Andalucía: líderes en desahucios

En los últimos meses han vuelto a repuntar los problemas de vivienda en Andalucía. Y lo más preocupante es que amenazan a personas con alta vulnerabilidad social

PAH Málaga
Integrantes de la PAH Málaga durante una movilización este año. Larissa Saud



publicado
2017-11-24 15:33:00

El día 13 de octubre, la delegación granadina de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía emitía un comunicado de prensa en apoyo de la denuncia presentada contra la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por violación de derechos fundamentales, dada su negativa a proporcionar una vivienda digna y segura a una mujer víctima de violencia machista y a su hijo discapacitado, que además se encuentra amenazado por ser homosexual.

Una vez más, denuncias como esta evidencian que los problemas en torno a la vivienda siguen estando muy presentes, afectando a amplios sectores de la sociedad andaluza.

La Junta de Andalucía sigue sin abordar una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía. Esta, sin embargo, ha seguido organizándose en torno a colectivos y plataformas como la PAH, Stop Desahucios y el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, que se han dedicado a parar desahucios, ocupar inmuebles vacíos y denunciar a bancos y fondos buitres.

En 2016, se produjeron 27 desahucios por día en Andalucía, según el Consejo General del Poder Judicial

Los datos hablan por sí solos. En el segundo trimestre de 2017 se registraron 16.859 lanzamientos o desahucios en España, según el Consejo General del Poder Judicial. 2.947 tuvieron lugar en Andalucía, que durante ese periodo de abril a junio fue el territorio con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas: 1.864, el 24,2% del total. Estos números se complementan, además, con los aportados recientemente por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, en su último informe de 2017.

El capítulo referente a Andalucía, se señala que el 41,7% de la población andaluza está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, 13,8% más que la media estatal. De manera general, para todos los ítems incluidos en el informe, las tasas de privación de la comunidad autónoma son más altas que las registradas para el resto de España. Los relativos a la vivienda son, de hecho, muy sintomáticos.

Precariedad

El 11,9% de las personas que viven en Andalucía no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada por no poder enfrentar un pago de suministros excesivamente elevado. De igual modo, hasta el 52,8% de las familias andaluzas no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, mientras que el 12,5% de ellas ha tenido que afrontar retrasos en el pago de los gastos de su vivienda en el último año.

Algunas zonas de Andalucía se encuentran en una situación de emergencia habitacional que no para de crecer. Son muchas las familias que tienen problemas para acceder a una vivienda digna, un derecho que, según el Artículo 47 de la Constitución Española, tienen todas las personas en nuestro país.

A principios de año, de hecho, saltaba la noticia de que en la ciudad de Cádiz existían casi 7.000 personas registradas como demandantes de una vivienda, un dato que llevó al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a pronunciarse sobre el tema en marzo. En una rueda de prensa junto al alcalde gaditano, José María González ‘Kichi’, Maeztu señaló la necesidad de coordinar respuestas conjuntas y crear una hoja de ruta “que sea capaz de acabar con este grave problema de la vivienda y de la infravivienda”. Una de las medidas avanzadas era la creación y reunión de una Mesa Tripartita de Vivienda con participación de la Junta de Andalucía. 

Resulta paradójico, no obstante, que medio año después la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz tenga que estar exigiendo a la Consejería de Fomento y Vivienda que, con la máxima urgencia, resuelva la convocatoria de ayudas al alquiler de 2016, de la que están pendientes 13.798 familias. El retraso en el pago de estas ayudas no ha contribuido, desde luego, a mejorar la situación de precariedad que se extiende por toda Andalucía.

Maeztu reclamó el pasado octubre nuevamente “un plan de choque hasta que se ultime la tramitación que culmine el pago efectivas de estas ayudas”. Esta reclamación, por cierto, lleva siendo espoleada por la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) desde hace meses. La indiferencia del Gobierno andaluz ante el problema de la vivienda es notable. Es por ello que no extraña que el número de desahucios aumentara en Andalucía durante el segundo trimestre de este año respecto al mismo período del ejercicio anterior. De nuevo es un dato que aporta la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado en octubre.

Málaga

En la provincia de Málaga los desahucios aumentaron un 0,5% en comparación con el segundo trimestre de 2016. En los seis primeros meses del año se han ejecutado 1.710 lanzamientos. Si nos retrotraemos al inicio (oficial) de la crisis, la cifra es aterradora: más de 30.000 personas han perdido su vivienda en la provincia. Casi un tercio de todos los desahucios llevados a cabo en Andalucía durante los últimos diez años a causa de impagos han tenido lugar en Málaga.

La PAH Málaga es precisamente uno de los colectivos más activos de la plataforma dentro de Andalucía. Casi medio centenar de personas se reúne todos los viernes por la tarde en la Casa Invisible. Allí es donde El Salto se ha reunido con ellas. Cuentan desde su asamblea que cada semana se acerca alguna persona nueva. Desde la PAH Málaga piensan, de hecho, que esto es justamente la prueba más clara de que el problema de la vivienda sigue de rabiosa actualidad. En el último año han identificado un nuevo problema: la dificultad de encontrar pisos en alquiler, ya que se están destinando “al uso turístico”.

Desde la PAH señalan a la Junta y a los Ayuntamientos, aunque dicen que el “principal problema” son los bancos

Aprovechamos la ocasión para hablar con algunas de las familias que más recientemente han empezado a formar parte del colectivo. Nos cuentan que, tras el lanzamiento efectivo de su hipoteca, no han tenido más remedio de desobedecer la orden del juez y permanecer en su casa. Dos compañeras que se agregan a la conversación hablan con claridad: “No hay alternativas, ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Málaga dan soluciones. Hace falta un fondo de vivienda sociales”. Todos los miembros de la PAH Málaga, en cualquier caso, tienen claro dónde apuntar los ataques. “Son los bancos el principal problema. Cuentan con un parque de vivienda enorme. Si han sido rescatados con el dinero de todas las personas, las administraciones deberían obligar a los bancos a que pongan la enorme cantidad de casas y pisos en alquiler social”. Antes de irnos, nos advierten: “El problema va a ir a peor, el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de las deudas hipotecarias con garantías que impulsó el ministro De Guindos en la anterior legislatura acaba en dos años, y eso después de haber conseguido una prórroga, hasta mayo de 2019. Entonces veremos cómo los buitres inmobiliarios se van a lanzar sobre nosotras. Solo somos carroña”.

Estado de emergencia

Hace ya varios años desde que en 2013 el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda pidió a la Junta de Andalucía la declaración del “Estado de Emergencia habitacional en Andalucía”. Con ello se buscaba que las administraciones públicas dieran de una vez por todas una respuesta efectiva a la extrema situación en la que vive una no pequeña parte de la población andaluza.

La respuesta a este reclamo que dio la Junta de Andalucía, gobernada entonces por PSOE e IU, fue aprobar la Ley de la Función Social de la Vivienda, que incluyó como principal novedad la expropiación temporal del uso de la vivienda a bancos en casos en los que hubiera riesgo de exclusión social, ampliada también a avalistas, los cuales hasta entonces no habían tenido cobertura alguna. Sin embargo, dicha ley fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, que no tardó en declarar nulas las disposiciones que recogían la citada medida. A partir de este momento, la Junta de Andalucía, nuevamente cortijo exclusivo del PSOE con el apoyo puntual de Ciudadanos, ha vuelto a situarse en la absoluta pasividad.

En este estado de las cosas, el único modelo habitacional para los que no tienen recursos es la ocupación de vivienda. Gracias a realojos como los que se han venido sucediendo en todo el territorio andaluz desde el 15M se ha podido poner cara al problema de la vivienda en Andalucía. Todos recordamos la ocupación en 2012 de 32 viviendas de un edificio abandonado por la promotora que lo construyó en el céntrico barrio de La Macarena, en Sevilla. Era la Corrala Utopía, un símbolo de la lucha por la vivienda en todo el Estado español. Cinco años después ha dejado de existir, a causa de su de­salojo en abril 2014, pero las mujeres y familias que ocuparon esas viviendas vacías han estado respondiendo ante la justicia por ello hasta hace poco. Por suerte, los juzgados no han considerado condenatoria su actuación. La única sentencia dictada precisamente en este sentido fue revocada por la Audiencia Provincial de Sevilla la pasada primavera.

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