Lo que España puede aprender de Argentina en políticas de memoria

El Parque de la Memoria de Buenos Aires se encuentra a pocos minutos del Monumental, el estadio de River Plate, y si a uno le da por visitarlo en el verano porteño lo normal es que muera de humedad. Más allá de las esculturas de diferentes artistas contemporáneos argentinos, un centro de interpretación y otro de exposiciones temporales, el monumento principal del parque son las cuatro estelas de hormigón en la que figuran, ordenados por año y alfabéticamente, los nombres de 8.8717 desparecidos (una tercera parte de los 30.000 desaparecidos que reclaman las organizaciones de derechos humanos argentina): 7.664 durante la dictadura militar de 1976-1983, el resto repartidos entre los cuatro gobiernos peronistas y los gobiernos militares del periodo 1969-1973.

El pasado abril el ahora ex presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, visitó Argentina y fue acompañado por el presidente de la República, Mauricio Macri, en un recorrido por dicho parque. Rajoy firmó en el libro de honor, escribiendo: “Mi testimonio de admiración y reconocimiento a todos los que dieron su vida por la libertad y los derechos de todos”. En la rueda de prensa posterior un periodista le espetaba la pregunta inevitable, que cualquier defensor de la memoria histórica se estaría haciendo contemplando aquél momento: “Presidente, ¿va a hacer algo con los crímenes del franquismo?”.

¿Qué tiene Argentina que no tenga España para ser capaz de enfrentar con más salud su pasado no democrático?

¿Qué tiene Argentina que no tenga España para ser capaz de enfrentar con más salud su pasado no democrático? ¿Qué lleva a que Rajoy se arriesgue a quedar en evidencia visitando un monumento que no tiene equivalente en España mientras al otro lado del Atlántico el mausoleo del Valle de los Caídos permanece como parte del Patrimonio Nacional con idéntico tratamiento al de El Escorial o el Palacio Real de Madrid?

Para Amy Rice, hasta este marzo representante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Ente Público Espacio Memoria, se trata de “contexto y el consenso social” como la fuente de las diferencias de Argentina respecto a otros países. Como ejemplos más palpables, la movilización anual de cada 24 de marzo, aniversario del golpe y Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, que en 2017 el presidente Macri intentó convertir en “feriado movible”, teniendo que recular ante el rechazo social. Aún más evidente, la marcha atrás y el consenso de los partidos alrededor del polémico “2x1”, un fallo de la Corte Suprema que permitía reducir condena a los represores de la Dictadura encarcelados, y que apenas se aplicó después de las manifestaciones del año pasado.

La antigua Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) es otro de los símbolos tanto de la Dictadura cívico-militar —autodenominado Proceso de Reorganización Nacional—. En el centro de detención y tortura ilegal del que partieron gran parte de los llamados “vuelos de la muerte”, actualmente funciona el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Se encuentra a apenas media hora caminando del Parque de la Memoria. En 2016 el centro presentó su candidatura a Patrimonio de la Humanidad.

“La gran diferencia con España es la naturalización del Franquismo” que se ha traducido en “una cultura de la impunidad tan arraigada que no escandalizan tantas anomalías democráticas”

Desde España nos atendió Manuela Bergerot, especialista en Políticas de Memoria Democrática, nacida en Argentina pero criada desde los dos años en España al tener que huir sus padres de la dictadura y que ha investigado las similitudes y diferencias entre el Archivo Nacional de la Memoria de Argentina y el Centro Documental de la Memoria Histórica de España. Sostiene que “la gran diferencia con España es la naturalización del Franquismo” que se ha traducido en “una cultura de la impunidad tan arraigada que no escandalizan tantas anomalías democráticas”.

Y lo desarrolla: “Franco no perdió, no hubo depuración en los órganos represivos de la dictadura, sigue vigente la Ley de Amnistía y el derecho cívico a la Memoria en España ha sido reducido al plano de la intimidad, eximiendo a la Administración de cualquier responsabilidad. Al contrario que Macri, “el Gobierno puede estrangular económicamente la ley de Memoria porque han construido simbólicamente la democracia sobre el hito fundacional de la Transición que conllevó un pacto de silencio”. El miedo “atravesó a varias generaciones, logrando una desideologización política de la sociedad española”.

Para Rice “el caso argentino es muy diferente por lo que la dictadura significó en término de resistencia y organización ya durante la misma. El movimiento de las Madres de Plaza de Mayo o el de familiares de desaparecidos se dieron en plena dictadura, y se exigió la aparición con vida y la no impunidad”. Por ello “no es lo mismo pensar un espacio de Memoria y derechos humanos cuando los genocidas que cometieron los delitos en estos lugares están en la calle, que cuando no lo están porque hubo juicios, porque el Estado, desde la instancia judicial, reconoció que se cometieron delitos y llevo adelante condenas en ese sentido”. 

“El pueblo argentino sabe que hubo un Estado que condenó el terrorismo, que institucionalizó la memoria recogiendo las demandas de las víctimas y eso hay que defenderlo”

Bergerot opina que es “es a la inversa: la movilización social es el resultado de las políticas de memoria. Hay una construcción de una cultura de los derechos humanos que es irreversible, el pueblo argentino sabe que hubo un Estado que condenó el terrorismo, que institucionalizó la memoria recogiendo las demandas de las víctimas y eso hay que defenderlo”.

Para la hispano-argentina la diferencia es que en nuestro país “las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura no han sido reconocidas como tal, porque la derecha desde la Transición se apropió del significado de víctima. Solo la de ETA es la víctima ‘válida’, la que ha sido reconocida y reparada institucionalmente. En cambio a las víctimas del Franquismo se les niegan derechos fundamentales, que sumado a una administración que ha relegado la memoria al espacio privado, lo saca de la esfera pública”.

Así, en Argentina, recuerda Rice, “esto no quiere decir que no haya voces que discutan, por ejemplo, el número de desaparecidos”, la cuestión es que “nadie discute el hecho de que hubiese desaparecidos”, ni siquiera los altos funcionarios del Gobierno de Macri. Mientras, en España, Bergerot señala a los partidos y sindicatos de izquierdas, ya que “cada uno tiene su grado de responsabilidad en que hoy todavía por ejemplo haya 114.226 personas en fosas comunes. Han tenido muchas oportunidades siendo Gobierno de implementar políticas públicas de Estado, casos concretos como la desclasificación de fondos documentales de archivos públicos o la derogación de la Ley de Amnistía”.

En Argentina el rechazo a la dictadura “es de los temas que ha logrado mayor consenso social. Si la Corte Suprema declaró en 2001 la inconstitucionalidad de los indultos y de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue porque había consenso social”, apunta Rice. La idea de que existió el terrorismo de Estado “tiene respaldo judicial, no solo en Argentina, sino tribunales internacionales o de España, Francia o Italia”.

En España, concluye Bergerot “las políticas públicas de memoria deben trascender los homenajes como máxima expresión”. Los partidos de izquierdas “tienen la responsabilidad de recoger esos valores y superarlos. De reparar primero a sus antecesores”, como la anulación sentencias franquistas, reparaciones económicas… “y trascender esos valores, para construir el futuro por el que los antepasados hubieran luchado”.

Porque, en última instancia, la pregunta que podría sobrevolar este texto es: ¿un presidente de cualquier partido de izquierdas español habría podido responder mejor que Rajoy a la pregunta en el Parque de la Memoria?