Los dudosos estándares de medio ambiente de Canadá que sirvieron para aprobar el CETA

“Si hay un país en el mundo con el que Europa puede firmar un tratado es Canadá”, señalaba en junio del año pasado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la sesión del Congreso que ratificó el Acuerdo Económico Comercial y Global entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), remarcando que los estándares medioambientales del país norteamericano son tan exigentes como los de la Unión Europea.

Desde el PSOE también alababan la política verde canadiense y los encantos del tratado: “El CETA no rebajará nuestras leyes y reglamentos relacionados con la seguridad alimentaria, la seguridad de los productos, la protección del consumidor, la salud, la seguridad en el trabajo o el medioambiente. En este último punto, el CETA compromete a la UE y a Canadá a proporcionar e incentivar altos niveles de protección del medioambiente”, decía en febrero la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero.

Y no solo en España. La comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmstrom, en las mismas fechas que Rivera, apuntaba: “El CETA ayudará a generar el crecimiento económico y empleo que tanto se necesitan manteniendo los altos estándares europeos en áreas como seguridad alimentaria, protección del medio ambiente o derechos laborales”.

El acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá fue finalmente aprobado por el Consejo de la Unión Europea y está en vigor de forma provisional, a falta de su ratificación por algunos parlamentos nacionales. Sin embargo, los estándares medioambientales canadienses defendidos por gran parte de los partidos del Estado español y las élites europeas están hoy en entredicho.

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El gobierno canadiense, presidido por el liberal Justin Trudeau, vio como una “noticia positiva” para la industria energética de su país la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y apoyó a la petrolera TransCanada Corporation y a la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAAP, por sus siglas en inglés), el principal lobby del sector en el país, en sus presiones a la administración estadounidense para construir el oleoducto Keystone XL entre Alberta (Canadá) y las refinerías de Illinois y Texas (EE UU). Es lo que revelan los documentos a los que han tenido acceso Greenpeace y el diario británico The Guardian.

La infraestructura, propiedad de la TransCanada Corporation, se enmarca dentro de los planes de expansión de la exportación de petróleo canadiense a los EE UU y es rechazada por los ecologistas. “El abandono por parte del gobierno de Trudeau de una ambiciosa política climática al tratar con Trump y su respaldo a los lobistas del petróleo tiene más en común con el gobierno de [el anterior primer ministro] Harper que las acciones de un autoproclamado campeón del clima”, señalaba al respecto Keith Stewart, especialista en energía de Greenpeace, al diario británico.

Obama no, Trump sí

El proyecto Keystone XL fue rechazado por la administración Obama en noviembre de 2015, tras siete años de negociaciones, aludiendo a la lucha contra el cambio climático y el papel de líder global que el país pretendía ser entonces, algo que ha dinamitado la administración Trump. Varios test señalaron entonces que el envío de 800.000 barriles de arenas bituminosas —material del que se extrae petróleo crudo— diarios acabaría con los esfuerzos del país para frenar el cambio climático.

Ahora, a pesar de que Trudeau ha vendió su candidatura como “verde”, en contraposición al conservador Stephen Harper, que trabajó por sacar adelante el Keystone XL, el actual primer ministro canadiense se alinea con el lobby petrolero y respalda la exportación masiva de arenas bituminosas desde Alberta a su vecino del sur. Durante la campaña electoral Trudeau prometió alcanzar un acuerdo sobre energías renovables y medio ambiente en América del Norte para convertir al continente en “el productor de energía más eficiente y responsable del mundo”.

Los documentos revelados este sábado señalan además que el secretario parlamentario del ministro de Exteriores de Canadá se reunió con el CEO de TransCanada, Russ Girling, y con la CAPP para promocionar el oleoducto y las exportaciones petrolíferas. Asimismo, indican que el grupo de presión está “especialmente interesado en escuchar los resultados de las recientes visitas a los Estados Unidos del primer ministro Trudeau y del ministro Freeland, así como en ofrecer sus servicios (o los de los miembros) en los esfuerzos de compromiso con el Gobierno de los Estados Unidos”. Los documentos apuntan que al secretario parlamentario se le aconsejó “dar la bienvenida a la oferta de participación” y señalar que al Gobierno “le gustaría mantenerse en contacto”.

Se da la circunstancia de que la CAPP comparte varios miembros con su organización homóloga estadounidense, el American Petroleum Institute, cuyas operaciones de presión a la administración Trump han dado como fruto el recorte de regulaciones ambientales y la aceleración de los permisos para la perforación de petróleo y gas.