Perder a tu hijo por ser vegana: las prácticas en tutela de menores del IMAS de Mallorca

Àngel cumplió 11 años el 14 de junio. Es el quinto cumpleaños que pasa separado de su madre. Es uno de los 1.688 niños con expediente abierto por el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de Mallorca.

En su caso, la administración asumió la tutela en enero de 2014, cuando tenía 6 años y siete meses de edad. Una denuncia que partió de sus abuelos provocó que, mientras estaba de vacaciones en Mallorca con su madre, los servicios sociales se presentaran en su casa y se lo llevaran.

“A mi hijo me lo quitaron el viernes 17 de enero de 2014, cuando llevábamos ya cuatro años viviendo en Escocia. El IMAS, que depende del Consell de Mallorca, ni siquiera tenía competencia sobre nosotros porque éramos residentes británicos”, explica a El Salto su madre, Cristina López, quien está en huelga hambre desde el 29 de mayo reclamando que le devuelvan a su hijo. Cristina envió una carta anunciando su protesta a Serafín Carballo, actual director de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor en Baleares y extrabajador en el IMAS. “Me dijo que lo hizo extensible al IMAS, pero en ningún momento nadie se ha preocupado por mí ni han activado los protocolos ante una huelga hambre”, afirma.

Según relata López, la pérdida de la custodia partió de la mala relación que tenía ella con sus padres. Piloto de avión comercial de formación, en 2010 decidió irse a vivir a Escocia con su hijo, que entonces tenía 3 años. Durante una visita a Mallorca en 2011, una pelea familiar acabó con una denuncia por maltrato. “Mis padres siempre me han maltratado, los dos, y él encima tiene el añadido de que era el policía del pueblo en el que vivía, Esporles. Nunca había denunciado por eso, pero en esa ocasión se había puesto agresivo también con mi hijo, y le denuncié”, relata.

El tiempo pasó y en 2014, cuando volvió a pasar unos días en Mallorca junto a su hijo, tres días antes de la fecha de vuelta a Escocia, el 17 de enero de 2014, llegaron a la casa varios agentes de policía.

“Tocaron a la puerta y abrí, me dijeron que me tenían que dar un papelito, pero cuando abrí no había papelito. Nos dijeron que teníamos que ir con ellos en el coche a la oficina”, recuerda López, quien detalla cómo los agentes entraron tirando la puerta abajo y le arrancaron a su hijo “con tanta violencia que le rompieron el jersey”.

Tras llevarse a su hijo le dieron un papel en el que ponían que el IMAS había declarado a su hijo en situación de desamparo. “Por mucho que mis padres me habían amenazado con robarme a mi hijo, nunca me pude hacer a la idea de que ellos ni la Administración lo fueran a hacer”.

El niño fue enviado a un centro de menores. López afirma que, durante los dos meses siguientes, estuvieron totalmente incomunicados. “No sabía ni dónde lo tenían ni me dejaban hablar con él por teléfono”, relata López. Después de esos dos meses, les dejaron hablar por teléfono. Y, más adelante, les dejaron estar juntos una hora a la semana bajo supervisión en una sala del Consell de Mallorca. “Al niño lo llevaban del centro o del colegio en furgoneta, lo metían en una sala y nos veíamos ahí bajo la supervisión de una chica que escribía lo que interpretaba de esa conversación. Fue una tortura psicológica. No te dejan jugar, no te dejan tirarte al suelo, ni hablar de nada que no les interese, como de sus amigos de Escocia. Todo es para romper los vínculos materno-filiales, para robarle su vida anterior. Ni siquiera nos dejaban hablar en inglés, que era su idioma”, continúa.

El menor pasó por dos centros de menores diferentes antes de que el IMAS les diera su custodia a sus abuelos, a pesar de que el padre de Cristina tiene una orden de alejamiento por maltrato a su hija. Desde entonces, Cristina afirma que están aún más incomunicados. “Vivimos en el mismo pueblo, de 4.000 habitantes, a un kilómetro de distancia y no nos dejan vernos. Ni siquiera llevan al niño al colegio a pie para que no nos crucemos”.

Desde El Salto nos hemos puesto en contacto con el IMAS. El técnico encargado del caso ha declinado responder, derivando la comunicación al departamento de prensa del organismo, y este también ha rechazado manifestarse sobre este caso en base a la Ley de Protección de Datos.

Retirada de tutela por ser vegetariana

“Mis padres fueron al Consell de Mallorca a decir que yo tenía problemas psicológicos, que era vegetariana —aunque en realidad soy vegana—, que utilizo todo lo alternativo, pero, cuando me lo quitaron, mi hijo era un niño feliz, sano y alegre, y todos los informes decían que estaba perfecto, que no presentaba ningún problema”, afirma López, quien resalta que, en el papel que le anunciaba la retirada de la custodia, uno de los argumentos esgrimidos eran los “constantes cambios de domicilio que afectan a la estabilidad del menor”. “Mi hijo nunca había hecho constantes cambios de domicilio, solo fuimos de Mallorca a Escocia, y ahora ya ha pasado por dos centros de menores y también ha cambiado de colegio”.

López presentó una denuncia ante los juzgados, que ganó. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Palma de Mallorca, con fecha 8 de octubre de 2014, señalaba la condena por maltrato del abuelo y las irregularidades en el proceso emprendido por el IMAS siendo el niño residente en Escocia. “Resulta harto infrecuente que el IMAS se ocupe de la presunta desprotección de un menor residente en Escocia, aprovechando para ello su corta estancia de vacaciones en Mallorca”, apunta el escrito, al que ha tenido acceso El Salto.

La sentencia señala también el argumento presentado para la retirada de custodia —“se pone de manifiesto la discutible conducta de la demandante, algunas de cuyas creencias inciden negativamente en la educación y socialización de su hijo. La actora es vegana en su alimentación, naturista en sus costumbres y homeópata en su atención médica”— y desmiente, basándose en un informe de la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Son Espases, las supuestas alteraciones psiquiátricas afirmadas desde el IMAS.

Sin embargo, aunque la sentencia ordenaba la restitución de la patria potestad de su hijo, el IMAS no lo llevó a cabo. El organismo recurrió y ganó el juicio en Segunda Instancia.

Un programa sin fin para recuperar a su hijo

“La última técnica del IMAS con la que hablé me dijo que ella no tenía por qué devolverme a mi hijo hasta los 18 años, que ella trabajaba con los acogedores, no con las madres”, afirma López.

Desde que le quitaron a su hijo relata que la obligaron a ir al psicólogo, y fue. También a no acercarse al centro de menores. “Por seguir su plan, con la esperanza de que me devolvieran a mi hijo si lo cumplía, ya son cinco cumpleaños de mi hijo que no nos dejan vernos. Tú piensas que, si cumples el plan, ellos te lo van a devolver, pero no”, lamenta.

Ese plan de trabajo se lo presentaron en 2015, un año después de que el IMAS asumiera la tutela de su hijo, y tenía una duración de un año. “En mi caso no había ningún plan de trabajo y todo lo que pedían que hiciera ya estaba hecho, había ido a la psicóloga, me había mantenido alejada l centro de menores”.

Margalida Llinas, psicóloga que ha atendido a López, explica también cómo esta ha cumplido todas las condiciones planteadas desde el IMAS: “El IMAS hizo un plan de trabajo para recuperar a su hijo y Cristina lo ha cumplido completamente y aun así no se lo quieren devolver, y le presentan otro, es un no acabar”.

Ella misma fue a hablar con el IMAS sobre el caso del hijo de Cristina. “No me trataron mal, pero tampoco bien. Me dijeron que Cristina hiciera terapia conmigo, pero ya hemos hablado mucho y no he visto que tenga ningún problema de comportamiento ni nada que, ni mucho menos, justifique que le retiren la tutela de su hijo. Cristina no tiene ningún problema, el único que tiene es que está dolida porque le han quitado a su hijo, y eso es lo que está en el informe”, reitera.

En 2016, viendo que el IMAS no le devolvía la tutela de su hijo habiendo cumplido el plan de trabajo planteado, López presentó un procedimiento civil. El Juzgado de Familia lo rechazó. López explica que ni siquiera se llegó a celebrar el juicio ya que el abogado del organismo mallorquín convenció al juez de que era una causa ya juzgada.

López apeló el archivo de la causa y actualmente está a la espera de saber la decisión de la Audiencia Provincial de Mallorca sobre el caso, decisión que tomarán el próximo martes. “Esto puede ser el fin de la pesadilla”, dice con esperanza Cristina.

La Audiencia Provincial ya dió la razón a Cristina López ante el IMAS el pasado año, cuando la entidad decidió suspender el régimen de visitas a su hijo.

Cristina López continúa su huelga de hambre. Algunos días acude con una pancarta frente a la sede del Consell de Mallorca. “Nadie ha tenido la decencia ni siquiera de salir a hablar conmigo, pero no voy a parar hasta que me devuelvan a mi hijo”, concluye.

1.688 niños con expediente en el IMAS

El caso de Cristina López y su hijo no es el único, según explica la doctora en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas María Luisa Santamaría Pérez. Ella misma ha sido afectada por las prácticas del IMAS, pero en calidad de familia acogedora. “Me encontré con una enorme rigidez en la administración, pero cuando entré a conocer estos temas, a raíz de la experiencia que había tenido, rascando un poco me di cuenta de que lo mío era peccata minuta comparado con lo que te encuentras.

En su tesis doctoral, “La delimitación del bien superior del niño ante una medida de protección institucional” , aprobada en 2017 cum laude por la Universidad Internacional de Catalunya, recoge cerca de 15 casos recientes en los que el IMAS ha retirado la tutela de sus hijos a sus padres por causas no justificadas.

“Son casi todos casos de Mallorca, pero también hay algunos de otros sitios del Estado”, puntualiza Santamaría. “Son todos casos muy parecido”, continúa.

En estos casos se ve cómo en muchas ocasiones la situación de pobreza se utiliza como argumento por la entidad para retirar custodias. Fue el caso de Servio [nombre ficticio] o de los hijos de P.C. En el primer caso declaración de desamparo contenía entre otros indicadores, la “negligencia grave en el cuidado del menor por falta de vivienda, por situación económica, laboral y de vivienda de absoluta precariedad de sus padres”. En el segundo, la inestabilidad económica de la madre.

“¿No es precisamente la función de los servicios sociales la de ayudar a familias en dificultades en lugar de declarar el desamparo de sus hijos?”, se pregunta Santamaría en la tesis. “Se puede justificar que la Administración Pública invierta recursos económicos en mantener a los hijos de una familia alejados de su entorno familiar (500 euros mensuales por niño en acogimiento familiar temporal en Mallorca, en lugar de invertirlos en ayudar a la familia”, continúa.

En varios de los casos tratados también se repite la alegación, por parte del IMAS, de un supuesto trastorno mental sin que esta conclusión se apoye en ningún informe psicológico o psiquiátrico, o que la madre haya tenido episodios de maltrato con parejas anteriores.

Según la última memoria anual del IMAS, correspondiente a 2016, en este año 451 menores de los 1.688 con expediente abierto, este partió de una situación de “negligencia o abandono físico”, el motivo más repetido en la memoria.

Y ¿qué se incluye en este cajón de sastre? El documento del IMAS cita en este apartado la falta de higiene, aspecto físico descuidado, mal olor, llevar ropa inadecuada, absentismo escolar, que los padres no acudan a las reuniones del colegio o que el menor haya tenido episodios de vandalismo, racismo o xenofobia, entre otros muchos supuestos entre los que no estaba incluida la situación de pobreza expresamente.

“En 2015 hubo una reforma legislativa por la que se excluyó explícitamente que la pobreza pueda ser causa para retirar la custodia de un menor a su familia”, recuerda Santamaría. Sin embargo afirma que, aun ahora, no solo en el IMAS sino en el resto de organismos autonómicos la pobreza sigue siendo excusa para quitar hijos a sus familias. “Es una cosa sorprendente, tienen todos un mismo patrón, es casi una cuestión de ideología, porque es pensar que un niño, porque su familia no tiene dinero, no puede estar con sus padres”.

Santamaría señala también la forma en la que tratan a las familias. “Se les cuestiona todo, su forma de vida, incluso se les hace creer que nada de lo que hacen es correcto”. También apunta como, aun llegando a instancias judiciales y cuando estas dan la razón a los padres, sigue siendo difícil recuperar la patria potestad sobre un hijo cuya tutela ha sido retirada por la administración. Cita como ejemplo el caso de Walter, menor tutelado a raíz de un supuesto caso de maltrato que después quedó desmentido por sentencia judicial pero que no ha vuelto a reencontrarse con sus padres.