Pobreza
Europa admite a trámite la reclamación colectiva contra España por la ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV)

En los cinco años desde que se aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), no solo no se ha llegado a cumplir el número de personas que prometía aquel primer gobierno de coalición que iba a beneficiar (850.000 familias), sino que una gran mayoría se ha visto perjudicada por los supuestos cobros indebidos.

Miles de personas reciben cada año una carta de la administración en la que se les pide que devuelvan miles de euros. Es decir, cobraron el IMV, luego el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) hace sus cálculos y años después estima que se pasaron del límite. Algunas de las afectadas ya se refieren a esta prestación como el “Ingreso Máximo Mortal” porque las consecuencias no solo son económicas, ya que las deudas del IMV no son prescriptibles, sino que la indefensión a la que se enfrentan también llega a afectar a la salud de los miembros de toda una familia.

Desde hace años, ATD Cuarto Mundo ha recibido y atendido en su Oficina de Derechos Sociales a cientos de personas que llegan desesperadas intentando comprender por qué se ha generado esa deuda. A partir de sistematizar estos casos se vieron obligados a llevar a los órganos europeos una demanda colectiva que pone el foco en las consecuencias que ha traído una prestación cuyo objetivo es “la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, y la redistribución de la riqueza”, pero que ha acabado por poner a los más vulnerables contra las cuerdas, además del alcance limitado que ha tenido. “No es que tenga que devolver el un mes o dos meses en que cobró esa prestación, sino que se la suspenden y todo lo que haya cobrado lo tiene que devolver. Esos son los cobros indebidos”, aclara José Luis Rois, abogado y miembro de miembro de la oficina de jurídica de ATM Cuarto Mundo.

Una buena noticia la recibieron este lunes y es que el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa adoptó en su reunión plenaria del pasado 15 de mayo, la decisión de admitir a trámite la reclamación colectiva interpuesta por el movimiento ATD Cuarto Mundo contra España por la Ley del Ingreso Mínimo Vital. Con ello, el Comité se propone revisar si la ley aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez sobre el IMV y la compatibilidad con las rentas autonómicas, es conforme a los artículos 13.1, 15.3, 16, 17, 30, 31 y E de la Carta Social Europea.

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Colectivos y personas afectadas han presentado una reclamación colectiva contra la administración por infringir la Carta Social Europea por su gestión de una prestación que, denuncian múltiples actores, tiene un alcance muy inferior al prometido.

Si bien, la organización Cuarto Mundo habría solicitado medidas cautelares en su solicitud por las medidas de reintegro de cobros indebidos exigidos por el gobierno a las personas que perciben este subsidio, el Comité europeo ha acordado no adoptar medidas inmediatas ya que alega que para poder aplicarlas se necesitan aportar datos suficientes que prueben la gravedad y la extensión de estas medidas. 

Rois explica a El Salto que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ya se pronunció al respecto de otros cobros indebidos como fueron los en casos de gente que fue parte de un ERTE durante la pandemia del covid 19. “Ya ha dicho que esos cobros indebidos no los genera un fraude, sino que la Administración no ha tenido en cuenta datos que ella misma tiene. Es decir, no es la mala fe de las personas sino la incompetencia de la administración y por tanto, no se puede exigir la devolución, máxime cuando los cobros indebidos en el caso IMV, la administración no los recupera de la misma manera que los cobros indebidos en cualquier otra prestación”.

Desde ATD Cuarto Mundo, promotor de la reclamación colectiva, valoran la admisión a trámite de la reclamación colectiva “como un éxito de la movilización social contra la ley del Ingreso Mínimo Vital y que, además, pone en entredicho la campaña triunfalista de los últimos días del gobierno con motivo del quinto aniversario de la publicación de la ley”. Además, agregan como positivo que la decisión del Comité haya contado con un voto particular discrepante “por entender que la falta de datos sobre cobros indebidos no es atribuible a la organización sino a la falta de datos publicados por el gobierno”.

El Comité Europeo de Derechos Sociales abre ahora un plazo para que el gobierno español formule alegaciones, así como para que las organizaciones sociales y sindicales formulen las suyas, antes del 14 de agosto de 2025, en aplicación del artículo 7.1 del protocolo y el artículo 27.2 del reglamento del Comité.

Con la admisión de la reclamación, ATD Cuarto Mundo y las organizaciones que han colaborado en su formulación exigen al gobierno “que reconsidere su política de cobros indebidos de la que son conocedores, tanto del volumen, como por la gravedad para las personas que viven en situación de pobreza, de la que somos a diario testigos del daño irreparable que se les está infligiendo”. Aseguran que continuarán insistiendo en demostrar y acreditar ante el Comité estos graves hechos pero sobre todo ofrecer a las personas una vía de solución real hacia esas “deudas” sobrevenidas.

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Sus ingresos son exiguos, la administración les reclama miles de euros y los abogados de oficio las rehúyen.

Desde ATD Cuarto mundo admiten que éste es solo el primer paso ya que transcurrirán todavía varios meses hasta que el Comité europeo de derechos sociales alcance una sentencia o llegue a tomar una decisión de fondo. Para esta organización existen probabilidades de que se imponga una condena que obligue al Estado español a cambiar la ley, inclusive. “Antes de que esto suceda, seguiremos apelando a su responsabilidad de cambio de ley que ponga en el centro la lucha contra la pobreza y no contra las personas que la padecen”, concluyen.