Juicio del 1 de Octubre
29 personas del mundo universitario, literario y activista se autoinculpan junto a los Jordis

29 personas del mundo del periodismo y activismo han acudido hoy a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para autoinculparse junto a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes en 2017 de las orgnizaciones civiles Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural y dos de las doce personas que están siendo juzgadas en el Tribunal Supremo en relación al referéndum en Catalunya y las movilizaciones del 20 de septiembre. Entre los firmantes de la autoinculpación están los escritores Santiago Alba Rico, Manuel Rivas, Belén Gopegui y Guillem Martínez; el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y objetor insumiso Pedro Oliver Olmo; los profesores de la Universidad Complutense Jorge Riechman y César Rendueles; el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y objetor insumiso Víctor Sampedro, o Pepe Beunza, primer objetor insumiso al servicio militar obligatorio.

“Dos millones de desobedientes civiles acudieron a la convocatoria del 1-O de 2017 en Cataluña, incluidos los casi 200.000 votantes del no, 50.000 en blanco y 20.000 nulos. El significado de haber votado el 1-O, cualquiera que fuese la papeleta, resulta inequívoco. Casi la mitad del censo electoral catalán desobedeció a las instancias máximas de España: pusieron urnas, papeletas y cuerpos para hacerse oír en un acto de protesta multitudinario”, relata el manifiesto leído hoy frente a los juzgados de Plaza de Castilla. “Una parte importante de la sociedad catalana rebasó a las fuerzas de orden público, desafió el miedo a los antidisturbios. Lo hizo de forma pacífica, pública y manifiesta, sin máscaras. Aguantaron porrazos y no huyeron de las posibles responsabilidades penales. Hablamos de desobedientes civiles, de votantes insumisos. La insumisión es una opción democrática de dilatada trayectoria”, continúa el manifiesto, en el que se recuerda los logros conseguidos: “La mili fue derribada por jóvenes que sufrieron penas de cárcel, inhabilitación para cargos y funciones públicas, multas, prohibición del carnet de conducir y pasaporte: ‘la muerte civil’, según el Ministerio de Defensa de aquel momento”.

“En el juicio al Procés, una clase política enjuicia a otra tal vez muy parecida. Pero también se enjuician derechos que nos pertenecen y que es preciso defender, como el de manifestación, el de reunión, el de asociación, o el derecho a la disensión, a no estar de acuerdo, a defender políticas que los gobiernos se niegan, siquiera, a discutir”, sigue el manifiesto. “Debemos volver a desobedecer ante lo que no es justo”, subraya, tras lo que animan al resto de la sociedad civil a auto inculparse con ‘los Jordis’ o emplear esta herramienta para solidarizarse con otros presos y encausados por el Procés o la Ley Mordaza.

En la denuncia presentada ante los juzgados de Plaza de Castilla se apunta que el hecho que se les imputa a lo Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, “ se centra en haber favorecido e impulsado una movilización popular en Cataluña, a través de convocatorias y soflamas, a favor de la participación política y del nacimiento de la república catalana”. En particular, apuntan la acusación de haber convocado manifestaciones el día 20 de septiembre.

“Los abajo firmantes no estamos necesariamente de acuerdo con los fines políticos que éstas defendían ni las razones de la protesta. No obstante, entendemos que toda esta movilización social responde a un legítimo ejercicio de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución”, continúa el texto de la denuncia, citando los derechos de asociación, reunión, manifestación y libertad ideológica y de pensamiento. “En este escenario, el enjuiciamiento de los señores Sánchez Picanyol y Cuixart Navarro encubre la criminalización de la disidencia política. El mero hecho de llevar a juicio a quienes se han manifestado pacíficamente en pro de un objetivo político lamina los fundamentos de nuestra democracia, en la línea de otras recientes iniciativas dirigidas a restringir el uso de estos derechos fundamentales, como la conocida como Ley Mordaza”.

El texto propone que, si la justicia depura responsabilidades penales por el ejercicio de derechos fundamentales, se valore ,la apertura de una causa penal contra las personas que firman esta denuncia.

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