Opinión
Tiempos electorales: los mercaderes en el Templo de la vivienda

Antes de los comicios, candidatas y candidatos consideran que es buena idea insultar la memoria reciente de la ciudadanía prometiendo políticas que no han llevado a cabo cuando han tenido el bastón de mando. Para empezar, me parece un insulto al pueblo transmutar el concepto de 'la gente' por el concepto de 'el electorado', como si las personas fueran consumidores a los que hay que convencer con más marketing que programa.

Derecha e izquierda tibia desvirtúan así la democracia, soltando propuestas que no están alineadas con su previa acción de Gobierno o con su  política. Vemos a Reyes Maroto alabando una Ley de Vivienda aceptable, cuando ella misma votó en contra de la legislación mucho más ambiciosa propuesta por la PAH y los Sindicatos de Inquilinos y llevada al Congreso por todo el arco progresista en diciembre de 2021 (hace año y medio).

Vemos también la promesa de una Operación Campamento. Esta levita por encima del Suroeste de Madrid con más visos de ser un bis de la Operación Chamartín –que se llevó más de diez mil árboles por el camino–, que de un cambio necesario y real en las políticas de vivienda. Tampoco es sensato imbuirse del ecologismo y de la transición ecológica-sostenible y a la vez prometer edificar 10.000 o 15.000 viviendas cuando la construcción es una industria que genera entre el 30-40% de las emisiones globales.

No es sensato llevar en el poder cinco años y sacar el comodín de los pisos vacíos de la Sareb ahora, cuando ha existido un consenso entre las fuerzas transformadoras de utilizar esa bolsa de viviendas vaciadas al que se ha negado el PSOE.

Son ofertas que no van a paliar el problema porque no afectan realmente a la propiedad, el verdadero 'becerro de oro' sobre el que muy pocos osan blasfemar

Y lo que es una sinvergonzonería es la propuesta del señor alcalde de Madrid. José Luis Martínez-Almeida tiene una medida estrella: rehabilitar los edificios “en ruinas” de Centro y asegurar que la mitad de las viviendas se dediquen al alquiler para jóvenes y familias. Tal vez lo que quiera realmente decir el todavía regidor sea que va a dar unas ayudas muy cuquis a empresas y a los Luceño y Medina de turno para que renueven sus propiedades a costa de las madrileñas y madrileños. 

Más allá de la locuacidad del Partido Popular copiando las propuestas a Podemos e instaurando marcos mediáticos propios de las fuerzas transformadoras, la pregunta que me surge a mí es, si la Constitución establece en su artículo 47 el derecho a una vivienda digna, ¿por qué el resto de fuerzas progresistas no anteponen el bienestar común sobre el derecho a la propiedad de unos especuladores y grandes tenedores de casas vacías?

Por ejemplo, con el desalojo de La Quimera de Lavapiés, Más Madrid propuso comprar el edificio y dedicarlo al alquiler social, pero ¿no sería la expropiación una declaración de intenciones más sólida frente a los especuladores y grandes tenedores de la ciudad?

Más hiperlocalmente, y como habitante del Distrito Centro de Madrid, ¿no sería más sensato promover que se declaren los barrios de Embajadores-Lavapiés, Universidad-Malasaña, Justicia-Chueca, Cortes-Barrio de Las Letras, Ópera-Palacio y Sol como zonas turísticas saturadas para aumentar las inspecciones y revocar licencias de pisos turísticos?

Ahora, ¿no podían llevar también en sus promesas ideas como la fijación de rentas máximas para toda la ciudad y así evitar que un alojamiento suponga más del 40% de los ingresos de una familia de más de tres miembros? O es que esta promesa ataca también el concepto de propiedad.

A lo mejor también afecta a la libre competencia la existencia de una Inmobiliaria Pública Madrileña que quite nicho de mercado a las inmobiliarias que ponen comisiones, avales abusivos y que nos devuelven a un modelo más cercano a la servidumbre medieval para con el propietario que a los tiempos modernos. 

Estas propuestas anteriores son el núcleo del apartado de vivienda del programa de Podemos-IU-AV, medidas con valentía para transformar que se enfrentan directamente al terrateniente inmobiliario y dotan de herramientas al artículo 47 de la constitución para asegurar el derecho a una vivienda digna.

Lo que es indudable es que la vivienda está en campaña y esta ha pasado a ser el objeto de deseo de todas las fuerzas políticas haciendo que la arena política esté cerca de una oferta de los mercaderes en el templo para ganar las elecciones. Ahora, son ofertas que no van a paliar el problema porque no afectan realmente a la propiedad, el verdadero becerro de oro sobre el que muy pocos osan blasfemar.