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La ‘vieja política’ del candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía

Juan Marín, candidato a la Junta de Andalucía por el partido Ciudadanos, comparte el gobierno local de Sanlúcar de Barrameda desde hace siete años con el PSOE. La supuesta estafa de Aqualia y las contratas a empresas de líderes del partido son algunas de las críticas a la gestión PSOE-CIS.

Juan Marín, Ciudadanos Andalucía
Imagen del perfil en Twitter en marzo de 2015 del candidato a la Junta de Andalucía, Juan Marín.

Sanlúcar de Barrameda, “laboratorio de Ciudadanos”, como denomina a esta localidad un artículo de El País, es el único municipio de Andalucía donde cogobierna el partido liderado por Albert Rivera, en coalición con el PSOE. Juan Marín, candidato del partido a la Junta de Andalucía, es el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, cargo que consiguió en 2007 tras presentarse con un partido local, CIS, antes de ser absorbido, junto a otros dos concejales del municipio, por Ciudadanos.

A pesar de que su experiencia en el Ayuntamiento ha estado marcada por el pacto con los socialistas andaluces, en campaña, Marín ha manifestado que “pactar con el PSOE es traicionar la ilusión de la gente”. La nueva política de Ciudadanos se ha visto, sin embargo, influida por los modos de hacer de la vieja política. Dos casos salpican al candidato que presumiblemente entrará en el Parlamento andaluz en la madrugada del próximo domingo, y un tercero apunta al uso de uno de los terrenos declarados por el candidato Juan Marín, según documentos a los que ha tenido acceso Diagonal a través de Fíltrala, plataforma en la que participan también La Marea y eldiario.es.

Agua: la estafa de Aqualia con la venia del Ayuntamiento

Sanlúcar de Barrameda es uno de los municipios que, en 2010, ante la deuda que acumulaban, decidió vender la gestión del agua. El Ayuntamiento aprobó conceder a Aqualia (FCC) la gestión del servicio durante 25 años por 16,5 millones de euros con los votos a favor de los concejales socialistas y de dos de los ediles independientes, uno de ellos Juan Marín. “El Ayuntamiento vendió la operación de privatización del servicio como un gran éxito”, explica a Diagonal Ángel Barroso, coordinador de Ecologistas en Acción en Cádiz y miembro de la Plataforma Agua Clara.

Poco después de la privatización del servicio, el Ayuntamiento aprobó, también con los votos a favor de los concejales socialistas y de los independientes —de nuevo, Juan Marín entre ellos— encarecer la tarifa del agua amparándose en un aumento del calibre de los contadores. Una denuncia por estafa presentada por Izquierda Unida el pasado 5 de marzo ante los juzgados de la localidad explica que la empresa no llevó a la práctica el aumento de los contadores, por lo que habría cobrado más, de forma fraudulenta, a la población de Sanlúcar. La denuncia cifra en más de dos millones de euros el dinero de más que la empresa habría cobrado por el servicio de distribución de agua. A la denuncia de Izquierda Unida se une una resolución de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía en la que obligan a “Aqualia a devolver lo cobrado de más y a rehacer todas las facturas a todos los afectados de la ciudad, no sólo a los reclamantes”.

Antes de hacerse con el servicio municipal de agua, Aqualia venía trabajando para el Ayuntamiento en gestiones relacionadas con este ámbito desde 1995. “Se encargaba de recaudar los tributos del agua, mantener el alcantarillado y del mantenimiento y gestión de las aguas residuales”, señala Barroso. “En esos quince años, la gestión del agua fue ruinosa, el Ayuntamiento pagaba a Aqualia medio millón de euros más al año de los que ingresaba por el agua”. La entrada de Aqualia en los trabajos del servicio de agua en el municipio comenzaron con las obras para la mejora de la red de suministro de agua y alcantarillado, en 1994 por 770 millones de pesetas. En 1995 y 1996 se firmaron dos nuevas adjudicaciones a Aqualia para la gestión de la depuradora de aguas residuales y para el suministro de agua, a pesar de que no presentaron la oferta más barata. Desde el Ayuntamiento justificaron la elección de Aqualia argumentando que esta empresa ofrecía mejoras en la depuradora, que ya entonces mantenía niveles de contaminación muy altos. Años después, desde Ecologistas en Acción subrayan que los índices de contaminación siguen multiplicando los máximos permitidos.

“Los problemas con la depuradora, hasta lo que sabemos, siguen sin resolverse”, afirma Barroso, quien resalta que, a pesar de que han solicitado los datos de las mediciones por escrito al Ayuntamiento, en base a la directiva europea de acceso a la información medioambiental, hace años que no los facilitan. “Ni siquiera nos contestan, el Ayuntamiento es el ejemplo perfecto de opacidad y ocultación, niegan toda la información”.

Los datos a los que sí han tenido acceso desde Ecologistas en Acción de Sanlúcar son los facilitados por la Consejería de Medio Ambiente. Los últimos datan de diciembre de 2013 y no son halagüeños: en la mayor parte de las mediciones triplican y hasta multiplican por diez las cantidades de sustancias contaminantes máximas permitidas.

Privatización del agua en Sanlúcar
Juan Marín vertidos

Desde Ecologistas en Acción de Sanlúcar denunciaron también a Aqualia ante la Fiscalía de Medio Ambiente en marzo de 2013 por verter agua contaminada al paseo marítimo y al Ayuntamiento de Sanlúcar por entregar datos falsos sobre el nivel de contaminación de la depuradora del municipio.

Contratos a empresas de un coordinador provincial de Ciudadanos

Los contratos del Ayuntamiento de Sanlúcar a una empresa del coordinador de Ciudadanos en Cádiz, Manuel Buzón, es otro de los temas denunciados por la oposición. Entre 2009 y 2014, el Ayuntamiento de Sanlúcar pagó cerca de 16.500 euros a la empresa Euro-System Informática, SL, cuyo propietario, Buzón, es también concuñado de Juan Marín. Desde Izquierda Unida de Sanlúcar afirman a Diagonal que ayer tuvieron acceso a una relación de contratos y facturas entre el Ayuntamiento de la localidad y la empresa de Buzón. En total, son once contratos, la mayoría de ellos relacionados con la impresión de carteles y con la realización o mantenimiento de páginas web. La factura más abultada, de 6.372 euros, es relativa al mantenimiento de los ordenadores de la Delegación municipal de Fomento. Desde Izquierda Unida de Sanlúcar señalan que, por sistema, todas las páginas web del Ayuntamiento “las ha hecho el concuñado de Marín”.

Terreno en Chipiona

El 14 de marzo, el PP de la localidad sanluqueña denunciaba “las supuestas construcciones ilegales en suelo no urbanizable de algunos miembros del Gobierno local y familiares suyos”, pero “sin precisar quiénes”, como indicaba el Diario de Jerez.

El 4 de marzo, Infolibre publicaba un artículo con el patrimonio personal de los candidatos a la Junta de Andalucía. Según esa información, Marín posee cinco inmuebles en la provincia de Cádiz, tres de ellos al 50% y otros dos al 25% y 33%. A través de la plataforma Fíltrala, Diagonal ha recibido los datos de registro del catastro de uno de ellos, considerado como inmueble de clase rústica. Tres edificaciones —la mayor de 69 m2— construidas, según una denuncia anónima, sobre un terreno de suelo no urbanizable de carácter natural o rural en el polígono Quince Pinos, en el municipio de Chipiona, colindante con Sanlúcar de Barrameda. Se trata, en apariencia, de la construcción de una planta con piscina. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con el equipo de campaña de Juan Marín, que ha declarado que “no hay nada ilegal ni nada irregular” en el inmueble cuya titularidad comparte con varias personas.


Chipiona
Plano del plan general de ordenación urbanística de Chipiona.

Un municipio con la mitad de su población sin trabajo

El laboratorio de Ciudadanos también fue noticia en octubre de 2014, cuando el gobierno sanluqueño rechazó una moción de IU para la creación de un comedor social de gestión municipal en la localidad, con índice de desempleo de cerca del 47,3%, según la EPA. Meses antes, otra polémica saltaba al Diario de Cádiz cuando el PP de Sanlúcar denunciaba la instauración de una tasa de 2,5 euros a la ciudadanía para intervenir en los plenos municipales.

El problema de la vivienda es otro de los que más se dejan sentir en el municipio. A pesar de ello, el Ayuntamiento decidió en 2011 disolver la empresa municipal de vivienda, Emuvisan, alegando las cuantiosas pérdidas que tenía. “Prometieron más de 5.000 viviendas de protección oficial y no se ha construido ninguna”, explica a Diagonal Esperanza Salgado, portavoz de las corralas de Sanlúcar de Barrameda. En el municipio, alrededor de 150 familias, con más de 30 niños, han decidido entrar a vivir en algunas de las más de 700 viviendas vacías que acumula la localidad, la mayor parte de ellas propiedad de bancos y promotoras en quiebra. Todas estas familias llevaban hasta siete años en lista de espera para acceder a una vivienda de alquiler social, explica Salgado.

En total, hay gente ocupando en 19 puntos distintos de la ciudad, uno de ellos la Corrala de la Dignidad. Desde el Ayuntamiento, Salgado apunta que ni el alcalde —Víctor Mora, del PSOE— ni el candidato de Ciudadanos a la Junta, Juan Marín, están poniendo las cosas fáciles a estas familias. “No hacen nada por nosotros, sólo impedir que habitemos las viviendas”. Las familias han tenido que acudir al Defensor del Pueblo para que medie con el Ayuntamiento con el objetivo de conseguir un alquiler social, que no les corten el agua y la luz, y permitan el empadronamiento de las familias.

“Si está haciendo esto por su pueblo, permitir que pasemos hambre y frío, y que los niños vayan al colegio sin desayunar, no me quiero imaginar qué no hará por Andalucía”, concluye Salgado sobre el candidato de Ciudadanos a la Junta.

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