Opinión
Cuenta atrás para detener la amenaza de los impulsores genéticos

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) fue uno de los grandes acuerdos mundiales de la primera Cumbre de la Tierra (1992). El alarmante declive de la biodiversidad y una naturaleza que no entiende de fronteras, con especies que migran anualmente miles de kilómetros —70.000 kilómetros en el caso de la golondrina de mar—, hacían imprescindible crear un instrumento internacional que permitiese poner coto a las actuaciones humanas que amenazan la vida. 

En el CDB se tratan cuestiones sobre bioseguridad, acceso a los recursos genéticos y reparto equitativo de sus beneficios, todas ellas de crucial importancia para el desarrollo del mercado (léase negocio) agrícola de los organismos manipulados genéticamente (OMG). No es de extrañar, por tanto, que las deliberaciones en el seno del Convenio hayan sido seguidas muy de cerca por la gran industria agroquímica. Conviene no olvidar que la expansión de los cultivos transgénicos desde los años 90 ha ido acompañada de un vertiginoso proceso de apropiación de los recursos genéticos agrícolas (las semillas) y de concentración de la agroindustria: tan solo dos empresas, el gigante químico Bayer (que adquirió Monsanto en 2016) y Corteva (Dow + Dupont + Pioneer) controlan hoy más del 40% del comercio mundial de semillas, seguidos de cerca por ChemChina/Syngenta y BASF. 

Los grandes lobbies agroquímicos han dedicado considerables sumas de dinero y esfuerzos para inclinar a su favor los acuerdos del Convenio sobre Diversidad Biológica, participando abierta —y agresivamente en ocasiones— en las cumbres o ejerciendo su influencia de forma encubierta. Acogiéndose a la normativa sobre derecho a la información, el Corporate Europe Observatory (CEO), accedió en 2018 a documentación que revela la existencia de una plataforma pro-biotecnológica denominada Public Research Regulation Initiative (PRRI) que reúne a representantes de la industria, funcionarios de alto nivel y científicos afines, con el fin de manipular debates y decisiones importantes en la Unión Europea y en el seno del CDB.

En estos momentos uno de los objetivos prioritarios de los lobbies es parar la moratoria sobre impulsores genéticos, reclamada por numerosas ONG y científicos en el marco del CDB

Estos grandes lobbies presionan para que la normativa de bioseguridad que regula la liberación de OMG no se aplique a una segunda generación de transgénicos y para frenar cualquier obstáculo precautorio al desarrollo de nuevas tecnologías de modificación genética. En estos momentos uno de sus objetivos prioritarios es parar la moratoria sobre impulsores genéticos, reclamada por numerosas ONG y científicos en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Los Gene Drive Files, correspondencia desvelada por investigadores de la sociedad civil, revelan que en 2017 la Bill and Melinda Gates Foundation concedió 1,6 millones de dólares a una empresa de comunicación y relaciones públicas, Emerging Ag, para movilizar y coordinar la oposición a la moratoria sobre impulsores genéticos en el seno del Convenio. En los correos cruzados por la empresa con los científicos y delegados reclutados para influir en las negociaciones se habla expresamente de “qué actividades serán necesarias para luchar contra los defensores de la moratoria a los impulsores genéticos antes de la próxima reunión del CDB”.

Interferir el proceso evolutivo

Los impulsores genéticos (gene drives) son una nueva tecnología de ingeniería genética que permite burlar las leyes de la herencia biológica, forzando la rápida propagación en la naturaleza de modificaciones genéticas, incluso si éstas son letales para una especie. Las implicaciones de su desarrollo tienen enorme trascendencia, pues por primera vez en la historia, la humanidad dispondría de una herramienta que le permite interferir de forma fundamental en el proceso evolutivo de los seres vivos, y eliminar especies de forma permanente.

Construir un impulsor genético en el laboratorio es relativamente fácil, rápido y barato,  por lo que esta tecnología despierta grandes expectativas de negocio y se ajusta perfectamente al modelo económico preponderante, que busca rentabilizar rápidamente las inversiones sin preocuparse de sus consecuencias a más largo plazo.

La modificación y/o eliminación deliberada de especies supone una amenaza para la estabilidad de los ecosistemas, para la agricultura sostenible y para la salud humana

En 2018, la financiación conocida concedida a proyectos de investigación sobre impulsores genéticos ascendía a 250 millones de dólares. Los mayores financiadores eran la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa  (DARPA), del Departamento de Defensa de EEUU, y —casualmente— la Bill and Melinda Gates Foundation. Esta fundación, considerada la mayor organización filantrópica mundial, fue en su día un importante accionista de Monsanto, y desde hace años promueve activamente la utilización de OMG en la agricultura, sobre todo en el continente africano. Recientemente financia generosamente el proyecto Target Malaria, que aspira a experimentar con impulsores genéticos en África y otras regiones del Sur para erradicar el mosquito anopheles, que transmite la malaria.

Aunque para promover la aceptación de los impulsores genéticos se publicita casi exclusivamente su potencial para erradicar vectores de enfermedades como la malaria, es muy probable que la agricultura se convierta a largo plazo en el campo de aplicación más importante de esta nueva tecnología. Las patentes describen cientos de aplicaciones agrícolas de los impulsores genéticos. Se habla, por ejemplo, de eliminar poblaciones de insectos o de modificar su comportamiento para que respondan a determinados agroquímicos; de revertir la resistencia a herbicidas desarrollada por un creciente número de malezas; o de hacer a las malas hierbas más vulnerables a nuevos compuestos.

Y aunque la producción de armas biológicas está prohibida internacionalmente, algunas investigaciones financiadas por el DARPA —como el desarrollo de virus infecciosos diseminados por insectos y capaces de modificar el genoma de las plantas—, podrían ser utilizadas con fines hostiles y resultan enormemente preocupantes.

La modificación y/o eliminación deliberada de especies supone una amenaza para la estabilidad de los ecosistemas, para la agricultura sostenible y para la salud humana, con consecuencias difícilmente previsibles con los conocimientos actuales.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si una modificación diseñada para propagar la esterilidad en una especie considerada nociva se transfiere a otras que polinizan los cultivos, o que son fuente de alimento para los anfibios, las aves o incluso las personas? ¿Qué ocurriría si se desactivasen accidentalmente genes beneficiosos importantes, o si una determinada alteración genética incrementa la incidencia de enfermedades? Liberar organismos con impulsores genéticos (OIG) constituye un experimento a escala ecosistémica con enormes riesgos.

Hasta ahora, los experimentos con impulsores genéticos se han realizado en condiciones de confinamiento (en el laboratorio o en contenedores cerrados), pero está previsto liberar OIG en la naturaleza en un futuro próximo.  Una vez liberados, su dispersión resulta completamente incontrolable, irreversible y en gran medida imprevisible.

La cumbre del Convenio de Diversidad Biológica prevista en Canadá el próximo mes de diciembre (COP 15) deberá adoptar una decisión sobre la propuesta de moratoria a los impulsores genéticos. A pesar de las muchas voces que reclaman la moratoria, incluido el Parlamento Europeo, la posición negociadora de la UE aprobada el 24 octubre por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente se limita a destacar la importancia de un enfoque precautorio en lo que respecta a los OIG. Un posicionamiento tremendamente decepcionante, que seguramente trasluce las poderosas influencias ejercidas por los lobbies a todos los niveles.

Y es de suponer que de aquí a diciembre las presiones de los grandes lobbies para parar la moratoria irán en crescendo.

Pero la industria no siempre se ha salido con la suya en las negociaciones del CDB. Un ejemplo claro de una contienda similar, ganada cuando parecía que todo estaba perdido, fue la moratoria a la tecnología Terminator (GURTS, en la jerga técnica) desarrollada para crear semillas “suicidas”, que impedirían que el campesinado guardase una parte de su cosecha para re-siembra y se viera obligado a comprar simiente todos los años. La movilización campesina masiva que tomó las calles de Curitiba y el edificio donde se reunía el CDB, con el lema “La naturaleza y la biodiversidad pertenecen al pueblo, no a los gobiernos ni a las transnacionales” ganó la partida. 

Y es posible que en la COP de diciembre pueda todavía evitarse el desastre y David vuelva a ganar a Goliat.