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Infancia
Fallos en la detección de edad y encierro con adultos: España incumple los derechos de la infancia migrante

Momo recorrió a nado la distancia que separa la playa de La Bocana en Beni Enzar (Marruecos) hasta la fronteriza Melilla. Tenía 13 años pero cuando llegó solo a tierras españolas, lo registraron con 16. “A Momo le registraron por error con tres años más, pero aún menor de edad: muchos otros niños no tienen la misma suerte”, afirma Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children.
El informe Cruzando fronteras, de esta ONG, constata la detención automática y prolongada de menores, a veces en centros para adultos, errores sistemáticos en la identificación de la minoría de edad y otras vulnerabilidades dejan a los niños y niñas sin tutor ni protección.
Esta cadena de errores ha sido registrada tras entrevistas con 33 niños y niñas migrantes en España, Finlandia, Grecia, Italia y Polonia, que demuestran que esto se repite a lo largo de la frontera europea. En los últimos años, y aunque aún no ha entrado en vigor el Pacto Europeo de Migraciones, que avala la detención de niños y niñas en centros con adultos, desde la ONG denuncian que muchos Estados miembros ya han modificado sus leyes con un objetivo prioritario: blindar las fronteras incluso a costa de los derechos humanos. “El resultado es un repertorio de medidas que consolida la lógica del control sobre la protección y deja a miles de niños y niñas sin las garantías básicas que la ley les reconoce”, alertan.
Infancia migrante
Fronteras sin derechos El Pacto Migratorio Europeo que avala la detención de niños y niñas
“El Pacto Europeo de Migraciones y Asilo va a entrar en vigor el próximo año. Estamos a la espera de ver cómo los Estados miembros ultimarán sus aplicaciones. En España podemos y tenemos la oportunidad para asegurar garantías estructurales y de procedimiento para asegurar que niños y niñas accedan a la protección”, expresa Zuppiroli.
Uno de cada diez migrantes
Según los datos del Ministerio del Interior, en 2024, 61.323 personas llegaron por vía marítima a España; el 76% de estas llegadas se produjeron por la ruta atlántica con destino a las islas Canarias. Uno de cada diez eran niños y niñas, “aunque muchos no fueron reconocidos como tales, de modo que la magnitud real de la migración infantil sigue infravalorada”, apuntan desde Save The Children.
La falta de personal con mandato público en protección a la infancia durante las 72 horas iniciales hace que los niños, niñas y adolescentes puedan pasar desapercibidos, sin derivación al sistema de protección o a recursos especializados y sin apoyo psicológico ni intérpretes
Desde esta ONG alertan de que la falta de personal con mandato público en protección a la infancia durante las 72 horas iniciales hace que los niños, niñas y adolescentes puedan pasar desapercibidos, sin derivación al sistema de protección o a recursos especializados y sin apoyo psicológico ni intérpretes. “Un simple error de clasificación priva a un menor de edad de todos sus derechos: tutela, escolarización y atención sanitaria”, afirman.
Una situación que se recrudece en la ruta Canaria. En 2024, una de cada siete personas llegadas por costas a través de esa ruta eran niños, niñas y adolescentes, la gran mayoría sin referentes familiares. Tal y como recoge CEAR en su último informe, Canarias acoge en su sistema de protección a un conjunto de niños y niñas solos que “sobrepasa notablemente su capacidad actual para afrontar un proceso de acogida e inclusión con las debidas garantías”.
“A fecha 15 de diciembre de 2024, el número de niños y niñas acogidos ascendía a 570.0184, distribuidos en alrededor de 86 dispositivos de acogida, infradimensionados, saturados en lo cuantitativo y precarizados en lo cualitativo. Eso supone alrededor del 40 % de toda la infancia migrante no acompañada acogida en España. Así, durante el año 2024 las costuras de un sistema de prácticamente imposible funcionamiento han salido a la luz a través de diversas referencias de malas praxis (abusos y malos tratos; precarias condiciones materiales; presunta corrupción en la gestión de fondos)”, se lee en el informe de Cear.