Economía
Razones económicas a favor/en contra de la independencia de Catalunya

Catalunya supone casi el 16% del territorio español (con una superficie de 32.113 Km2, similar a la de Bélgica) y poco más del 16% de su población (con 7.441.176 habitantes, similar a Suiza), lo que nos da una idea del peso territorial y demográfico que representa dentro de España. Sin embargo, lo más significativo de Catalunya en relación con el conjunto del Estado español es su fuerte potencial económico y financiero. Los pilares más destacados de la economía catalana son la industria (que representa el 25% del PIB industrial español), con una fuerte capacidad exportadora, y el turismo (es la que atrae más turistas extranjeros).

El sistema financiero catalán está formado por el tercer y quinto banco (Caixabank y Banco Sabadell) de mayor dimensión en España. Además, cuenta también con un fuerte asentamiento de las finanzas éticas y solidarias a través de dos cooperativas de servicios financieros propias Coop57 y Cooperativa Catalana de Serveis Financers y otras entidades extranjeras como Oikocredit y Fiare Banca Ética Catalunya. Toda esta actividad económica creó en el 2016 un Producto Interior Bruto por valor de 223.629 millones de euros (equiparable al de Noruega), lo que supone casi el 19% del PIB español, siendo la primera comunidad autónoma del Estado. Su PIB per cápita es de 28.590 euros, lo que la sitúa en la cuarta posición (por detrás de Madrid, Navarra y Euskadi), con un valor superior a la media española (de 22.152 euros), a la media europea (de 24.500 euros) y al de países como Francia.

Otras variables económicas muestran también un comportamiento superior al del conjunto del Estado español: una tasa de paro cinco puntos inferior, una deuda pública del 35,4% del PIB (frente al 100% del PIB en el caso de España), un déficit público del 0,93% del PIB (frente al 4,54% español) y un sector exterior con un fuerte superávit de casi un 12% del PIB (frente al 2% de España), que es de los más altos de la Unión Europea y superior, por ejemplo, al de Alemania. Catalunya ha tenido una fuerte capacidad exportadora, muy superior a la del resto de España, un elevado espíritu emprendedor, una alta capacidad de innovación y una conexión directa con otros Estados a través del comercio, lo que le da unas expectativas de crecimiento muy altas.

Es realmente complejo y muy difícil hacer estimaciones sobre las consecuencias económicas derivadas de factores políticos; de hecho no dejan de ser especulaciones con un valor estadístico muy bajo

Los datos aportados muestran, de manera incuestionable, la fortaleza de la economía catalana y su destacado peso sobre el total de la economía española. La separación de Catalunya del Estado español tendría, sin duda, peores consecuencias para el resto de España. Algunos estudios señalan que el PIB español sufriría un descenso de un 4%, que lo situaría en una tasa de crecimiento negativa del 1%. Mientras, Catalunya tendría un incremento de un 30% de su PIB, pasando a una renta per cápita de cerca de los 37.000 euros, superior a la de Francia y ligeramente por debajo de la de Alemania.

Sin duda alguna, se convertiría en unos de los países más ricos de la Unión Europea2. Sin embargo, algunos señalan que la salida de Catalunya del Estado español tendría repercusiones muy negativas para la economía catalana, pues sus exportaciones se verían mermadas sensiblemente y podría perder un 20% de su PIB, quedando su renta per cápita por debajo de la media española. Es realmente complejo y muy difícil hacer estimaciones sobre las consecuencias económicas derivadas de factores políticos; de hecho no dejan de ser especulaciones con un valor estadístico muy bajo.

Lo que sí que es cierto, es que en la actualidad, a pesar de la fuerte inestabilidad política existente, la economía catalana sigue creciendo de manera espectacular y a unos niveles superiores a los de la economía española. El Informe del Servicio de Estudios del BBVA señala que la economía catalana creció en 2016 un 3,5%, medio punto por encima de la media española; y los niveles de las exportaciones de los productos catalanes siguen siendo altos y están aumentando de manera significativa durante el año 2017. Es decir, en pleno proceso soberanista y en una situación de fuerte inestabilidad política y jurídica, la economía de Catalunya sigue su tendencia ascendente, por encima de la evolución de la economía española. Afirmar que una ruptura con España acabaría con el hundimiento de la economía catalana es pura especulación sin fundamento científico alguno.

No obstante, puede resultar de interés analizar algunos de los argumentos que se apuntan para justificar la posible fuerte caída del PIB de Catalunya tras su desconexión del Estado español. Uno de estos argumentos apunta en la línea de las consecuencias de la salida (o no entrada) de Catalunya en la Unión Europea y especialmente de la Zona Euro. Para Catalunya, dicen, «el euro pasaría a ser una moneda extranjera que podría mermar su competitividad»3, si bien también apuntan que el futuro Estado catalán podría utilizar la moneda europea como ya lo hacen otros países como Kosovo, Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano y Montenegro.

De hecho, estos países mantienen un acuerdo monetario con la UE que les concede el derecho a utilizar el euro como moneda oficial, lo que les evita posibles pérdidas de competitividad derivadas de los tipos de cambio. Por otra parte, hay países que aún perteneciendo a la UE han decidido no utilizar el euro, como es el caso de Dinamarca o como ha sido el caso del Reino Unido; y otros que han decidido no pertenecer a la zona euro como Suecia y otros países del Este de Europa. Por tanto, existen múltiples opciones disponibles con el fin de evitar que Catalunya pueda perder sus relaciones comerciales con Europa y que su economía se vea mermada por no pertenecer a determinadas estructuras propias de la UE como el Banco Central Europeo, la supervisión bancaria, los fondos estructurales o el Banco Europeo de Inversiones.

En el peor de la casos, que sería que Catalunya no perteneciera a la UE (aspecto éste más que discutible), muy probablemente el nuevo Estado llegaría a un acuerdo preferencial con el fin de asegurar su estabilidad económica y financiera en el viejo continente. Así lo han hecho numerosos Estados ya, mucho más inestables tanto desde el punto de vista económico y político, que Catalunya.

El ingreso de Catalunya en la Unión Europea, sin duda, requerirá de un proceso de negociación, que aún suponiendo que parta de cero por tratarse de un nuevo Estado, puede ser relativamente corto si se aplica el artículo 48 del Tratado de la UE, artículo que además permite la mayoría cualificada para aceptar su incorporación, evitando así el derecho de veto que algunos indican que utilizaría el Estado español, almenos en una fase inicial. Por su parte, el cumplimiento de los criterios de convergencia no parece que pueda ser un problema, contrariamente a lo que señalan algunos, si tenemos en cuenta que Catalunya presenta actualmente un déficit del 0,93% y una deuda del 35,4% de su PIB, ambos por debajo de los límites que marca la UE, y que sin embargo no cumple España.

La negociación con la UE sólo será complicada si el Gobierno español del PP mantiene una actitud obstruccionista, al igual que está manteniendo con el tema del Referendum, actitud que a largo plazo sólo puede perjudicar al propio Estado español. No obstante, después del Brexit y teniendo en cuenta la fortaleza económica de Catalunya y sus relaciones con empresas multinacionales europeas, lo más probable es que el proceso de negociación sea realmente rápido y fructífero.

Otro argumento esgrimido para justificar la caída de la economía catalana tras la independencia es el del impacto en los mercados y la subida de la prima de riesgo, ya que «Catalunya ha incumplido sistemáticamente los objetivos de déficit y deuda impuestos por el Gobierno de Madrid» y «los mercados penalizan todo lo que suene a desequilibrio e inseguridad»4. Conviene recordar que la deuda pública catalana apenas representa el 35,4% de su PIB, mientras que la española ha superado ya el 100% y que el déficit catalán es del -0,93% del PIB mientras que el español es del -4,54%. Además, la deuda per cápita catalana es de 10.092 euros por habitantes, frente a la española que es de 24.258 euros por habitante (más del doble).

Entonces, ¿dónde está el desequilibrio y la inseguridad, en Catalunya o en España?. Por otra parte, si Catalunya no ha atendido los objetivos de déficit y de deuda exigidos por el Estado, ha sido por el déficit fiscal o infrafinanciación que padece, al igual que le sucede a la Comunidad Valenciana y a Baleares (por cierto, las tres comunidades con una misma lengua, el catalán). De acuerdo con el Catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona Germà Bel, el 40% de los impuestos recaudados en Catalunya no retornan a este territorio, lo que supone unos 6 mil millones de euros (equivalente al 7,7% de su PIB)5; dinero que sería suficiente para cubrir dicha deuda.

Un tercer argumento señala que las exportaciones catalanas sufrirían unos aranceles que supondrían unos sobrecostes que acabarían con la competitividad de sus productos. Catalunya es, sin lugar a dudas, el territorio con mayor capacidad exportadora de todo el Estado español y sus niveles son comparables con economías como la alemana o la italiana. Sus exportaciones representan el 25,6% del total de las exportaciones realizadas por las empresas españolas, lo que supone 65.142 millones de euros, y su volumen continúa aumentando año tras año. Además, éstas proceden de productos de alto valor añadido, como productos químicos, bienes de equipo y automoción, principalmente; y están apoyadas por proyectos de internacionalización fuertemente asentados y que cuentan con el soporte institucional.

No parece pues, un argumento demasiado creíble, el que las exportaciones catalanas se vayan a ver perjudicadas por aranceles procedentes de la UE y del resto de España, si tenemos en cuenta que detrás existen fuertes intereses económicos y financieros de grandes empresas multinacionales procedentes de los países más desarrollados de Europa que en ningún caso les interesaría entrar en una guerra de aranceles. Además, los Estados europeos pertenecen a la Organización Mundial del Comercio OMC, la cual recomienda el no establecimiento de aranceles, y fomenta la firma de acuerdos comerciales preferenciales entre Estados y regiones. No le resultaria nada difícil a Catalunya firmar acuerdos preferenciales con otros Estados europeos e incluso con el resto de España.

Otros argumentos aluden a diferentes aspectos económicos como la reducción de la inversión extranjera, el riesgo de las deslocalizaciones de empresas y la caída del turismo. Estos elementos, que afectan directamente a la economía, pueden darse o no darse, independientemente de una separación, pues corresponden a decisiones estrictamente económicas que toman las empresas en función de sus políticas y estrategias internas. La inversión extranjera es atraída por un buen contexto económico, y el contexto económico catalán es inmejorable. La inseguridad jurídica derivada del proceso de independencia será solo temporal, pues una vez finalizado éste, desaparecería la inseguridad jurídica y todo volvería a la normalidad.

Sin embargo, una vez más no parece que la inestabilidad política actual esté afectando a esta variables económica, pues 2016 ha sido el año que mayor volumen de inversión extranjera ha recibido Catalunya desde 1993, con un importe de más de 5 mil millones de euros; ya el 2015 fue un año récord en el histórico de las inversiones extranjeras en Catalunya. Por su parte, los procesos de deslocalización de empresas multinaciones se producen en cualquier país occidental cuando la empresa busca reducir sus costes productivos y encuentra en otros países (del sudeste asiático, del norte de Africa o del este de Europa) esa posibilidad.

Se trata de decisiones exclusivamente empresariales, que nada tienen que ver con el proceso independentista de Catalunya y que de hecho se han producido en una gran parte del territorio español y no sólo en el territorio catalán. Crear una industria autóctona potente con un desarrollo económico y social fuerte en el territorio es la alternativa a la deslocalización; y Catalunya posee las bases para garantizar esa industria. Por último, el turismo es un sector con un alto nivel estacional, y que depende también de la oferta turística de otros países; en todo caso, no tiene sentido argumentar que la salida de la zona euro podría afectar a este sector, pues como ya se ha señalado, este hecho no tiene porqué producirse, y en todo caso, de producirse, Catalunya podría seguir utilizando el euro como moneda oficial, al igual que lo hacen muchos otros países europeos que no pertenecen a la zona euro, ni siquiera a la UE.

Tampoco las infraestructuras de comunicaciones tienen porqué verse alteradas, dado que Catalunya posee ya la autonomía y la capacidad suficiente para gestionarlas eficientemente; es más, no tendría impedimento político alguno, como sí lo tiene en la actualidad, para desarrollar un corredor mediterráneo a lo largo de toda la costa, que favorecería de manera significativa el comercio catalán.

Lo más significativo de Catalunya en relación con el conjunto del Estado español es su fuerte potencial económico y financiero

El último de los argumentos que se exponen para justificar la no independencia desde el punto de vista económico, hace referencia al coste económico que supone la creación de las estructuras necesarias para asegurar el funcionamiento del nuevo Estado. Existen estudios económicos realizados por la propia Generalitat Catalana que prevé todos estos costes, como es lógico, y que asegura su cobertura. Del estudio de las balanzas fiscales, se deduce que Catalunya dispondría de unos 16 mil millones de euros adicionales anuales, que es la parte que recauda pero que no retorna, como ya hemos señalado.

No obstante, cabe mencionar el trabajo de Josep Borrell y Joan Llorach «Los cuentos y las cuentas de la independencia», en el que se señala que dicho importe es mucho menor, de unos 3 mil millones de euros, lo que no sería suficiente para asumir los costes de la independencia. Estos autores realizan una estimación de los costes en estructuras políticas (agencia tributaria, UE, embajadas y organismos internacionales y defensa) que supondría para Catalunya su independencia, y los sitúan en cerca de 5.500 millones de euros. La cifra indicada sería cubierta de sobra con el déficit fiscal actual que mantiene Catalunya dentro del Estado español; pero además, el efecto positivo que sobre el PIB catalán tendría su independencia, aspecto éste en el que coinciden numerosos analistas, supondría aún un mayor margen para cubrir estos costes y otros posibles costes futuros no previstos con el incremento de sus ingresos fiscales.

El coste de las pensiones, por ejemplo, que algunos indican que no van a poder pagar, quedaría cubierto con el superávit de 24.126 millones de euros que Catalunya mantiene en la actualidad (frente al déficit de 82.704 millones de euros que matiene la Seguridad Social del Estado español), según estimaciones realizadas por el Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Pompeu Fabra Oriol Amat.

En definitiva, los argumentos que basados en criterios económicos intentan desmontar el deseo de independencia de Catalunya, como mínimo, no se sostienen. La fuerte capacidad competitiva e innovadora de la economía catalana y sus favorables datos macroeconómicos desmontan dichos argumentos. Además, el lastre que para Catalunya supone tener que acatar unas balanzas fiscales claramente desproporcionadas para determinados territorios, entre ellos el catalán, justifica, desde el punto de vista económico, el deseo de independencia del pueblo catalán. Los estudios más desfavorables a Catalunya reconocen un déficit fiscal de 8.455 millones de euros (el 4,35% de su PIB), mientras que los más favorables demuestran que éste es de 16 mil millones (el 7,7% de su PIB).

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha reconocido que el déficit fiscal de Catalunya es de 9.892 millones. En todo caso, cualquiera de estas cifras es suficiente para acometer los costes que un proceso de independencia puede suponer. Sólo Madrid tiene una carga fiscal superior a Barcelona, lo que algunos analistas utilizan para descargar sobre Catalunya su aparente falta de solidaridad; sin embargo, si se utiliza el criterio de los flujos monetarios para calcular las balanzas fiscales (que técnicamente es más exacto al descontar el «efecto capitalidad»), es Catalunya la comunidad autónoma que mayor carga fiscal asume, con diferencia.

Catalunya ha reivindicado históricamente su derecho a disponer de una hacienda foral propia, al igual que la tienen Euskadi y Navarra. Dicho derecho es legítimo, más si tenemos en cuenta que Catalunya gozó de Derechos Forales a lo largo de su historia, al igual que los tenían la Comunidad Valenciana y Baleares; derechos que les fueron usurpados por los Decretos de Nueva Planta (en 1707 a la Comunidad Valenciana, en 1714 a Catalunya y en 1715 a Baleares), como se indica en ellos «por justo derecho de conquista» e invocando a un «derecho divino». Según el artículo 206.5 del Estatut de Autonomía de Catalunya, se está vulnerando el «principio de ordinalidad», según el cual las transferencias interterritoriales, en base al principio de solidaridad, deben limitarse para que los territorios más ricos, como es el caso de Catalunya, no acaben siendo más pobres que los territorios receptores.

El caso de la Comunidad Valenciana es el más patente de todos, por ser un territorio que sin ser rico (con una renta per cápita inferior a la media), es dador de fondos, lo que le genera una infrafinanciación insostenible. Catalunya, siendo un territorio rico, se convierte en un territorio incapaz de cubrir su déficit y su deuda, lo cual no deja de ser paradójico. La solidaridad ha de tener un límite, pues de lo contrario se convierte en una paradoja al transformar un territorio rico en pobre. ¿De qué sirven los esfuerzos que puedas hacer en mejorar tu capacidad económica y financiera si por Decreto sabes que la mayor parte de los frutos los vas a ter que ceder a otros?. Conviene recordar que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut de Autonomía que previamente había sido pactado con el Gobierno central de Zapatero y votado en Referendum y que Rajoy ganó las elecciones generales con la recogida de firmas contra el Estatut.

El «No a todo» hacía imposible un pacto fiscal entre el Estado español y Catalunya, lo que imposibilitaba cualquier acuerdo que cerrara el camino hacia la independencia. Es lógico pensar que un pueblo que está sometido económicamente, busque su independencia. Más si durante muchísimos años, primero por estar sometidos a una dictadura y después por estar sometidos a unas normas impuestas sin posibilidad alguna de cambio, están siendo asfixiados financieramente y se les niega cualquier posibilidad de pacto fiscal que les permita mejorar su situación. Sólo un pacto fiscal que contemplara la posibilidad de que Catalunya pudiera gestionar tanto sus ingresos como sus gastos, como sucede en una gran cantidad de Estados y dentro de España con Euskadi y Navarra, hubiera hecho posible una alternativa seria y real a la independencia. Ahora al pueblo catalán solo le queda el «derecho a decidir», un derecho que está recogido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en la Asamblea General de Naciones Unidas.