecho a la cotización por todos los programas de formación, es decir, de las becas vinculadas a estudios universitarios o de formación profesional, tengan o no carácter remunerado. Esta parte de la reforma se prevé que entre en vigor en el plazo de tres meses, según fuentes ministeriales. Asimismo, el acuerdo “mejora los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia”, indica la valoración de los sindicatos que participan en la mesa de diálogo social.