“Trabajo para el Ayuntamiento de Madrid a través de una empresa pirata, Arjé”

Durante el último año, Salvador Esteban ha recorrido casi todos los días el par de kilómetros que separa la entrada del Parque de El Retiro en la calle Felipe IV hasta la que se abre en Menéndez Pelayo, junto al hospital del Niño Jesús. No lo ha hecho solo, sino acompañado por alumnos de 3º y 4º de Primaria, de 8 y 9 años, a quienes durante el paseo les enseñaba cuestiones concretas del parque con una perspectiva educativa orientada también al respeto por el medio ambiente y la preservación de las especies. Anteriormente lo hizo asimismo por recorridos a través del Madrid de los Austrias.

Esteban trabaja dos horas al día, de lunes a jueves, como guía cultural para el programa Madrid, un libro abierto, elaborado por el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, dirigida por Marta Higueras. Pero Esteban, como el resto de empleados en este proyecto, no cobra su nómina desde septiembre. “Arjé Formación S.L. es la que gestiona la contratación de trabajadores y el pago de los mismos, que ahora no está ocurriendo. Trabajo para el ayuntamiento a través de una empresa pirata”, explica a El Salto.

El 8 de noviembre, Arjé comunicó mediante un correo electrónico dirigido a su plantilla —compuesta en ese momento por unos 250 trabajadores después del goteo de despidos ejecutado por esta empresa, que en junio del año pasado contaba con 700 empleados y actualmente solo mantiene a 40— que iba a haber retrasos en el pago de la nómina de octubre, alegando falta de liquidez. Pero a octubre se sumaron noviembre y diciembre, y el retraso se convirtió en impago. “El personal de gestión y administración sí ha cobrado”, matiza Esteban.

Ante esta situación, en diciembre los trabajadores que aún no habían sido despedidos o cedidos a otra empresa —es el procedimiento por el que Arjé se está desprendiendo de muchos de ellos, subrogando a otra compañía el proyecto, los trabajadores y la deuda contraída— llevaron a cabo varias jornadas de huelga, que retoman el lunes 14 de enero con una convocatoria de huelga indefinida, y han emprendido acciones legales.

“Lo que se busca con la huelga es cobrar —explica María Rodríguez, la delegada de personal de Arjé Formación, del sindicato Comisiones Obreras—. Los 40 trabajadores que quedan ahora mismo en la empresa, cinco de la estructura y 35 del único servicio que o no se ha cedido o no se ha renunciado unilateralmente a él, que es Madrid, un libro abierto, estamos sin cobrar”.

El limbo en el que se encuentran los trabajadores de Madrid, un libro abierto obedece, según la representante de la plantilla, a que la ley de contratación no permite que se pueda ceder el servicio de una empresa a otra hasta que no se haya facturado el 20% o ejecutado un quinto del tiempo de servicio. Lo que, en su caso y a diferencia del resto de proyectos licitados a Arjé que han acabado cedidos a otras empresas, no se ha producido.

Para ella, una solución a mano para el Ayuntamiento de Madrid sería “suspender el servicio por mala ejecución de la empresa y que estos trabajadores pasaran directamente subrogados a la siguiente empresa. Lo que nos tememos es que estos trabajadores tengan la misma solución que han tenido otros muchos y que, en el proceso de cesión, la empresa interesada no vea negocio y acaben en la calle”.

Más allá de las irregularidades laborales, Rodríguez apunta a otra cuestión muy delicada que atraviesa a las externalizaciones de este tipo: “No solamente se trata de 30 trabajadores, sino de un servicio público que afecta a 30.000 niños, que es el volumen de alumnos que pasan cada trimestre por estas actividades educativas complementarias”.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid reconocen a El Salto que son conscientes de la problemática causada por Arjé y que los distritos más afectados son Ciudad Lineal, Carabanchel, Salamanca, Vicálvaro y Villa de Vallecas. “En algunos distritos se ha cedido el contrato a otras empresas, cuando no es posible se están llevando a cabo otras acciones que incluyen penalizaciones por incumplimiento”, aseguran, al tiempo que dirigen la responsabilidad por los impagos al tejado de la empresa: “Todos los servicios prestados han sido abonados por nuestra parte, por lo que entendemos que no hay razonamiento ninguno para el impago a empleados por parte de Arjé”.

Subasta de servicios públicos: adjudicado a quien menos pague a la plantilla

En los últimos años, Arjé Formación ha ido acumulando numerosos contratos para realizar servicios educativos y culturales en varias administraciones públicas en la Comunidad de Madrid, no solo en la capital sino también en consistorios como los de Leganés o Coslada. Su oferta para ganar las licitaciones sacadas a concurso por los ayuntamientos se basa en una receta infalible: reducir el coste del servicio para la administración, rebajando para ello las condiciones laborales todo lo que pueda y más.

Por esta vía, muchas actividades de centros culturales como clases o talleres, y otras relacionadas con la intervención social en distritos de Madrid y en ciudades periféricas han acabado gestionadas por esta empresa. “La responsabilidad es de Arjé, que no nos paga, pero la responsabilidad del Ayuntamiento está en por qué se concede el servicio a esta empresa”, señala Salvador Esteban, quien entiende que “al hacer una licitación pública se debe estudiar la viabilidad económica de la empresa, y Arjé no ha presentado datos económicos desde 2015, referidos a 2014”.

Entre septiembre de 2017 y el 21 de diciembre de 2018, Daniel García trabajó para Arjé como educador social y coordinador de un centro integrado de menores en Ciudad Lineal, dentro del proyecto de actividades complementarias a la educación social en este distrito.

Ante los impagos —aún le deben la nómina de diciembre— y a la espera de que se resolviera la cesión a otra empresa, que será quien le pague esa deuda, decidió dejarlo.

García recuerda que Arjé ganó el concurso público para ese servicio en septiembre de 2017, “tras hacer una bajada económica del 22%, por lo que se llevó muchos puntos, no así en la parte técnica, que no la ganó” y también que en los primeros meses no tuvieron grandes problemas con la nueva adjudicataria de un proyecto anteriormente realizado por la asociación La Rueca. En su caso, sí perdió con el cambio: Arjé no le situó bajo el grupo de cotización que le correspondía, por lo que cobraba unos 150 euros menos al mes.

Pero en verano de 2018 empezaron las turbulencias. La nómina de agosto la cobraron a finales de septiembre. “Entonces nos enteramos de que era un problema generalizado en toda la empresa, con impagos, cesiones de proyectos a otras empresas, en concreto Grupo Educativo, porque no podía hacerse cargo de ellos y debía nóminas desde junio”.

En su opinión, “el responsable último, y subsidiario, son las administraciones porque no dejan de ser servicios públicos que han externalizado. En la mayoría de casos, las administraciones se han lavado las manos, incluyendo servicios esenciales de centros de día de menores o servicios de intervención familiar. Ellos han subrogado y no han querido saber absolutamente nada de qué pasaba con las personas y con los trabajadores”.

Sin embargo, reconoce que la Junta de Ciudad Lineal presionó a Arjé para resolver la situación, “porque les afectaba muy directamente”, y recuerda que hubo reuniones para agilizar una posible solución, que finalmente fue la cesión a otra empresa. “Pero no tuvimos ninguna comunicación —lamenta—, únicamente el mensaje generalizado de correo electrónico cuando empezaron con los impagos”.

Una historia repetida

Con la callada por respuesta tras la huelga, algunos trabajadores de Madrid, un libro abierto se dirigieron a las oficinas de Arjé a finales de diciembre. Lo que allí vieron, una vez conseguieron entrar después de muchos intentos, fue el retrato de un desguace. En parte, ninguna sorpresa. “Estaban desmantelando la oficina, estaban empaquetando hasta los espejos. Nos comentaron que se han trasladado a un polígono industrial y que ya nos facilitarán la dirección”, afirma Esteban.

La historia de cómo Arjé acaparó multitud de servicios públicos y acabó dejando en la estacada a trabajadores recuerda poderosamente a otra protagonizada por una empresa con un nombre similar: Art-Stij, que en mayo de 2004 despidió a 156 profesores a los que debía una nómina y dejó a más de 5.000 alumnos sin clase en los seis centros culturales que gestionaba en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Lo que pasó y el nombre no son las únicas cosas que se parecen sospechosamente en ambos casos. Hay otra. Rosa Olmos, apoderada y directora general de Arjé, figuraba como administradora de Art-Stij y fue quien obtuvo la concesión municipal para esa empresa que se dio a la fuga en la primavera de 2004.