Argentina
La movilización social tumba una ley prominera en la provincia argentina de Mendoza

En pleno debut institucional, el ejecutivo progresista de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y el opositor gobierno radical de Mendoza se ven obligados a derogar una ley con la que patrocinaban la megaminería.

Mendoza mineria 2
Movilización en Mendoza (Argentina) en defensa de la ley 7722, que prohibía la utilización del cianuro en la megaminería.
10 ene 2020 06:00

Apenas diez días estuvo vigente la Ley 9209, que pretendía establecer una nueva regulación en la actividad minera en la provincia argentina de Mendoza. Una de las novedades que la norma introducía era la autorización del uso de cianuro y de ácido sulfúrico, entre otros productos contaminantes, cuya utilización la anterior Ley 7722 —conocida como “ley antiminera”— no permitía.

La nueva legislación fue impulsada por el gobernador del partido radical, Rodolfo Suárez, y por los principales referentes del peronismo local, en sintonía con el reciente posicionamiento del presidente Alberto Fernández en favor de la megaminería. La reacción ciudadana fue inmediata. A la espera de la sesión en diputados y senadores, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura se concentraron en el kilómetro cero de la capital provincial. Sin embargo, la movilización no pudo impedir que el 20 de diciembre la ley fuera aprobada y sancionada.

Una movilización de más de 40.000 personas exigió la supresión de la norma y la restitución de la Ley 7722, que prohibía el uso del cianuro en la megaminería

Pero la potencia y masividad de la convocatoria sí consiguió parar su tramitación. Un visiblemente atemorizado gobernador Suárez anunció que solo la reglamentaría después de mantener contactos con la sociedad civil para llegar a consensos.

El movimiento mendocino por el agua es hijo de muchas batallas. Integrado por científicos, periodistas, activistas y un tejido social movilizado, demostró su fogueo y perspicacia al concluir que la no reglamentación de una ley no impide que sea aplicada. La agitación no amainó, aumentó hasta generar una movilización de unas 40.000 personas que, desde diferentes puntos de la provincia, marcharon hacia la casa de gobierno exigiendo la supresión de la norma y la restitución de la Ley 7722.

Llegados a ese punto Suárez ya no aguantó la presión. Después de un cónclave con sus intendentes, declaró: “En la campaña dijimos que éramos un gobierno de puertas abiertas y de diálogo. Por esa razón hemos decidido enviar a la legislatura un proyecto para la derogación de la ley 9209”. A renglón seguido, convocó al parlamento provincial que, en sesión especial y en pleno período de fiestas, aprobó por amplia mayoría —34 votos a favor y dos en contra— la derogación de la nueva ley. Los votos contrarios pertenecen a dos senadoras de inspiración política opuesta, una peronista y la otra radical, ambas de la región de Malargüe, donde la explotación minera campea a sus anchas. Hilda Quiroga, alineada con el gobierno F+F, lo justificó en estos términos: “Pedimos solidaridad, somos capaces de hacer minería con los controles de los países más avanzados del mundo”. La otra, Gladys Ruiz, radical como el gobernador Suárez, defendió su posición apelando a un pasaje bíblico: “Si a Jesús lo crucificaron porque quería salvar al mundo, digo lo mismo que él, perdónalos Señor, no saben lo que hacen”.

El movimiento que consiguió frenar esta ofensiva megaminera no es espontáneo ni fruto de la improvisación, sino producto de décadas de movilización social 

Una vez consagrada la derogación de la efímera ley, el gobernador Suárez convocó a una conferencia de prensa donde hizo un pronunciamiento oficial: “Para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado, que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza”. Con algarabía la sociedad mendocina conmemoró el resultado.

UNA ORGANIZACIÓN DE LARGO RECORRIDO

El movimiento que consiguió frenar esta ofensiva megaminera no es espontáneo ni fruto de la improvisación. Se inició hace más de tres décadas y ha conseguido que esa modalidad de explotación no haya podido penetrar en la totalidad del territorio argentina. Sí lo ha hecho en cinco provincias, pero en otras siete no lo ha conseguido.
Se trata de una disputa sin cuartel entre las grandes empresas mineras y los gobiernos que les dan cobertura, por una parte y los movimientos sociales en defensa del agua y del medio ambiente, por la otra. La refriega dio visibilidad a algunos desastres ambientales. En 2015 se conoció el primer derrame en la provincia de San Juan, en la mina Veladero, explotada por Barrick Gold. Le sucedieron otros dos, que afectaron a cinco ríos y contaminaron también a los glaciares.
“Lo de Mendoza es algo más que un movimiento social; es la potencia de la sociedad en movimiento”, dice la investigadora Maristella Svampa

Durante las últimas décadas ha habido permanentes ofensivas para expandir la megaminería en Mendoza y Chubut, y el gobierno Macri intentó ampliar las fronteras de explotación. Por contrapartida, las asambleas han estado alerta y movilizadas para frenar las embestidas. Cabe contabilizar avances en la restricción a la actividad minera, en Esquel en 2003, de donde proviene la primera ley contra la megaminería (Nº 5001). En 2010 se consiguió la sanción de la Ley de Glaciares, que prohíbe las explotación minera y petrolífera en área de glaciares y en su entorno periférico. En 2012 se produjo la pueblada de Famatina, en la provincia de La Rioja, que se replicó ese mismo año en la provincia de Catamarca, en donde opera la mina La Alumbrera, altamente contaminante. Hubo otras fuertes movilizaciones, cabe destacar las de Gualeguaychú —provincia de Entre Ríos— entre 2003 y 2007. A esta lucha de largo recorrido se le suma el plebiscito en la provincia de Neuquén, que prohibió la megaminería en Loncopué, en la precordillera habitada por comunidades mapuches.

Megaminería Mendoza

Pero lo que acaba de suceder en Mendoza parece marcar un antes y un después en el movimiento contra la megaminería. Y no solo porque se consuma durante la vigencia de un gobierno progresista, recientemente consagrado por las urnas y con amplio apoyo social, sino sobre todo por su amplitud y energía. Numerosas capas y estamentos sociales han tomado las calles en defensa del agua, un recurso caro a un territorio que la necesita para sus huertos y viñedos, y que ha visto cómo en la vecina provincia de San Juan la megaminería ha contaminado los acuíferos y secado importantes reservas hídricas.

En una entrevista en La Izquierda Diario, la socióloga e investigadora Maristella Svampa caracteriza así el episodio: “Lo de Mendoza es algo más que un movimiento social; es la potencia de la sociedad en movimiento. Esto es algo novedoso; ocurre como con las movilizaciones de mujeres contra el patriarcado y en favor del aborto legal. Aquí asistimos a la sociedad en movimiento, que ante la imposición de la clase política, decidió tomar a su cargo la defensa de un bien común, cuestionando de lleno la territorialidad extractivista y colocando en el centro otras formas de valoración, en relación al cuidado del agua”.

DOS PARADIGMAS ENFRENTADOS

Como resultado añadido, el episodio mendocino está animando un debate entre la concepción desarrollista neokeynesiana sustentada por el progresismo latinoamericano, y otra que inspira a los movimientos ecologistas, indigenistas, altermundistas y feministas, que plantean la necesidad de implantar nuevos modelos de organización de la producción y de la vida. A partir de la crisis ecológica y social, sostienen que ha llegado la hora de poner en valor modelos que den prioridad a la ecología y a los recursos renovables, en vez de continuar obedeciendo a los paradigmas de productividad y eficiencia propios del capitalismo. Un debate en plena vigencia en Latinoamérica, que desborda el campo teórico y se proyecta al espacio político. Su actualidad ha sido palpable en los últimos episodios vividos en Ecuador, ha tenido algo menos de visibilidad en Bolivia y ahora también emerge a la luz en Argentina.

“El marco sería otro, bastante más amplio: extractivismo, sí o no” 

El progresismo considera que, para obtener las divisas necesarias para solventar los gastos del Estado y contar con recursos para hacer políticas redistributivas es menester contar con la megaminería. Ante las objeciones por sus consecuencias ecológicas y sociales negativas, considera que es una actividad sustentable, a condición de aplicar dispositivos de fuerte control estatal y participación ciudadana en la toma de decisiones.

Del lado ecologista y feminista, se considera que posicionar el debate en la antinomia “minería sí, o no”, instala la disputa en un falso dilema. El marco sería otro, bastante más amplio: “Extractivismo, sí o no”. Y consideran que, definiendo así el marco teórico, cabe colocar al agronegocio junto a la megaminería, como dos aspectos de la misma noción de “desarrollo”, que condena a los países periféricos a una sobreexplotación intensiva y contaminante. Equivaldría a la entrega —hasta el agotamiento y la extenuación— del agua, la tierra y los recursos minerales y energéticos. También cuestionan de plano los supuestos beneficios de ese tipo de explotación, así como la llegada de capitales que se instalen en ese nicho de actividades. Aseguran que su vector exclusivamente financiero acaba siendo predatorio y trae más perjuicios que las alegadas ventajas en términos de creación de puestos de trabajo y generación de riqueza: “No son fuentes de producción e industrialización, sino de financiación y sabemos que cuando financiamos, terminamos pagando más de lo recibido”.

¿UN RECADO PARA EL GOBIERNO F+F?

Habrá que ver cómo procesa el Gobierno nacional este frustrado intento —consensuado con el gobierno radical mendocino— de impulsar la megaminería a través de la Ley 9209, finalmente derogada. 

El Gobierno progresista de F+F ha hecho suyo el mandato de mitigar la tremenda exclusión que el macrismo dejó instalada. Alrededor de un 40% de la población está bajo la línea de pobreza, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Para ello, el nuevo ejecutivo desplegó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y algunos decretos presidenciales. A través de un bono a los jubilados, otros a los asalariados de los sectores público y privado, el programa de tarjeta de alimentos y las asignaciones familiares, los Fernández pretenden inyectar en la economía el equivalente a unos 1.500 millones de euros. Simultáneamente, ha anunciado un cambio en la filosofía impositiva, instalando la progresividad tributaria y el aumento de los derechos de exportación, del impuesto por bienes personales, por compra de divisa extranjera, entre otras medidas. Algunas van dirigidas a mantener bajo control a la siempre errática y voluble “clase media”.

Simultáneamente, el Gobierno aumentó las retenciones a la soja, y en los corrillos se afirma que habría conseguido una prórroga de dos años con el FMI para no pagar siquiera intereses del préstamo de 50.000 millones de dólares que la institución concedió al gobierno Macri. “Primero crecer y luego vemos cómo pagar”, sería la máxima del flamante Gobierno.

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1 Comentario
#45786 21:51 11/1/2020

Excelente crónica sobre lo que se mueve en Argentina. Seguramente en Mendoza saben lo que se pasó con los recursos del agua totalmente privatizada en la vecina Chile.

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