Andalucía
Juan Manuel Moreno llega a la investidura entre protestas

Después de días de cierta incertidumbre, se hace efectivo el panorama que se comenzó a vislumbrar tras el 2-D. Con el acuerdo programático entre PP y Cs como eje de la acción de gobierno y el apoyo confirmado de Vox para conseguir los escaños necesarios que lo respalde, el camino de Moreno Bonilla al Palacio de San Telmo se encuentra despejado en el plano político. Tras el discurso que pronuncia este martes, el último paso se produce el miércoles 16, con el debate y la votación de su investidura como presidente autonómico.

La Vicepresidencia del ejecutivo recae en el máximo responsable de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín. El mayor peso específico del Partido Popular en la composición del gobierno también se contempla en el reparto de consejerías. Del total de once, seis estarán bajo el control del PP y cinco del de Cs. Aún se desconoce su estructura definitiva.

Lo que sí se conoce es que el Partido Popular se hace cargo de las áreas de Hacienda –Cs pedía que no la gestionase alguien del mismo partido que el presidente–, Administraciones Públicas, Interior, Sanidad, Cultura, Patrimonio, Agricultura, Pesca, Medio Ambiente, Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio, la Oficina del Portavoz, Energía, Industria y Minas. En cuanto a Familia, Vox exigía a los populares que dirigiesen este área –que iba originariamente incluida en Igualdad, de Ciudadanos– y que tuviese carácter de Consejería. Lo primero se ha cumplido, pero será incluida dentro de la Consejería de Salud, la de mayor dotación presupuestaria.

Ciudadanos se hace cargo de las áreas relacionadas con “regeneración democrática” y la lucha contra el fraude y la corrupción, así como Educación –otra con gran peso presupuestario–, Formación, Universidad, Deportes, Turismo, Igualdad, Políticas Sociales, Justicia, Desarrollo Económico. También Administración Local, que en la estructura del gobierno socialista estaba adherida a la de Memoria Democrática y que en el nuevo gobierno pasa a denominarse Conciliación.

Acuerdos para la investidura

Con 26 parlamentarios, el PP necesita otros 29 para conseguir la mayoría absoluta en la cámara andaluza. Por esa aritmética, los 21 de Ciudadanos no son suficientes, así que los votos que faltan los aporta Vox, que tiene 12. Esta aritmética no fue tenida en cuenta al inicio de las negociaciones, abordadas como un pacto a dos bandas PP-Ciudadanos para integrar el gobierno de la Junta de Andalucía obviando a Vox. Las líneas de acción para el futuro gobierno aparecen indicadas en el acuerdo programático de 90 puntos. Introduce que se produce en un contexto “pocos meses después de que el actual Gobierno de España pactase su investidura y su acción de gobierno aliándose con quienes solo quieren romper la Unidad de España”.

Además de la defensa de esta unidad y del estado de las autonomías, el documento incluye otras medidas, incluidas en las áreas de “regeneración democrática e institucional”, “reformas económicas y fiscales”, y “para la reactivación de los servicios públicos”. Entre las medidas acordadas se encuentran la reducción de IRPF, el fin de la subasta de medicamentos, la apuesta por la educación concertada, incentivos frente a la brecha salarial de las mujeres, promover un pacto andaluz contra la violencia de género y defender los derechos del colectivo LGTBI.

La materialización de este acuerdo programático llegó el 27 de diciembre, cuando Marta Bosquet alcanzó la presidencia del Parlamento de Andalucía. Dos días antes, el de Navidad, aparecía publicada la foto de Juan Marín reunido con Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo en la cafetería de la estación de Jerez de la Frontera para negociar el apoyo de Adelante Andalucía a la candidatura de Bosquet. No hubo acuerdo y la confluencia presentó la candidatura de Inmaculada Nieto, que obtuvo los apoyos de los socialistas. La de Ciudadanos contó con los de PP y Vox. Ese respaldo se vio reflejado en los apoyos para la composición de la Mesa del Parlamento, de la que se quedaba fuera Adelante Andalucía. La queja presentada por esta formación y respaldada por el PSOE aún está pendiente de resolverse.

“¿Qué partido va a votar el programa de otros partidos que le desprecian, y además traicionando a sus votantes? Vox, desde luego, no”, advertía con el nuevo año su presidente, Santiago Abascal, recordando a los socios del futuro gobierno que para materializarlo necesitaban su apoyo. Especialmente a Ciudadanos, una formación que ha intentado ignorar que su proyecto en el gobierno de la Junta pasa por los escaños de Vox y con Juan Marín insistiendo en que no cambiará “una coma” del acuerdo con el PP y que este es el único que les vincula. Son conscientes de que cualquier acuerdo con una formación de extrema derecha no es bien vista por buena parte de sus votantes, así como por sus socios de ALDE, la Alianza de los Liberales y Demócratas en el Parlamento Europeo. Manuel Valls, a quien Ciudadanos respalda como candidato a alcalde de Barcelona, ha sido uno de los más críticos sobre un posible acuerdo Cs-Vox a través de Twitter, una postura que también ha tenido réplica desde Vox.

Con estos antecedentes, ha sido el Partido Popular el que ha asumido las negociaciones con la tercera formación política necesaria para llevar a cabo el anunciado cambio de gobierno en Andalucía, sellado tras la ronda de contactos entre Marta Bosquet y los portavoces de los grupos parlamentarios que confirmó la candidatura de Moreno Bonilla. Para llegar a este punto, PP y Vox han suscrito un documento que incluye 37 puntos. No incluye algunas de las medidas más polémicas presentadas antes por Vox para lograr la investidura, pero sí otras orientadas por su discurso. Las reuniones, encabezadas por los secretarios generales de ambas formaciones, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, también llegaron a tener su momento de zozobra, cuando en mitad del proceso se difundió el documento de Vox con sus 19 medidas.

Protestas a las puertas del Parlamento

Mientras la delegación del PP discutía con la de Vox las condiciones para lograr el apoyo necesario de sus doce parlamentarios a la candidatura de Juan Manuel Moreno, se difundían las 'Propuestas de Vox para la investidura del presidente de la Junta de Andalucía'. Entre sus diecinueve medidas, algunas contemplan la derogación de las leyes autonómicas de prevención y protección integral contra la violencia de género, así como la de promoción de la igualdad de genero, la destinada a garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares y la de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Además, recoge medidas “contra la inmigración ilegal”, que sitúa en 52.000 personas para las que pide su expulsión.

Las negociaciones con Vox y la posible entrada de alguna de estas medidas en la acción de gobierno han despertado un rechazo social que ha ido creciendo en relevancia. La llamada reivindicativa “¡Nuestros derechos no se negocian!”, lanzada desde colectivos feministas, no solo ha cruzado Despeñaperros sino que ha llegado al otro lado del Atlántico. Además de la concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía a las 12h –poco antes de que Juan Manuel Moreno comience su discurso de investidura–, hay contabilizadas 113 convocatorias de concentraciones para las 19h.

La convocatoria también ha visto amplificado su seguimiento social: organizaciones en defensa de los derechos humanos, de las personas LGTBIQ y migrantes, colectivos en defensa de la educación pública; incluso ha conseguido el apoyo explícito de dos grupos políticos con representación parlamentaria, como PSOE-A y Adelante Andalucía. El objetivo principal es hacer patente el rechazo a las políticas machistas, homófobas y contrarias a la igualdad.

Otra acción de protesta, esta de carácter sindical, está programada para las 18h del miércoles, día de la votación de investidura. Con el lema 'Rodea el Parlamento', viene a reivindicar que “Andalucía no está en venta”. La convocatoria está realizada por el SAT, CNT Sevilla y Co.Bas.