Opinión
Juicio a la solidaridad

Cuando Abramo (nombre ficticio) recibe la petición de ayuda de dos jóvenes huidas, se encuentra trabajando en el campo como recolector de sandías, en un país que le es ajeno, en el que ha encontrado recientemente refugio y en el que se gana la vida por un salario irrisorio y en negro.

La escena no se remonta a las revueltas antiesclavistas de hace siglo y medio, sino que está tomada de las escuchas de la investigación “Agaish” (invitados en tigriña, lengua originaria de Etiopía), en base a la cual se abrió el 23 de febrero en Roma el juicio en el Tribunal de Apelación a cuatro acusados eritreos, todos ellos refugiados políticos, condenados en primera instancia por el delito de ayuda y complicidad (favoreggiamento) a la inmigración ilegal.

Por haber respondido a esa petición de ayuda, comprando con su dinero los billetes que permitieron a las mujeres llegar al norte de Italia, Abramo ha cumplido ya más de 18 meses de prisión y se enfrentó a un juicio en el que el fiscal había pedido 14 años de cárcel en primera instancia.

Lo que evoca la esclavitud no son tanto las imágenes de la plantación, del sometimiento de la mano de obra a la explotación extrema de un incipiente capitalismo depredador y extractivo, de las mujeres que huyen de un régimen, sino más bien el hecho de que ilegalizar las fugas y tratar como delincuentes a quienes las hacían posibles eran elementos esenciales para perpetuar el sistema esclavista.

El delito de ayuda a la inmigración ilegal, el que se imputa a capitanes y jefes de misión de las ONG que realizan rescates en el mar, es una bestia con muchos cuernos

Este es el mismo hilo que conecta el juicio que comenzó en Roma el 23 de febrero, los que involucran a las ONG de rescate en el mar y la desobediencia de Carola Rackete contra las mortíferas leyes de control de fronteras, y los últimos acontecimientos que ocurrieron en Trieste: ahora como entonces, golpear la solidaridad es funcional para disuadir la fuga, para dispersar la red de relaciones que hacen posible la libertad de movimiento a través de las fronteras, incluso cuando esto tiene como objetivo salvarse y salvar vidas.

En el juicio de primera instancia, se retiraron los cargos por el delito de asociación que relacionaba a la presunta célula romana con el traficante de personas Mered Medhaine, ante las objeciones precisas de un grupo de defensa compuesto exclusivamente por abogadas.

Por otra parte, no sin clamor mediático, el hombre encarcelado en Palermo como Mered Medhaine había sido objeto de un intercambio de personas y liberado sin demasiadas excusas tras un largo encarcelamiento. No obstante, los juicios laterales que se iniciaron a partir de la investigación no decayeron y, de hecho, otros han surgido a lo largo de los años.

Delito de asociación

En el sistema acusatorio, el tráfico de seres humanos se configura como una especie de empresa logística que permite, siguiendo una misma trama, la movilidad de los emigrantes desde el Cuerno de África hasta el norte de Europa; cada nudo está conectado, no por relaciones materiales, sino por el tapón interpretativo del delito de asociación, sin distinción entre los que gestionan los lagers (campamentos) libios y los que ofrecen hospitalidad o ayuda.

Es una distinción, sin embargo, que los migrantes saben hacer bien, como se demostró en el juicio de primera instancia contra los refugiados eritreos, donde las presuntas personas ofendidas por el delito, a su vez reconocidos como refugiados, declararon a favor de los acusados que les habían ayudado en su viaje.

El delito de ayuda a la inmigración ilegal, el mismo que se impugna entre otros cargos contra Carola Rackete, así como contra los capitanes y jefes de misión de las ONG que realizan rescates en el mar, es una bestia con muchos cuernos. Por un lado, el tráfico (smuggling, en inglés) es perseguible incluso en ausencia del propósito de lucro; por el otro, la ayuda y complicidad (favoreggiamento) a permanecer en el territorio es un delito que puede ser imputado incluso sin una ventaja económica de acuerdo a la lógica de la ventaja injusta.

Una vez más, ayudar a alguien a comprar un billete de tren u ofrecerle dormir se considera, en definitiva, el nodo de una red logística que como tal debe ser desmantelada

Así, mientras la acusación de “smuggler” (scafista, traficante) para los que realizan rescates en el mar puede ser desestimada gracias a la justificación del cumplimiento de un deber y del estado de necesidad, por lo que refiere a la ayuda y complicidad a permanecer en el territorio sí existe una cláusula de salvaguardia humanitaria que, sin embargo, raramente se reconoce a favor de los extranjeros que prestan ayuda a sus compatriotas, evidentemente adscritos a un universo moral en el que la solidaridad se excluye en función de la pertenencia racial.

Las investigaciones y el juicio que condujeron a las condenas en primera instancia de los cuatro eritreos de Roma no constataron ninguna ventaja económica en la ayuda prestada a los compatriotas, pero han configurado la conducta como “otros actos” destinados a facilitar el cruce ilegal de fronteras dentro de Europa. Una vez más, ayudar a alguien a comprar un billete de tren u ofrecerle dormir se considera, en definitiva, el nodo de una red logística que como tal debe ser desmantelada.

Las modificaciones de los decretos de Salvini por parte del segundo gobierno de Conte han reducido las sanciones económicas para las ONG, pero no han modificado el marco penal en el que se basan los juicios.

En cuanto al delito de ayuda a la inmigración ilegal, el Tribunal de Bolonia ha planteado recientemente una excepción de legitimidad constitucional, impugnando la desproporción de las penas previstas en el caso agravado del uso de documentos falsos.

La palabra sobre los aspectos técnicos del delito corresponde ahora al Tribunal Constitucional, y se verá si demuestra la misma apertura que, en 2018, mostró el Consejo Constitucional francés en la sentencia derivada del famoso caso de Cédric Herrou, que terminó descriminalizando los comportamientos solidarios y reconociendo la libertad de cada uno para llevar ayuda a los demás.

Cédric Herrou: “Se me criminaliza para que la gente piense que es grave ayudar a migrantes a entrar en Francia”

Rosa Pérez Masdeu

Fronteras

Fronteras Cédric Herrou: “Se me criminaliza para que la gente piense que es grave ayudar a migrantes a entrar en Francia”

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Condenado por “delito de solidaridad”, Cédric Herrou ahora puede alegar que los actos que se le atribuyen están protegidos por la Constitución francesa, concretamente por el principio de “Fraternidad”, tal y como dictaminó el Consejo Constitucional de Francia el 6 de julio.

Es, sin embargo, una batalla que no puede dejarse sólo en manos de los tribunales, de los grupos de defensa de los casos famosos o de las abogadas que, con menos ruido, tanto en Roma como en Palermo defienden a quienes se encuentran acusados de haber conducido el bote de goma a cambio de una rebaja en el precio de la fuga o, aún más a menudo, por la misma contraprestación se prestan a denunciarse como barqueros. Al igual que contra la esclavitud, la batalla que hay que librar es la del abolicionismo.

No el abolicionismo abstracto de las fronteras, sino el concreto desafío a los dispositivos represivos que impiden la libertad de movimiento y la fuga a través de las fronteras. Una batalla abolicionista que se refiere tanto a los aparatos de control que han transformado las fronteras en lugares de muerte como a las causas penales que criminalizan la solidaridad.

Frente a la llamada a esa batalla, en los dos últimos años las ONG de salvamento marítimo han respondido radicalizando su acción política, sin dejarse intimidar por la retórica que quería situarlas junto a los traficantes y, de hecho, deconstruyéndola mediante actos de desobediencia.

Es precisamente la valentía de esta reivindicación radical la que ha encontrado apoyo en tantos activistas y en la sociedad. El mismo apoyo es necesario para deconstruir la retórica de los traficantes que, tras la coartada de la misma causa penal, no distinguen entre los que explotan y se aprovechan y los que prestan apoyo y ayuda en la fuga.

Durante el juicio de primera instancia, hemos destacado la solidaridad que se ha creado en torno a la comunidad eritrea de Ponte Mamolo en Roma, llevada por asociaciones locales, estudiantes y algunos activistas dentro de la red transnacional de salvamento marítimo. Es la misma “flota civil” que ha hecho una campaña de solidaridad en torno a los jóvenes náufragos acusados en Malta de haber secuestrado el mercante El Hiblu para impedir que trajera de vuelta a Libia a los más de cien migrantes rescatados en el mar.

Hacer nuestra la petición de justicia para los eritreos en el juicio de Roma es esencial para reconocer que las batallas por el rescate en el mar y contra la criminalización de la solidaridad de los migrantes son parte de la misma lucha por la libertad.