Colombia
El sueño de la paz completa se aleja de Colombia

Aunque la violencia ya no esté en el centro de la agenda mediática o política colombiana, los grupos armados siguen acabando con la vida de cientos de personas, siendo la principales víctimas quienes defienden el territorio y los derechos humanos

Protesta en Bogotá contra el asesinato de líderes
Protesta en Bogotá contra el asesinato de líderes Sergio Daza
Bogotá

publicado
2019-04-11 07:00
Después de algunos meses desaparecida, el pasado 18 de enero resonaba de nuevo la palabra ‘guerrilla’ en los telediarios internacionales: un coche bomba había explotado en una escuela de policías de Bogotá. A dos años y medio de la firma final del acuerdo de paz con las FARC, se hacen notar las dificultades para avanzar hacia la extinción completa del conflicto armado. La sensación de ‘normalidad’ en las grandes ciudades —rota momentáneamente por el atentado— convive con una realidad rural donde decenas de grupos armados ilegales siguen controlando partes del territorio.

“Los de Bogotá y Medellín creen que esto se ha acabado porque no miran al resto del país”, resumía Camila (nombre ficticio), vecina de una localidad turística próxima a la ciudad de Santa Marta. Si bien las FARC eran la guerrilla más grande y antigua de la historia, no eran el único agente armado. Otras organizaciones no han seguido el camino del desarme: “si alguien creía que los paracos desaparecerían por arte de magia con el acuerdo de paz, estaba equivocado”, lamenta Camila. Desde el anonimato, muchos vecinos del pueblo aceptan que grupos paramilitares siguen extorsionando los negocios locales con la ‘vacuna’ —impuesto obligatorio a cambio de protección—, controlando partes de la economía formal, como la distribución de cerveza, e imponiendo su ley. Este dominio, pero, se ejerce de manera más discreta que en otros tiempos y es enormemente desconocido por los centenares de turistas internacionales que llegan a la zona cada semana.

Aun así, la agenda política y mediática del país parece haber pasado página. Los primeros meses de mandato de Iván Duque han estado protagonizados por las huelgas universitarias,el debate sobre el aumento del IVA, las tensiones con Venezuela y la macrotrama de corrupción vinculada a la constructora Odebrecht. El asesinato de 252 líderes sociales en un año —según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (INDEPAZ)—, a pesar de ser una muestra clara que la violencia política no desaparece, no ha logrado el mismo nivel de atención mediática.

Lo que queda de la guerra

Evelia Francisca Pérez, profesora de primaria del departamento de La Guajira, fue una de las activistas asesinadas este pasado 2018. Pérez, que había colaborado en la campaña presidencial del candidato progresista Gustavo Petro, murió tres días después de las elecciones: unos sicarios le dispararon alrededor de su casa. Semanas antes, el grupo armado ‘Águilas Negras’ había repartido un panfleto donde amenazaba de muerte a todos los miembros de la campaña de Petro si no marchaban de la zona en 48 horas. Si bien las acusaciones que vinculan directamente el Gobierno con este tipo de homicidios son poco sólidas, entidades de derechos humanos como Somos Defensoras denuncian que el ejecutivo no hace bastante para evitar las muertes. Los colectivos más afectados por esta violencia han estado líderes comunitarios o campesinos, mayoritariamente en zonas con riqueza de recursos naturales o con cultivos de coca.

Al mismo tiempo, la seguridad para desplazarse por carretera en la mayoría de departamentos del país e indicadores como la tasa de homicidios dejan claro que las épocas más crudas del conflicto se han dejado atrás. Desde Somos Defensoras explican que hay “menos violencia generalizada”, pero que ahora “se ha concentrado en líderes sociales y defensores de los derechos humanos”.

Líder vecinal colombia
Temístocles Machado, líder vecinal del Valle del Cauca asesinado en enero de 2018, con el acuerdo de paz vigente Elizabeth Otálvar

Algunas zonas del país, como la costa pacífica y la frontera con Venezuela, se encuentran desde hace décadas en disputa entre el Estado y los grupos armados ilegales. Con el proceso de paz, algunos territorios antiguamente dominados por las FARC se han añadido a esta disputa. Según INDEPAZ, unas 3.000 personas forman parte de las 17 estructuras narcoparamilitares que se han identificado en activo en 2018. Por otro lado, las carencias en la aplicación de los acuerdos de paz han hecho crecer las disidencias de las FARC, formadas por aquellos guerrilleros que no se acogieron o que han vuelto a las armas.

El caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la histórica segunda guerrilla del país, es el que más pone en manifiesto las dificultades para avanzar hacia la pacificación. El ELN, en medio de unas conversaciones de paz estancadas con el Estado, optó para romper las pocas posibilidades de éxito con una campaña ofensiva a mediados de enero, secuestrando los tres tripulantes de un helicóptero civil a Santander y atentando contra instalaciones policiales en Bogotá. La acción en la capital dejó 20 muertos y una opinión pública cada vez más incrédula con sus supuestas intenciones de paz. Al otro lado de la mesa de negociación estaba el gobierno Duque, que ganó las elecciones prometiendo mano dura contra los guerrilleros y después de haber hecho campaña por el no en el referéndum sobre el acuerdo de paz.

Las nuevas vidas del acuerdo

Para los exguerrilleros de las FARC, estos dos años han supuesto un cambio radical en su día a día. En los Espacios Temporales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) como el de Pondores, en La Guajira, los exguerrilleros rehacen su vida con proyectos productivos de agricultura, confección o turismo sostenible. Los farianos debaten la coyuntura actual con preocupación, pero también con la distancia de aquel que ha vivido momentos mucho más oscuros. Mary Luz, que se declara feliz en su nueva etapa vital como civil, cree que la violencia política es una consecuencia natural de la desigualdad: “Nosotros no continuaremos, pero si continúan todas las injusticias, ¿crees que no habrá nueva gente que se levantará en armas? Esto ha pasado de generación en generación”.

Otros exguerrilleros como Benedicto González, un veterano dirigente de las FARC que es ahora diputado a la Cámara de Representantes, hacen una lectura más política de este peligro y culpan a los incumplimientos del gobierno en la aplicación del acuerdo de paz: “Puede ser que empiece un nuevo ciclo de violencia. Puede ser que el acuerdo se vaya desmoronando y se pierda la oportunidad histórica”.

ex guerrillero colombia
El ex guerrillero Jair García en el ETCR de Icononzo, Tolima Sergio Daza

Después de pasar décadas en la clandestinidad, en Pondores muchos excombatientes han encontrado espacio para reflexionar más reposadamente sobre el conflicto: “En su momento tocó coger las armas porque era la única manera, pero si se puede buscar la vía política es siempre mejor” explica Mary Luz. Sus palabras destilan autocrítica: “Nos matábamos entre nosotros, los pobres. Al servicio militar no va el hijo del ministro”. A la hora de analizar los crímenes cometidos, Benedicto González recuerda las palabras de su comandante en jefe, Timoleón Jiménez: “No se puede pedir a la guerra que no mate, que no ponga bombas, que no ponga minas. Así es la guerra y por eso se tiene que acabar”.

Cuando se ponen casos más concretos sobre la mesa, los miembros de la antigua guerrilla admiten que ciertas cosas “no tendrían que haber pasado”. “La práctica de la retención económica —el secuestro— se tenía que abandonar, pero no fuimos capaces de pararla”, asume el diputado González. Una de las principales acusaciones que han recibido las FARC a lo largo de su historia, el reclutamiento infantil, se acepta y se valora en primera persona: “Yo era menor cuando entré. Para muchos de nosotros las FARC representaban una oportunidad de vida”, explica Mary Luz. “De lo que no se nos puede acusar es de reclutar por la fuerza”, matiza Benedicto. Mary Luz completa la reflexión: “Fue voluntario, ¿pero qué padre aceptará que su hija de 16 o 17 años vaya a un grupo armado?”.

Conversando sobre los ataques a la empresa de Cerrejón —una de las minas de carbón más grandes del mundo— situada también en La Guajira—, Benedicto explica que a veces las FARC cayeron en uno de los principales peligros de las organizaciones armadas: ser militarmente exitosos, pero políticamente fallados: “Tú puedes estar convencido que has hecho una acción de soberanía contra la multinacional, pero si no sabes enviar este mensaje a la población la misión no se ha cumplido”.

González lamenta la contaminación que generaban estas acciones, pero poco después defiende la utilidad ecológica de la guerrilla explicando la historia de la Atelopus Farci. Se trata de una especie de rana bautizada con el nombre de la organización. Cuando las FARC abandonaron los bosques donde vivía esta rana, llegaron varias empresas que han alterado el ecosistema y la rana se ha acabado extinguiendo: “El tiempo nos dará la razón”.

La experiencia de los años de guerra sigue muy presente entre los exguerrilleros, pero en Colombia el debate público ha cambiado de temas y protagonistas. El papel de referente político izquierdista se lo ha quedado Gustavo Petro, y el principal adversario militar del Estado es ahora el ELN. A pesar de todo, la violencia política sigue sin salir de la ecuación. Ya lo advertía el lema de ‘La negociación’, un documental que narra los diálogos de La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC: “Hacer la paz es más difícil que hacer la guerra”.

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