Desastres ambientales
El negocio de la catástrofe en zonas azotadas por fenómenos extremos

Depresión Aislada en Niveles Altos es un término bastante técnico y desconocido para la población general. Sin embargo, y tristemente, sus siglas (dana) son bien identificables para la mayoría de la gente en España. A finales de octubre de 2024 este fenómeno meteorológico extremo mató a más de 220 personas, dejó decenas de heridos y causó cientos de millones de euros en daños materiales principalmente en la provincia de València, pero también en zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía.

La catástrofe asociada a sucesos climáticos violentos como la última dana no es nueva en nuestro país. En 2019 la Vega Baja del Segura (Alicante y Murcia) sufrió una de las peores inundaciones de su historia. Las lluvias torrenciales desbordaron el río anegando viviendas, cultivos e infraestructuras. En esta ocasión hubo seis muertos.

En cada uno de estos episodios la escena final siempre es la misma: tragedia y devastación, duelo por las víctimas y grandes esfuerzos de vecinos y administraciones por reconstruir el lugar y reparar los daños cuanto antes. Aquí el sector privado también juega un papel muy importante, sobre todo las aseguradoras, que tienen que hacer frente a desembolsos millonarios por las pérdidas materiales.

Riesgo climático: cada vez más desastres y más graves

El cambio climático está provocando que fenómenos extremos como estos sean cada vez más habituales e intensos. En España, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) destaca que la probabilidad de que se produzcan lluvias torrenciales y dana en la cuenca mediterránea podría aumentar hasta un 20% en los próximos 25 años.

Según el último informe sobre el estado del clima, elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la crisis climática ha duplicado el impacto económico de los desastres naturales a nivel global y ya representa el 0,22% del PIB del planeta. El Banco Central Europeo ya ha advertido de que el impacto climático podría reducir el PIB de la eurozona en un 10% para finales de este siglo.

En España, cada vez más pólizas, principalmente las de seguros de hogar, agrícolas, y de vehículos, incluyen cláusulas que abordan riesgos relacionados con las consecuencias del cambio climático

España, por su parte, acumula unas pérdidas estimadas de casi 100.000 millones de euros desde la década de los 80, con cifras que han ido incrementándose desde 2017 debido a la especial virulencia de incendios, sequías e inundaciones. Nuestro país es el cuarto de la Unión Europea que mayores daños totales relacionados con el cambio climático sufre, tal y como refleja la Agencia Europea del Medio Ambiente.

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Este incremento del riesgo climático también ha llevado al sector financiero y las aseguradoras a reevaluar sus modelos de riesgo y de negocio, y en muchos casos a que los costes de este nuevo escenario recaigan directamente sobre los consumidores.

Riesgo financiero: los bancos y aseguradoras están más expuestos

Como explica el Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), el cambio climático plantea dos tipos de riesgos financieros interconectados que transforman la relación entre el sistema económico y el medioambiente: los riesgos físicos —vinculados a fenómenos meteorológicos extremos— y los riesgos de transición —derivados de la adaptación a una economía baja en carbono.

En el caso de los bancos, las entidades ya integran estos riesgos físicos y de transición en sus estrategias. Esto implica una revisión de las políticas de seguros y de concesión de créditos, especialmente los hipotecarios. Porque hay que tener en cuenta que el impacto del cambio climático no es uniforme en todo el territorio español, y son regiones como las del litoral mediterráneo, las cuencas fluviales del Ebro y del Segura, y extensas áreas de la España vaciada las más propensas a fenómenos climáticos destructivos.

En concreto, casi 3.000 municipios en España están declarados como altamente susceptibles a los efectos del cambio climático, sobre todo debido a factores como la despoblación, la estructura económica y la exposición a fenómenos extremos.

Subida de precios y condiciones más estrictas

Por razones obvias, el sector asegurador se encuentra en la primera línea de la adaptación al cambio climático, ya que su negocio depende directamente de la gestión del riesgo. El aumento de fenómenos meteorológicos extremos, y por lo tanto de dicho riesgo, está transformado la forma en que operan las aseguradoras, obligándolas a redefinir sus estrategias de cobertura y precios.

En España, cada vez más pólizas —principalmente las de seguros de hogar, agrícolas, y de vehículos—, incluyen cláusulas que abordan riesgos relacionados con las consecuencias del cambio climático. En el caso del campo, estas cláusulas suelen versar sobre coberturas específicas para heladas, tormentas de granizo, sequías o lluvias torrenciales. En el caso de los seguros de hogar existe la cláusula de fenómenos atmosféricos, que cubre daños por vientos y lluvias fuertes.

Hay que destacar que España es un caso único en el mundo, ya que a las coberturas de las aseguradoras privadas se le añade el escudo del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), un organismo público financiado con las cuotas de los asegurados que garantiza compensaciones a partir de ciertos umbrales de daños.

En nuestro país, como sí ha ocurrido en otros, aún no hay casos de aseguradoras que hayan dejado de operar completamente en ciertas zonas. Lo que sí se ha producido es un considerable aumento de los precios, principalmente después de la pandemia.

“Los eventos climáticos extremos cuestionan estabilidad financiera del sistema”, comenta Alfonso Bolado, coordinador ejecutivo de la cooperativa de seguros Arç. “Principalmente, el problema para muchas compañías es la pérdida de activos fósiles, porque las aseguradoras tienen mucha inversión en industria fósil. Por lo tanto, la única solución para seguir siendo solventes es incrementar los ingresos, y la forma más directa de hacerlo es subiendo los precios”.

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El caso de la dana en Valencia ilustra cómo se materializan los riesgos climáticos. El desastre, que causó daños totales estimados en 17.000 millones de euros, reveló las limitaciones del sistema asegurador: aunque el 76% de los afectados tenía cobertura, tres meses después del desastre el Consorcio de Seguros solo había indemnizado al 35% de los reclamantes.

Ante el incremento de catástrofes naturales, es lógico que las aseguradoras también comiencen a ajustar al alza las primas y que en algunos casos retiren ciertas coberturas o endurezcan los requisitos de concesión. Bolado explica que “a la que se incrementan los pagos de indemnizaciones se incrementa también la tasa de prima. Esto es consustancial a la lógica del mercado de los seguros”.

Junto a la subida de precios por la inflación, las primas se han encarecido todavía más por la subida del coste de los servicios de reparación y sustitución de bienes después de fenómenos climáticos extremos que cada vez son más habituales. Como explican desde Arç, “se está produciendo muchos ajustes de condiciones. La gente no deja de tener el seguro, pero sí hay contención en las coberturas y de los capitales que se aseguran. Están compensando la insuficiencia de primas subiendo precios”.

Gabriel Rodríguez Lorenzo, cofundador de la plataforma SinComisiones habla de otro factor añadido en el alza de los precios: el encarecimiento del reaseguro. “Este reaseguro, que es la protección que contratan las propias aseguradoras para poder enfrentarse a posibles situaciones de grandes pérdidas, también ve su precio multiplicado por este tipo de desastres, encareciendo de forma paralela los costes de las pólizas finales”.

Aunque el modelo mixto público-privado del Consorcio de Compensación de Seguros y Agroseguro ha evitado en gran medida la exclusión total de la cobertura, la subida de precios y la restricción de garantías afectan especialmente a las familias y pymes con menos recursos. Esto agrava la desigualdad y la exclusión financiera, ya que quienes menos capacidad económica tienen son también los más expuestos a los riesgos climáticos y los que más dificultades encuentran para acceder a productos aseguradores y financieros adecuados.

Los CAT bonds, o bonos catástrofe, que son emitidos por aseguradoras y reaseguradoras para transferir el riesgo de sucesos medioambientales extremos a los inversores

En el caso de los bancos, la Ley 7/2021, de 20 de mayo los obliga a integrar el riesgo climático en sus decisiones de inversión y financiación, y a presentar informes bienales sobre la exposición y gestión de estos riesgos. Esto se traduce en condiciones más estrictas para la concesión de hipotecas en áreas propensas a fenómenos extremos. Por ejemplo, tras las inundaciones provocadas por la dana en Valencia, el Banco de España anunció que intensificaría el control sobre los bancos para que midan adecuadamente el impacto climático, incluyendo la posibilidad de exigir colchones de capital adicionales y ajustar las tasaciones de viviendas en zonas de riesgo.

El ente nacional asegura que estos riesgos derivados de las alteraciones del clima podrían provocar una devaluación de hasta el 20% en los activos que los bancos tienen vinculados a combustibles fósiles para el año 2030. Sin embargo, esta adaptación implica una reevaluación de las carteras de crédito y una mayor cautela en la financiación de proyectos en zonas vulnerables (principalmente hipotecas), lo que puede limitar el acceso al crédito en estas áreas.

Adaptarse para seguir haciendo negocio

El aumento de los riesgos climáticos también ha impulsado la demanda de productos financieros y aseguradores diseñados para mitigar sus efectos, lo que ha permitido a bancos y aseguradoras descubrir un nuevo modo de incrementar sus ingresos.

Una de las medidas llevadas a cabo por el sector bancario es el lanzamiento de productos supuestamente “sostenibles” como las “hipotecas verdes”, unos préstamos hipotecarios que, en principio, ofrecen condiciones favorables para comprar o rehabilitar viviendas energéticamente eficientes. Sin embargo, estos préstamos están sujetos a unos requisitos muy concretos, como que la vivienda que se va a comprar o remodelar tenga una calificación energética de A o B, o que se mejore su eficiencia en al menos un 30%.

La emergencia climática también está propiciando la aparición de instrumentos financieros diseñados para gestionar y transferir riesgos asociados a desastres naturales. Uno de los más conocidos son los CAT bonds, o bonos catástrofe, que son emitidos por aseguradoras y reaseguradoras para transferir el riesgo de sucesos medioambientales extremos a los inversores. En caso de que ocurra un desastre natural específico, los inversores pueden perder toda o una parte de su inversión, lo que permite a las aseguradoras cubrir las pérdidas sin afectar su solvencia.

Estos bonos ofrecen altos rendimientos debido al gran riesgo que implica, por lo que son susceptibles de utilizarse como una herramienta puramente financiera y especulativa. En diciembre de 2024, Mapfre emitió su primer bono catástrofe por 125 millones de dólares. No obstante, la complejidad y opacidad de este producto de inversión dificulta, o directamente veta, el acceso a pequeños inversores.

“Este tipo de mecanismos son alternativas a la financiación de las propias aseguradoras”, explica Alfonso Bolado, que insiste en que “cualquier emisión de bonos tiene una lectura especulativa”, y que en el caso de los bonos catástrofe la finalidad es pagar rendimientos: “Por supuesto, ese dinero también saldrá de los asegurados.”

El responsable del sector financiero de UGT, Victoriano Miravete, se expresa en la misma línea: “Las inversiones son apuestas, y productos financieros como los CAT Bonds están concebidos desde el punto de vista del dinero y de la rentabilidad“, apunta, ”claro que se puede especular con ellos, ya se hace con otras cosas como con el precio del trigo, por ejemplo”. Con todo, Miravete considera que los bonos catástrofe tienen un fin positivo, ya que, a pesar de que se pueda especular con ellos, al final es un dinero que contribuye a reconstruir zonas afectadas por fenómenos climáticos extremos.

Para Rodríguez Lorenzo la especulación también se encuentra en un segundo plano en el caso de los CAT Bonds: “Para empezar, funcionan dentro de un marco regulatorio cuyo objetivo es proteger tanto a las compañías aseguradoras como a los inversores. Por otro lado, es importante resaltar que la rentabilidad de este tipo de bonos no se basa en que ocurra una catástrofe, sino más bien al contrario: estos bonos solo son rentables en caso de que la catástrofe, finalmente, no se produzca”.

En el caso de las aseguradoras, el alza de la siniestralidad ha venido acompañada de subidas en las primas, especialmente en ramos como daños, agricultura y automóvil

La aparición de este tipo de productos y herramientas financieras tiene detractores. Sus críticos apuntan a que contribuyen a la “financiarización del desastre”, ya que las aseguradoras convierten las catástrofes naturales en oportunidades de negocio, con unos beneficios económicos que dependen directamente del nivel de devastación que conlleven desastres climáticos como la dana de Valencia, la de la Vega Baja del Segura, incendios o inundaciones.

Además, organizaciones como el Observatorio de la Deuda en la Globalización destacan que esta financiarización de la crisis climática puede generar o agravar desigualdades, ya que los mecanismos financieros actuales no siempre tienen en cuenta las necesidades de los segmentos de población más vulnerables.

En el caso de las aseguradoras, el alza de la siniestralidad ha venido acompañada de subidas en las primas, especialmente en ramos como daños, agricultura y automóvil. Este fenómeno no solo compensa parcialmente las pérdidas por siniestros, sino que también abre nuevas oportunidades de negocio, como la suscripción de seguros para energías renovables y la financiación sostenible.

Los bancos, por su parte, han encontrado en la transición ecológica un nicho para abrir otras vías de negocio. La emisión de bonos verdes y la concesión de préstamos con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) permiten a las entidades captar un nuevo perfil de cliente comprometido con el entorno natural y mejorar su reputación corporativa. No obstante, en la mayoría de las ocasiones estas maniobras acaban evidenciando que lo único que persiguen los bancos es la apertura del mercado, la diversificación de sus negocios y la atracción de nuevos inversores.

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A pesar de venderse como “verdes” y de promocionar productos financieros presuntamente sostenibles, algunas entidades bancarias españolas continúan financiando proyectos culpables de la destrucción del medioambiente. Sin ir más lejos, en 2023 (último año del que se tienen datos), los principales 60 bancos del mundo, entre los que se encuentran Santander, BBVA y La Caixa, invirtieron cientos de miles de millones en la industria del petróleo. En concreto, Santander desembolsó más de 14.500 millones de euros, su aportación más grande desde 2016. El BBVA premió a las petroleras con más de 7.000 millones de euros, y La Caixa con más de 4.000 millones.

De hecho, el greenwashing (aparentar compromiso con el medioambiente sin llevar a cabo acciones reales para cuidarlo) es una de las principales críticas a las entidades financieras. La transparencia de los bancos sobre el destino real de sus inversiones también está muy comprometida, ya que no suelen ser totalmente claros con respecto a dónde destinan el dinero de sus activos.

“Los grandes bancos invierten en todo, en petróleo y también en energías renovables. Y si no son ellos directamente, lo hacen a través de sus gestoras”, incide Miravete. “Hay una transición hacia lo sostenible, y esa transición hay que financiarla. Al final, el dinero va donde hay negocio, y ahora mismo lo verde es rentable”. El responsable del sector financiero de UGT también critica que haya entidades que aprovechen el pretexto de la sostenibilidad “para ponerle la etiqueta verde a todo y venderlo”.

Zonas ‘inasegurables’

A nivel global, en países como Estados Unidos hay zonas de riesgo (California por los incendios o Luisiana por las inundaciones) donde las aseguradoras directamente han limitado o cesado la emisión de nuevas pólizas. También existen áreas donde las compañías han aplicado aumentos indiscriminados de hasta el 50% en el precio de las primas y deniegan la posibilidad de asegurar determinadas propiedades en ciertas áreas.

En 2024 Europa registró las segundas mayores pérdidas aseguradas por inundaciones de su historia, con un coste estimado de 128.000 millones de euros, tal y como detalla un informe en el que participaron organizaciones como Greenpeace.

Durante el mismo año las aseguradoras europeas enfrentaron un incremento del 38% en siniestros atribuibles al cambio climático respecto a 2014. La Comisión Europea estima que las pérdidas sistémicas en los sectores financieros europeos oscilarán entre el 10% y el 15% del PIB en escenarios de inacción climática, lo que pone en riesgo la estabilidad de todo el sistema financiero.