La hora de la infancia en Andalucía

Después de unos años de crisis económica en los que las entidades sociales hemos trabajado para diagnosticar y visibilizar este grave problema, volvemos a incidir en la necesidad de colocar a la infancia en el centro de las políticas públicas. Tras la sorpresa de los resultados electorales y la incertidumbre actual del futuro más inmediato, llega el momento de pasar de las ideas a la acción. Un escenario en el que insistimos para colocar a la infancia en el centro y para que se lleven a cabo las demandas y propuestas, muchas de ellas incluidas en las propuestas programáticas de los partidos que gobernarán en coalición a partir de ahora en Andalucía.

Es indiscutible el esfuerzo, la convicción y la inversión económica necesarios para hacer frente a un fenómeno tan complejo como el de la pobreza que sufre la infancia andaluza. No existen fórmulas mágicas ni soluciones únicas para afrontar este reto. Lo que sí nos dice la experiencia de políticas de infancia llevadas a cabo en países de nuestro entorno es que son necesarias medidas transversales coordinadas desde los diversos ámbitos que afectan a la infancia. Hablando en plata, y nunca mejor dicho, además de esta estrategia en la acción política y de la Administración, es necesario un incremento de la inversión en políticas de infancia, a la altura de la media de la UE, acompañada de una medición del impacto de estas políticas. El blindaje de la inversión pública en educación de un mínimo del 5% del PIB andaluz o el aumento de la prestación hasta los 1.200 euros anuales por hijo/a a cargo para las familias más desfavorecidas son algunas de las medidas que defendemos en el objetivo de reducir la pobreza infantil.

La educación es derecho permanente que debe girar en torno a la inclusión, la equidad y la calidad

Desde Educo incidimos en la educación como una de las principales herramientas -aunque no la única- para hacer frente a la pobreza infantil. Además de derecho básico, consideramos que la educación es clave para el acceso a los demás derechos y piedra angular del desarrollo y bienestar de las personas. Desde esta perspectiva, y alineándonos con los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030, la Convención de Derechos de la Infancia –que el pasado mes de noviembre cumplió 29 años– la Constitución Española y el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, consideramos la educación como un derecho permanente que debe girar en torno a la inclusión, la equidad y la calidad. Consolidar y aumentar las ayudas económicas para garantizar el derecho al juego y al ocio (un derecho especialmente vulnerado en las épocas vacacionales), y que niños/as en riesgo de exclusión accedan en igualdad de condiciones a las actividades extraescolares es uno de los retos a los que debemos hacer frente para que esa educación equitativa sea una realidad.

Igualmente, como medida altamente eficaz en la reducción de desigualdades, es necesario un mayor reconocimiento del primer ciclo de educación infantil como una etapa educativa universal y voluntaria que progresivamente incremente el porcentaje de escolarización de cero a tres años, desarrollando las medidas necesarias para alcanzar en 2030 una tasa de escolarización del 60 %, en línea con los países más avanzados de la Unión Europea.

La igualdad de oportunidades educativas sólo mejora cuando previamente aumenta la igualdad social

Por otra parte, en el terreno socioeconómico, es evidente la estrecha relación existente entre el bienestar de las familias y el de la infancia. Los mayores problemas a los que se enfrentan los niños y las niñas derivan de su realidad familiar, ya sea por las circunstancias económicas que atraviesan sus hogares, o por las consecuencias de las situaciones que viven los adultos que conviven con ellos, con escenarios que van desde la desatención o negligencia hasta, en el peor de los casos, el maltrato. La igualdad de oportunidades educativas sólo mejora cuando previamente aumenta la igualdad social, y en este sentido, las políticas sociales de apoyo a las familias más desfavorecidas, como por ejemplo el aumento de la prestación por hijo/a a cargo, son fundamentales para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza.

El tercer elemento básico en la defensa de los derechos de la infancia en Andalucía pasa por una Ley de la Infancia y Adolescencia que además de establecer medidas como las propuestas para reducir la pobreza infantil, prevenga, proteja y repare la violencia contra la infancia. Se trata de otro grave problema y vulneración de derechos que, debido a su naturaleza, se mantiene muchas veces oculto y tiene serias secuelas en el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de la infancia, e incluso económico para la sociedad, tal y como destacamos en nuestro informe Los costes de la violencia contra la infancia.

Nos encontramos pues en un momento de cambio y al mismo tiempo de oportunidad para la infancia. Las medidas que se tomen o se dejen de tomar influirán en el presente de los niños y niñas andaluces, en el cumplimiento de sus derechos y en su bienestar. Y al mismo tiempo, la acción u omisión de determinadas promesas e iniciativas sociales dirá mucho de los valores, del presente y del futuro de la sociedad que queremos.