Gobierno de coalición
Los planes de choque del Gobierno se enfrentan al “escalón administrativo” para su bajada a tierra

No hay escudo social que no mengüe en un momento de incertidumbre sanitaria, económica y social. La emergencia que ha creado la crisis sanitaria del coronavirus ha llevado al Gobierno a impulsar varios paquetes de rescate que deben corregir no solo las situaciones de desamparo generadas a partir de la llegada del covid19, sino años de desequilibrios, por ejemplo, en el sistema de dependencia, y discriminaciones no resueltas tras la moción de censura a Rajoy, como la situación de las empleadas de hogar.

No obstante, las principales dificultades vienen dadas por la disputa en el propio Ejecutivo, donde siguen vigentes las diferencias que han tensado el Consejo de Ministros desde el 17 de marzo y por las incógnitas respecto a cómo van a destilarse las medidas aprobadas hasta la fecha en la realidad, y en las cuentas bancarias, de las personas a las que van destinadas las medidas de choque.

Ambas circunstancias están conectadas. El sector del Gobierno más formalista, partidario de introducir más mecanismos de control para la obtención de las ayudas, es también el que aboga por limitar más esas medidas de “escudo social”. Incluso superado ese primer escalón, los paquetes de medidas se deben testar en la acción del Estado, de sus abogados y técnicos y también de la judicatura, desde donde se esperan trabas a la ejecución de lo anunciado.

En un contexto de baja afiliación sindical y poca capacidad organizativa de los movimientos sociales, que salvo excepciones apenas tienen estructuras ágiles para la gestión administrativa, y ante la dificultad de gestión por parte de las propias instituciones, el escalón entre las medidas anunciadas y la capacidad de que estas se hagan efectivas constituye una zona de riesgo político para el ala social del Gobierno. Se palpa la intranquilidad hacia la propia capacidad de gestión de los paquetes de ayudas por parte de las administraciones y la dificultad añadida del estado de alarma, que deja en manos de las oficinas en línea, y por tanto teñido por las distintas modalidades de brecha tecnológica, el manejo de justificaciones, impagos, renovaciones y cumplimiento de formularios. 

En una palabra, la burocracia puede ser un muro para medidas que en el Boletín Oficial del Estado suenan bien. “Si cada vez que pones un criterio pones un papel, tienes que saber que en cada papel uno que cumple los requisitos se te queda por el camino”, explica un veterano abogado de causas pobres. Entre los grupos en los que ese “escalón administrativo” es decisivo están los trabajadores temporales, los despedidos individuales, las propias empleadas de hogar o las trabajadoras autónomas. Solo la presión social, aseguran fuentes cercanas a las negociaciones, es capaz de sostener lo conseguido en los decretos.

El alquiler, otro punto de tensión

Los sindicatos de inquilinos y la Plataformas de Afectados por la Hipoteca —que tras conocer el contenido de medidas sobre alquiler decidieron mantener la convocatoria de una huelga de arrendatarios— o la apertura del debate sobre la extensión de una renta básica de emergencia —y su posible extensión hasta hacerla universal— actúan sobre los flancos débiles que Unidas Podemos ha mostrado a sus bases de apoyo.

En torno al alquiler es donde Unidas Podemos se ha mostrado incapaz de torcer las líneas marcadas por el sector que representa Nadia Calviño. La presentación hace escasos cinco días de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, que une a los grandes tenedores de vivienda en alquiler, lo que equivale a decir a las grandes Socimi del país, y que preside el exministro de Industria Joan Clos, es una pista sobre la importancia que el ala tecnocrática del PSOE ha dado a la disputa interministerial en torno al decreto que debía regular el alquiler en tiempos de pandemia.

Frente a las medidas propuestas por la confluencia dentro del Consejo de Ministros, que planteaban fondos de compensación para aquellos rentistas que sí se resientan económicamente de los impagos, han salido adelante las posiciones contrarias, que generan una deuda a los inquilinos para garantizar el pago a los arrendadores, independientemente de su tamaño y condición. Desde Podemos, no obstante, se subraya el hecho de que se suspendan en los próximos seis meses los desahucios y que se garanticen los suministros a toda la población.  

Pero las mayores críticas a la acción del Ejecutivo se dirigen a la actuación de Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Interior. Las imágenes de violencia policial del pasado 29 de marzo en Bilbao, que generaron una cacerolada desde los balcones de la capital vizcaína, así como el relativismo con el que, desde el comienzo de la crisis, Grande-Marlaska ha tomado la derogación de la Ley Mordaza ─un punto del acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos─, señalan el principal desgaste respecto de la presencia de la confluencia de izquierdas en el Ejecutivo.

El empeño de Pablo Iglesias en valorar como “histórico” el discurso de Pedro Sánchez del pasado sábado, en el que el presidente decretó la parada mediante “permisos obligatorios” de las actividades económicas sociales y lanzó una advertencia al conjunto de los países de la Unión Europea, muestra, no obstante, cómo el secretario general de Podemos ha atado su futuro político inmediato al cierre de filas con el PSOE. 

Concentración y ruido de sables

Por su parte, el jefe de Gobierno mantiene una posición de síntesis entre las posiciones del ala izquierda de su gabinete y la ortodoxia que representa la responsable de Economía, Nadia Calviño. Cuenta con el apoyo hasta ahora incondicional de los sindicatos mayoritarios, que en un principio se mostraron renuentes al decreto de permisos obligatorios y al cierre de la actividad no esencial. 

Pero el decreto del sábado sobre permisos obligatorios y el anuncio de restricción de los despidos por causas objetivas ha despertado a la patronal como “partido” de la oposición y generado en los medios de comunicación de la derecha y Vox una vía abierta para las llamadas a la dimisión del presidente, la defenestración de Unidas Podemos y la ensoñación de un Gobierno de Unidad planteado como posibilidad únicamente en Twitter y en campañas oscuras a través de Whatsapp.

El partido Vox, en la línea de ninguneo a los mecanismos democráticos que ya se ha marcado en Brasil o en Hungría, ha realizado un llamamiento a un Gobierno de emergencia compuesto únicamente por cuatro carteras: Economía, Interior, Sanidad y Defensa. La premisa de Abascal pasa, en cualquier caso, por la salida de Pedro Sánchez para lo que requiere una oposición o contrapeso en el interior del PSOE que, en este momento, no se adivina. El PP no se ha acercado de momento a esas posiciones pero está marcando, desde los anuncios del viernes 27 y el sábado 28, una línea más dura con respecto a las primeras semanas de cautela. 

Menos acusado que en Italia, donde Matteo Renzi ha encontrado un campo abierto para su retorno a la primera línea de la política y Mario Draghi ha lanzado su candidatura en un artículo en el Financial Times, la posibilidad de ruptura en el Gobierno se ha visto alentado únicamente por las supuestas filtraciones a un periodista respecto a un ultimátum de Nadia Calviño por el giro social de la acción del Gobierno. La presencia de Vox y sus 52 diputados en el Congreso acogota tanto a PSOE como al PP y supone una dificultad casi definitiva para un entendimiento en forma de coalición de los dos partidos de Régimen.

El aumento de la distorsión entre los distintos intereses en el interior del Ejecutivo sí es un hecho. Además, la decisión de cierre de la actividad ha causado rechazo en el PNV, socio prioritario del Gobierno de coalición, que se ha alineado con los intereses de su clase y ha criticado que se hayan “ignorado y desatendido” sus peticiones de mantenimiento del ritmo habitual de la industria. Al independentismo catalán no se lo espera como aliado de la crisis en ningún sector del Gobierno. La correlación de fuerzas, un marco al que la dirección de Podemos se suele remitir, está peor para sus intereses que la semana pasada.

En el Consejo de Ministros interactúa una fórmula de concentración en miniatura entre distintos espacios ideológicos: desde la ideología de partido que representa José Luis Ábalos, hasta el credo tecnócrata de Calviño, las posiciones mixtas de José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social y el perfume de renovación eurocomunista que emanan los partidos que componen Unidas Podemos.

Las relaciones entre esos grupos siguen teñidas por una disputa que, a pesar de la crisis del coronavirus, no es coyuntural, si no que se plasmó desde el comienzo de un Gobierno con cuerpos extraños en su interior, con ministros “plebeyos”, como dicen dentro de Podemos. No hay una ruptura a la vista pero el terreno pantanoso que pisa el Gobierno, y en particular Pedro Sánchez, responsable último del rumbo de las decisiones, se estrecha a medida que se acrecientan las incertidumbres de millones de personas.