Desahucios
Cuidem Benimaclet denuncia la expulsión de una familia tras 18 años de alquiler
La plataforma vecinal Cuidem Benimaclet ha criticado la Ley de Arrendamiento Urbano por considerarla
“injusta”.
La plataforma Cuidem Benimaclet ha denunciado hoy en una rueda de prensa la expulsión de una familia en la calle Baró de San Petrillo después de un alquiler de 18 años. Se trata de la familia Gil Cano, de siete miembros, uno de ellos menor de edad. La familia abandonará su vivienda el día 5 de febrero.
El último contrato de alquiler finalizaba el 31 de diciembre de 2018, pero la familia fue notificada mediante un burofax en octubre de que debían abandonar la vivienda. Más tarde llegó una orden judicial exigiendo a la familia desalojar la casa el 23 de diciembre. Después de procesos y diálogos la familia Gil Cano deberá entregar las llaves del piso donde ha vivido 18 años.
Tanto Cuidem Benimaclet como la propia familia han denunciado que el propietario de la vivienda y también de la finca nunca ha reparado los daños del inmueble como goteras o cambio de los contadores. Gastos que siempre han sido sufragados por los vecinos. Además de la notificación, esta familia tenia un contrato que no le permitía acceder a ayudas del alquiler.
La plataforma vecinal ha criticado la Ley de Arrendamiento Urbano por considerarla “injusta”. “No es lícito que después de 18 años de alquiler te puedan expulsar con tan solo un mes de antelación” alertan. Desde Cuidem Benimaclet también han denunciado la existencia de un modelo de ciudad donde prima la generación de capital y que “lejos de cuidar de sus vecinos, los expulsa del barrio”.
Asimismo durante la concentración se han denunciado casos similares de expulsión en los barrios de Russafa, Saïdia o Cabanyal donde grandes empresas como BBVA o el Grupo Vértice compran viviendas y expulsan a sus vecinos con la intención de alquilarlas con fines turísticos. Para finalizar, la plataforma ha subrayado la subida de los alquileres en la capital, donde el suelo ha pasado de 6 euros por m2 a 9 o incluso 10 euros en los barrios más turísticos, provocando la expulsión de vecinos que no pueden pagar el alquiler.
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