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Sección Segunda de la Propiedad Intelectual: más poder, mínima transparencia

Nuevo acuerdo por la vía rápida entre PP, PSOE y Ciudadanos y luz verde para el Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual. La Comisión de Cultura del Congreso dará a la conocida en los días de su creación como Comisión Sinde, mayor poder para requerir el cierre de una web e imponer sanciones por la difusión sin ánimo de lucro de material con copyright. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá interpretar la existencia de reincidencia para apercibir, bloquear e imponer sanciones a las páginas intervenidas.

El nuevo texto establece en su artículo 195 que el cierre de las páginas infractoras “no requerirá la autorización judicial”. El abogado David Bravo señalaba en su cuenta de Twitter la situación a la que puede dirigir la discreccionalidad y posible arbitrariedad de la comisión para determinar qué web son consideradas “pirata” y abocadas al cierre sin intervención del poder judicial.

Dedicada a “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información”, la no divulgación de los nombres de los vocales de la Sección Segunda de esta comisión, según se ha señalado desde su creación por juristas y activistas de los derechos en la red, impide estudiar posibles casos de conflicto de intereses. Transparencia no da información de la sección segunda amparándose en un posible perjuicio para investigación y sanción, los intereses comerciales y la garantía de la confidencialidad de las tomas de decisión.

El portal de Transparencia negó en octubre de 2016 el acceso a la información sobre esta información pública, de modo que la información disponible corresponde a dos artículos periodísticos de El Mundo y El Confidencial.

Citado ayer por el grupo socialista como referencia en la ponencia de la Comisión de Cultura, uno de los veteranos de la Comisión Sinde es Carlos Gervós, subdirector general de Propiedad Intelectual, protagonista de un cable de Wikileaks en el que anticipaba una “solución administrativa” para adaptar la norma española a los criterios sobre “piratería” demandados desde Estados Unidos. 

Además, la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad intelectual publicó a principios de noviembre la composición de una jornada sobre la Sección Segunda, en la que participaron en coordinación Gervós y dos vocales de la sección con representantes de organizaciones de gestión de derechos, como la Liga de Fútbol Profesional, Promusicae, Aladda y Cedro, y bufetes de abogados encabezados por Cuatrecasas.

La Comisión, formada por altos funcionarios designados directamente, anunció en septiembre que hasta la fecha se han producido 102 ceses totales y que, con datos de 2016, se había procedido a 69.000 bloqueos de URL en el motor de búsqueda Google. 

La web del Ministerio de Cultura no incluye la composición de la sala Segunda pero sí de la primera. El 25 de septiembre de este mismo año, el director de la Comisión de la Propiedad Intelectual y presidente de la Primera, Julio Costas, dimitió de sus cargos. Lo hizo “harto de las injerencias y presiones del Ministerio y las propias multinacionales en su propio beneficio”, tras un conflicto en el que chocó, según dijo en prensa, con las entidades de derechos de autor.

Internet del copyright

El diputado de Unidos Podemos en la Comisión de Cultura, Eduardo Maura, critica la visión de internet “como si fuera un mercado tradicional, sin dimensión común y con ciertos prejuicios tecnofóbicos, que no ve el cambio tecnológico como oportunidad, sino como molestia” que denota la legislación impulsada en España y la Unión Europea, y se muestra preocupado ante el hecho de que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual sea cada vez más decisiva, en vez de menos.

Además de la capacidad para definir quiénes son infractores reincidentes, la principal fuente de conflictos que abre esta nueva norma se sitúa, según las asociaciones de defensa de los derechos en Internet, en la interpretación que haga la Sala Segunda de los contenidos y el alojamiento de datos susceptibles de intervención. El abogado Carlos Sánchez Almeida ha recordado, en un artículo en Genbeta, que las decisiones de esa sala son recurribles ante la Audiencia Nacional.

El nuevo texto legislativo no introduce ninguna referencia o salvedad acerca de los sistemas de compartición p2p, ni tampoco referencias a las aplicaciones (App), y, sin embargo, sí establece la corresponsabilidad de prestadores de servicios de publicidad, pago y hosting, a los que se deja fuera del contencioso, pero que no quedan eximidos de posibles multas.

El pacto entre los grupos socialista y popular, con el apoyo de Ciudadanos, se produce dos meses después de la votación clave en Europa de los artículos 11 y 13, que sitúa a Youtube y páginas similares, además de a los agregadores de noticias, como encargado de la gestión de derechos previamente a la publicación de los contenidos.