Hacia otra política migratoria basada en los derechos humanos

¿Se imaginan tener que huir de sus casas, dejando atrás todo lo que conocen y les es querido? ¿Se imaginan dejar atrás guerra, hambre, torturas, represión, falta de oportunidades? ¿Se imaginan que en esa huida encuentran aún más penalidades: sed, hambre, condiciones climatológicas adversas e incluso la muerte, bien sea cruzando desiertos o el Mediterráneo en condiciones infrahumanas?

Si consiguen imaginarlo, hagan un último esfuerzo: imaginen que, cuando por fin creen que han llegado al lugar donde aspirar a una vida digna y lejos del sufrimiento, encuentran incomprensión, más vulneraciones de derechos humanos, encierro y condiciones indignas.

Pues esto es, a grandes rasgos, el día a día de muchas personas migrantes que llegan a nuestras costas. Una libertad fundamental como es la libertad de movimiento no solo no se respeta por parte del Estado español, sino que quienes tratan de ejercerla sufren una persecución inmisericorde.

En noviembre de 2017 llegaron a lo largo de varios días 571 personas procedentes de Argelia. Después de las penalidades sufridas hasta llegar a nuestro país, encontraron un destino que pocos esperarían: fueron trasladados a una cárcel. Y no se trataba de una metáfora, sino de una cárcel en el sentido más literal de la palabra. Una cárcel que todavía no estaba en funcionamiento y que de la noche a la mañana fue reconvertida en Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional. El hecho de que no hubiera sido puesta en funcionamiento no es menor: muchos de los servicios mínimos necesarios para atender las necesidades y cuidados de personas en situación de extrema vulnerabilidad no estaban garantizados.

La realidad, como era de esperar y así constatamos en la visita (no exenta de trabas) realizada al centro penitenciario Málaga II de Archidona, en la provincia de Málaga, fue incluso más cruda de lo que pensábamos. En los días iniciales los internos/reclusos no contaron con las condiciones mínimas de habitabilidad: ni agua potable corriente, sin ropa suficiente para vestirse, sin ropa de abrigo, cama o toallas, sin régimen establecido de visitas, apoyo psicológico, sin equipo médico permanente en el centro, sin equipo suficiente de traductores, sin acceso a teléfono (más allá de los que ellos portaran) y con dificultades para la asistencia letrada.

El gran reto político y social que tenemos por delante es abordar una nueva política migratoria que destierre al pasado oscuro de los CIEs

Cuando pudimos acceder al centro hubo varias cosas que nos chocaron inmediatamente: primero el frío que hacía. La ubicación, en una explanada en medio de la nada, le lleva a registrar temperaturas muy bajas en invierno; y los internos pasaban prácticamente todo el día a la intemperie, sin poder acceder a los módulos y sin suficiente ropa de abrigo.

Cuando llegamos nos informaron de que el día anterior se había licitado la compra de ropa de cama, toallas, mantas…pero ya habían pasado 10 días desde su llegada.

Pero esta visita nos depararía aún sorpresas muy desagradables como la imposibilidad de entrevistarnos con los internos a solas. Hacerlo teniendo delante a la misma unidad policial que está en el centro no suele ser el mejor escenario para mantener una conversación franca y abierta sobre lo que allí sucedía.

Y por último, lo que quizá más encendió nuestras alarmas: la gestión y contacto con los internos durante todo el tiempo se hacía por parte de agentes de la UIP, uniformados y equipados con material antidisturbios todo el tiempo. Fuera en el comedor, a la hora de despertarles o para llamarles cuando (por fin) conseguían recibir alguna visita. Es decir, a todos los efectos eran tratados como reclusos, como delincuentes que el Ministerio de Interior mantuvo encarcelados durante más de 40 días sin apenas garantías.

Mención aparte merece la cuestión de los menores internados en el centro. De la negación de los hechos inicial, el Ministerio de Interior pasó a la aceptación de algunos casos en cuanto estos se comprobaron. Hemos de recordar que este internamiento, como la deportación de algunos de ellos que se produjo, son ilegales. A otros se les trasladó de inmediato a centros de menores tras la intervención final del Defensor del Pueblo y el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que llegó a solicitar a España la paralización de deportaciones en tanto se resolvieran las denuncias de presencia de menores. La vulneración constante de derechos en el caso de menores fue así flagrante.

Y no sería lo único que sucedería alrededor de este espacio de indignidad en que se convirtió la Cárcel de Archidona. El 29 de diciembre nos despertábamos con la terrible noticia de la muerte de Mohammed Boubardala, joven argelino de 36 años. Este joven, junto a otros internos, estaba encerrado y aislado del resto de compañeros por las protestas del día anterior. La versión oficial hablaba de suicidio, sin que la familia y resto de internos encontrara ningún motivo para ello: ¿quién recorre tantos kilómetros y sufre tantas penalidades para venir a buscar la muerte aquí? No tenía sentido.

Las circunstancias de la muerte eran, cuanto menos, extrañas. Sin embargo la investigación quiso cerrarse lo antes posible e, incluso, en un alarde de total falta de respeto a los mínimos democráticos, se mantuvieron las deportaciones de internos que podrían ser testigos claves de la investigación.

Todo daba igual: estábamos en mitad de las vacaciones de Navidad y había que aprovechar el periodo de desconexión en la opinión pública para cerrar a la mayor brevedad el asunto.

Sin embargo, para muchas personas y organizaciones olvidarlo no iba a ser tan sencillo. Hubo casi permanentemente concentraciones en la puerta del centro, los equipos jurídicos trabajaban sin descanso tanto en la asistencia letrada como en la vigilancia del cumplimiento de la legalidad en el caso de deportaciones. También a la hora de tratar de esclarecer la muerte de Mohammed. Por nuestra parte, desde IU apoyamos la denuncia jurídica, personándonos en la causa de la muerte del joven argelino, así como desde el Congreso tratamos de acompañar el proceso con incontables peticiones de comparecencias, de reprobación del Ministro e incluso impulsando la puesta en marcha de una comisión de investigación. Esta última la planteamos no solo sobre lo sucedido en Archidona, también queríamos que se investigara a fondo la vulneración de derechos humanos en la política migratoria española de estos años, tanto en centros de internamiento como en la primera acogida en costas, allá donde según organizaciones como CEAR se mete en calabozos también a menores y víctimas de trata.

A poco que conozcan cómo se las gasta nuestro Gobierno, podrán suponer que nada de esto llegó a buen puerto. En el caso de la Comisión de Investigación, su rechazo se produjo con el concurso de otras fuerzas políticas, como PSOE y Ciudadanos, que resultaron colaboradores necesarios del Gobierno del PP en conseguir que el velo de silencio sobre las vulneraciones de derechos humanos en nuestro suelo y en nuestras costas siga cubriéndolo todo.

A primeros de enero ya no quedaba nadie en el centro penitenciario de Archidona. En esas mismas fechas, noticias desde un enclave fronterizo donde la impunidad del PP es aún mayor, nos llegaban trágicas noticias. La muerte de dos menores en Melilla, en distintas circunstancias y centros, bajo tutela de las autoridades de la ciudad autónoma, nos volvía a sobrecoger. Y llegaron las denuncias de lo que allí ocurría: se decía que había hacinamiento en centros que cuadriplicaban su capacidad, falta de espacio de ocio, de limpieza, de ropa de abrigo. En definitiva, falta de todo aquello que puede permitir una vida digna.

Fuimos a conocer qué sucedía allí y, de nuevo, la realidad nos dio de lleno en la cara. Lo que contaban era cierto. Y quizá se quedaron cortos. Jóvenes que prefieren dormir en la calle, esperando una oportunidad para saltar en el puerto a un barco que les lleve a la Península y, así, tener una opción de una vida mejor, a estar en centros sobresaturados donde dejar morir las horas. Jóvenes que no encuentran estímulo, acompañamiento ni los cuidados suficientes que ha de proveer el tutor de cualquier menor. En su caso, la Consejería de Bienestar Social de Melilla y, en su nombre, el Consejero Daniel Ventura, quien no solo ni garantiza esos mínimos sino que, además, ha saltado a la palestra como ejemplo de cinismo e incomprensión ante lo que ocurre, atacando a la familia del último joven fallecido describiendo de manera terrible tanto al muchacho como a sus padres.

Y, por si faltaban algo en esta espiral de vulneración de derechos y maltrato a las personas migrantes, llega la respuesta del gobierno. Para evitar que sigan jugándose la vida saltando a los barcos que zarpan hacia la península, se van a levantar concertinas en el Puerto de Melilla.

Imaginen que, cuando por fin creen que han llegado al lugar donde aspirar a una vida digna y lejos del sufrimiento, encuentran incomprensión, más vulneraciones de derechos humanos, encierro y condiciones indignas.

Volvimos a la denuncia, a activar herramientas parlamentarias, a pedir comparecencias…pero sabiendo que esto no es posible seguir abordándolo de manera parcial. Porque no es un problema de Melilla, de Archidona, del Ministro Zoido o del inefable Sr Ventura: es un problema de política migratoria basada en la xenofobia, el racismo y el capitalismo más atroz.

Y también, claro que sí, de aporofobia. El miedo al pobre, al diferente, al extranjero sin recursos. El miedo a quien no habla o viste como nosotros, pero sobre el que no tenemos mucho problema en volcar lo peor de la precariedad laboral, en explotarles en algún campo en Almería o Huelva y desecharles en cuanto no nos sirven.

Una política migratoria que prefiere ocultar tras los muros a quien viene de otras latitudes para conseguir que no les veamos como iguales con las mismas necesidades y derechos que nosotros. Con la misma sed de dignidad y de futuro.

El gran reto político y social que tenemos por delante es abordar una nueva política migratoria que destierre al pasado oscuro de los CIEs, de las miles de muertes en el Mediterráneo, la gran tragedia de nuestra época, y que dejemos atrás de una vez la política de violación de los derechos humanos de las personas migrantes, de los perseguidos, de los más pobres.

Política migratoria basada en criterios de humanidad, de comprensión y de atención a las víctimas de las guerras, el hambre, los desastres climáticos y el capitalismo que expulsa sin dudar a las personas de sus casas. Ahí, en el maravilloso reto de construir una política basada en los derechos humanos, nos encontraremos con lo mejor de la sociedad, con tantos activistas y ciudadanía comprometida que ya está dejándose su esfuerzo, su tiempo y sus talentos en mejorar la vida de tantos y de tantas. Una lucha en la que a menudo se consiguen pequeñas victorias y avances que hemos de contarnos unos a otras para animarnos. Porque a la vez que somos capaces de imaginar las dificultades y necesidades de quienes lo arriesgan todo por llegar a Europa, somos también capaces de imaginar otro mundo donde se pueda llegar a respetar la libertad de movimiento en el mundo. Y al imaginarlo lo anticipamos.

Nos sabremos unidos en la tarea. Y, entonces, será ya irresistible la llegada de una sociedad más digna y justa para todxs.

Texto: Eva García Sempere