Agricultura
Reforma Agraria para alimentar Extremadura

Una luz cegadora, un disparo de nieve, una fecha que apunta a la dignidad y a la transformación de esta tierra. Eso es el 25 de marzo. Un faro que ilumina otra Extremadura posible, liberada de la maldición histórica del paro, la emigración y el clientelismo. Un aldabonazo que llama a enfrentar la resignación y el miedo.

El 25 de marzo, como nos recuerda Víctor Chamorro, constituye el hecho diferencial extremeño. Aquel asombroso acontecimiento traía de la mano y trenzaba tres conceptos fundamentales: tierra, pueblo e identidad. Por primera vez en siglos Extremadura constituía la vanguardia de la emancipación social. Y era el pueblo, la gente menuda, los campesinos, la clase obrera y los artesanos, quien levantaba el nosotros decisivo. ¡Cuántos siglos de aceitunas, los pies y las manos presos! Como cantara Miguel Hernández, el pueblo tomaba las riendas de su destino. Y en aquel sereno impulso revolucionario se alzaba la identidad de Extremadura, asentada en la solidaridad entre los más pobres, en la tenacidad de los yunteros.

La reforma agraria fue el enunciado primordial de aquel seísmo. “Un acontecimiento es la perturbación del orden del mundo”, escribe Alain Badiou. El 25 de marzo ha tenido siglos de rumia y ensayo. Y, con él, aflora una verdad escondida, elemental: la tierra no es una mercancía, no es una pieza más del dispositivo pretenciosamente perfecto del capitalismo, sino sustrato y sustancia misma de la vida.

Karl Polanyi, el antropólogo austríaco, explicaba cómo el capitalismo se fundamenta en la mercantilización ficticia de la tierra y el trabajo. El sueño campesino de la reforma agraria desmontaba esa quimera, el propósito de presentar como natural la usurpación privada de un bien común como es la tierra.

Francisca Rosique Navarro detalla en su obra La reforma agraria en Badajoz durante la II República el poder de movilización que ha tenido siempre la cuestión agraria, sobre todo en la provincia de Badajoz, en torno a la mala distribución de la propiedad, la usura y la falta de tierras.

El latifundio es el peso muerto de la dominación de siglos que inmoviliza el presente de Extremadura y bloquea cualquier transformación posible

El latifundismo está en la raíz del subdesarrollo y la dependencia de Extremadura. Tiene un vínculo muy estrecho con el paro y la emigración. El latifundio es el peso muerto de la dominación de siglos que inmoviliza el presente de Extremadura y bloquea cualquier transformación posible. Pero el latifundismo no es una maldición bíblica e intocable que le ha tocado a territorios como Extremadura. Es el resultado de un largo proceso de expropiación y explotación del campesinado y las clases trabajadoras. Una cuestión que se adentra en las profundidades mismas de la historia extremeña, como aseguraba Víctor Chamorro hace tan solo unos días, desde la propia “reconquista” en el siglo XIII con la adjudicación de grandes extensiones de tierra a Órdenes Militares y maestrazgos que nunca fueron repartidas.

La posterior desamortización de Mendizábal (1836) supuso una transacción de tierras de la Iglesia a la nobleza y la burguesía mientras que la inmensa riqueza colectiva que atesoraban la mayoría de pueblos extremeños en forma de dehesa boyales, comunales, etc., fueron la diana en la desamortización de Madoz (1855). Esta última supuso un dramático proceso que privatizó -o expropió, en palabras de Víctor Chamorro- 694.492 hectáreas en la provincia de Cáceres y 482.800 hectáreas en la provincia de Badajoz. Un total de 1.177.292 hectáreas en Extremadura, como señalaban en el año 2013 J.A. Ruíz Rodríguez y otros autores para la Revista de Estudios Extremeños. 

Para intentar revertir esta situación, durante la Segunda República se aprobaron en las Cortes, entre abril y julio de 1931, una serie de decretos que intentaban paliar la delicada situación de la población jornalera del sur peninsular: decreto de términos municipales, decreto sobre laboreo forzoso, decreto sobre creación de jurados mixtos y decreto sobre la jornada de ocho horas. La Ley de Reforma Agraria en España, por su parte, fue promulgada el 9 de septiembre de 1932. La demora en su aplicación fue la chispa que desencadenó las ocupaciones masivas y pacíficas ocurridas en Extremadura el 25 de marzo de 1936 que centraron los focos de la prensa a nivel internacional. El historiador extremeño, Francisco Espinosa, afirmaba recientemente que, a pesar de haberse eliminado de muchos libros de historia, los cinco meses transcurridos entre las elecciones del 16 de febrero y la sublevación del 18 de julio fue el momento en que tuvo lugar el despegue de la verdadera reforma agraria de la II República, que de haber tenido continuidad hubiera producido en pocos años cambios importantes y positivos en la sociedad española.

¿Qué es una reforma agraria?

Antes de plantearnos la pregunta sobre la necesidad de una reforma agraria en Extremadura haremos un repaso a las diferentes modalidades implementadas a lo largo de la historia. El coordinador del “Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral”, Javier García Fernández, enumera cinco tipos de reforma agraria. En primer lugar agrupa las relacionadas con la construcción del estado-nación en parte de la Europa de principios del siglo XIX como Inglaterra, Francia o Alemania, mientras se mantenían los latifundios en el sur. Por otra parte tenemos, en la primera mitad del siglo XX, reformas agrarias de carácter socialista como las ocurridas en Rusia, China, Cuba o Vietnam. Define un tercer tipo, como el ocurrido durante la II República española o durante el gobierno de Allende en Chile, en el que el principio de inviolabilidad de la propiedad privada sucumbe ante la función social de la tierra.

En cuarto lugar describe la Reforma Agraria a través de colectivizaciones de tierra desde abajo, en un contexto de crisis institucional, política y económica, como las ocurridas en Extremadura el 25 de marzo de 1936 o las colectivizaciones agrarias en el Perú en 1962. Existen experiencias que se pueden encuadrar en los grupos cuarto y quinto, como es el caso de Brasil. Para Bernardo Mançano la reforma agraria brasileña se hace cada día desde hace más de cuarenta años con cada nuevo asentamiento del MST (Movimiento de los trabajadores rurales Sin Tierra) y de otros colectivos campesinos. El quinto y último grupo, según García Fernández, es el que ocurre en el contexto de la “revolución verde” y modernización capitalista en el último tercio del siglo XX, como es el caso de la Reforma Agraria de Andalucía, que sin embargo comenzó “desde abajo”.

La élite dominante en el campo extremeño se ha modernizado. El señorito Iván se ha pasado del cortijo a los fondos buitre

Ciertamente, la Ley de Reforma Agraria andaluza en la única existente en nuestro país y data de 1984. Esta ley incluye, entre otras cosas, un impuesto de infrautilización de tierras para terrenos mal utilizados que, curiosamente, nunca se ha aplicado a pesar de que la sentencia 37/1987, de 26 de marzo del TC lo declara totalmente constitucional. Es decir, la reforma agraria en Andalucía solo está en los papeles, por lo que para algunas destacadas militantes del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores/as), como María Montávez, “si se cumpliese nos daríamos con un canto en los dientes. Por culpa de no cumplirse, el Cerro Libertad no está en manos de quien tiene que estar” (sus más de 7.500 olivos han pasado del BBVA al fondo de inversión Cerberus, cuyo principal socio es el hijo de José María Aznar). La élite dominante en el campo extremeño se ha “modernizado”. El señorito Iván se ha pasado del cortijo a los fondos buitre.

En este sentido, la cacereña Elena Manzano Silva, experta en Derecho Financiero y Tributario, muestra su sorpresa por la pasividad tanto del gobierno andaluz en la aplicación del impuesto mencionado como del extremeño en la aplicación del impuesto a Dehesas Calificadas en Deficiente Aprovechamiento, que tampoco llegó a aplicarse jamás y que a día de hoy está derogado. Afirma Manzano Silva que son figuras impositivas que gravan no aprovechar adecuadamente la tierra y lo hacen al amparo del artículo 33.2 de la Constitución, según el cual la función social de la propiedad delimitará su contenido. Son esenciales para la adecuada redistribución de la renta y la riqueza. Los propietarios, añade, no pueden infrautilizar bienes tan relevantes para el desarrollo económico y social como la tierra. Deben promoverse medidas que incentiven su aprovechamiento y penalicen conductas insolidarias que repercuten negativamente en la colectividad. En la actualidad, concluye, las adquisiciones de estos bienes mortis causa disfrutan además de incentivos fiscales que prácticamente anulan su tributación, con la vulneración del principio de redistribución de renta y riqueza.

Toda reforma agraria debe ser, por tanto, un proceso de transformación social de las estructuras de producción y de las relaciones de poder. Sin embargo, la mención a la reforma agraria tanto en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Extremadura -como en el de Andalucía- es de una ambigüedad calculada. Se corresponde con las correlaciones de fuerza durante la transición. Por un lado, no se podía dejar fuera una sentida reivindicación histórica del movimiento obrero, y por ello se vinculaba la transformación de Extremadura a la reforma agraria. Pero, por otro lado, se definía la reforma agraria con tres palabras: “transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias”, que nos han llevado a un modelo agrario ineficiente, agotado por su dependencia del petróleo y que no nos alimenta. La alusión a la reforma agraria en el Estatuto de Autonomía se quedó en mera retórica y las “expropiaciones” de fincas de Ibarra durante sus primeros años de gobierno fueron una estafa en toda regla.

Además de todas estas referencias legislativas, el propio artículo 128.1 de la Constitución española dice: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Otro artículo más despreciado por los que se autodenominan “constitucionalistas”.

Reforma agraria en Extremadura.

Llegados a este punto cabe plantearnos: ¿es necesaria la reforma agraria para alimentar Extremadura? Para ello deberíamos preguntarnos quién alimenta el mundo. Según el estudio de ECT Group (2017), la red campesina mundial alimenta a más del 70% de la población empleando menos del 25% de las tierras agrícolas. Utilizando solamente el 10% de la energía fósil y no más del 20% del agua que demanda la totalidad de la producción agrícola, sin producir devastación de suelos y bosques.

La red campesina mundial alimenta a más del 70% de la población empleando menos del 25% de las tierras agrícolas

La cadena agroindustrial, sin embargo, utiliza más del 75% de la tierra agrícola del mundo, y en el proceso destruye anualmente 75 mil millones de toneladas de capa arable y tala 7,5 millones de hectáreas de bosque. Además, la cadena agroindustrial es responsable del consumo de al menos el 90% de los combustibles fósiles que se usan en la agricultura (y sus correspondientes emisiones de gases de efecto invernadero), así como al menos 80% del agua dulce.

En Extremadura, las dos provincias más extensas del país ocupan a su vez los primeros puestos en riesgo de pobreza y desigualdad social. ¿Cómo se explica que en Extremadura casi 90.000 personas tengan que recurrir a los bancos de alimentos del FEGA? Según el informe AROPE de 2018, el 44,3% de la población extremeña se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, el dato más elevado del país, y el 38,8% de nuestra población tiene una renta inferior al umbral de la pobreza. ¿Cómo es posible que una tierra rica mantenga en la miseria a miles de familias? El latifundio y la canalla política a su servicio son los responsables de ese atropello a la dignidad humana.

Queda claro que el modelo agrario extremeño no nos alimenta. Su mecanización e intensificación, además, prescinde del trabajo humano dejándonos en el paro y obligándonos a emigrar, mientras empobrece y envenena nuestra tierra y nuestra gente -la semana pasada, un segundo juzgado federal de EE.UU. demostraba los efectos cancerígenos del glifosato (Roundup), lo que supuso el desplome en Bolsa del gigante Bayer/Monsanto-. A ello se le suma que somos la región con la distribución de la propiedad de la tierra más desigual de Europa, como demuestran Fernando Fernández y Carles Soler en el Estudio Estructura de la propiedad de tierras en España. Concentración y acaparamiento, del año 2015. Un proceso que continúa a día de hoy con el acaparamiento de tierras que se está produciendo en las Vegas del Guadiana por parte de los emporios de la fruta para exportación. Integración latifundio-grandes empresas de transformación que se produce bajo la mirada atenta y patrocinio de los bancos, del capital financiero, y con la complicidad y subvención de la Junta de Extremadura.

Sin ir más lejos, la mayor finca de España se encuentra en Extremadura, en el término municipal de Alía, Cáceres. Se trata de la finca Valdepuercas, 18.000 hectáreas dedicadas a la actividad cinegética, propiedad del magnate vasco del acero José María Aristraín, una de las mayores fortunas del país que se encuentra en proceso judicial acusado por la Abogacía del Estado de defraudar a Hacienda 210 millones de euros. Otra de las mayores fincas del país ocupa 8.000 hectáreas en el término municipal de Valencia de la Torres (Badajoz), es la finca Quintos de San Martín, popularmente conocida como La Rusal, propiedad del jeque de Abhu Dabi, Mansour bin Zayed Al Nahyan, dueño, además, del Manchester City Football Club. Por otra parte, la finca Azagala, propiedad de Alonso Álvarez de Toledo, Marqués de Valdueza, cuenta con 7.000 hectáreas en el término municipal de Alburquerque (Badajoz).

La finca Valero, con 4.850 hectáreas (1.350 has en pleno Parque Nacional de Monfragüe), es propiedad de Fernando Falcó y Fernández de Córdoba, Marqués de Cubas, heredero del Duque de Montellano. Situada en el término municipal de Torrejón el Rubio (Cáceres), es una de las mejores reservas de caza de ciervo de Europa. Tenemos por otro lado la finca Pascualete, de 4.000 hectáreas, en el término municipal de Trujillo (Cáceres), propiedad de la recientemente fallecida Condesa de Romanones, Aline Griffith, destinada para ganadería y queso del mismo nombre y un gran coto de caza visitada por estrellas internacionales de la música o por el propio dictador Francisco Franco. Actualmente es gestionada por el segundo hijo de Aline Griffith y actual conde de Quintanilla, Luis de Figueroa, y su hijo Juan de Figueroa Sayn-Wittgenstein-Sayn.

Casi cuarenta y dos mil hectáreas en manos de cinco personas -además de una cifra con muchos ceros en subvenciones públicas de la PAC-

Casi cuarenta y dos mil hectáreas en manos de cinco personas -además de una cifra con muchos ceros en subvenciones públicas de la PAC-. Así hasta 163 propiedades en Extremadura de más de mil hectáreas. En un segundo escalón tenemos en nuestra tierra 711 latifundios de entre 500 y 1.000 hectáreas, como el caso de la finca Los Quintos, 650 hectáreas en el término municipal de Llerena (Badajoz), propiedad de Micaela Domecq y Solís-Beaumont, esposa del exministro Arias Cañete.

Mientras esto ocurre el 92% de la población extremeña mayor de edad no tiene ni un pedazo de tierra donde hundir su azada. El acceso a la tierra se ha convertido, por tanto, en uno de los mayores obstáculos para iniciar un proyecto de vida agroganadero en las dos provincias más extensas del país. Con estos datos encima de la mesa la respuesta es rotunda. Sí, es necesaria una reforma agraria para alimentar Extremadura. La propia FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) se comprometió en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural en 2006 a apoyar las iniciativas de alianzas a nivel internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural.

La reforma agraria en Extremadura es urgente y la propuesta concreta debe pasar por asegurar el acceso a la tierra a la población extremeña o de cualquier procedencia para poder instalarse en una región desangrada por la emigración.

Las experiencias en otros países muestran que la mejor opción es apostar por la cesión de la tierra en usufructo a las personas que quieran instalarse. Se podrían enumerar casos exitosos de esta modalidad en diferentes países por todo el mundo. Los criterios de cesión pueden ser múltiples y depender de muchas variables. Con 2,5 millones de hectáreas de superficie agraria útil, Extremadura podría proporcionar 3 hectáreas a toda su población actual mayor de edad. Situación que supondría un cambio más importante para unas comarcas que para otras, ya que afectaría menos a comarcas con mayor presencia de la pequeña propiedad como el caso de La Vera o el Valle del Jerte, donde, además, ya podemos visitar casos de fincas de 3 hectáreas -y menos- con una diversidad de cultivos asombrosa que alimenta a la familia y permite dedicar una parte a la comercialización en pueblos cercanos, al presentar una productividad mayor que las colindantes debido a la implantación de policultivos en diferentes estratos, acompañado de la reducción drástica del uso de químicos.

Sin duda alguna esta situación haría enfrentar el futuro de una forma más sólida, aunque no es suficiente. Un horizonte de escasez y encarecimiento del petróleo como el que se plantea para el año 2050 obliga a establecer estrategias de abandono progresivo del modelo agrario dependiente de agroquímicos y combustibles fósiles. La fertilización y el control de plagas de origen biológico (o biofertilizantes y bioplaguicidas) así como la recuperación de los saberes tradicionales y la implantación de policultivos se van imponiendo cada vez más en Extremadura, unas veces por necesidad y otras por conciencia del futuro que se nos avecina. Es lo que se ha venido a llamar agroecología, atrayendo a perfiles jóvenes y femeninos, la forma más inteligente y responsable de trabajar la tierra después de sesenta años de “revolución verde”, que ha supuesto la estafa y endeudamiento del 70% de la renta de los agricultores y agricultoras de nuestro país.

El impulso a la industria de transformación de los productos agropecuarios es otro puntal para complementar la dieta de las familias y la viabilidad económica de nuestro medio rural

Diferentes estudios demuestran que una hectárea bajo principios menos intensivos en la utilización de químicos y agua (principios agroecológicos) puede alimentar hasta a cinco personas. De esta forma, Extremadura, con 2,5 millones de hectáreas, podría alimentar a doce veces su población actual, pudiéndose convertir en un polo de atracción de población que permitiría revitalizar nuestros pueblos y la vuelta a casa de nuestras familias emigradas, al mismo tiempo que cuestionaría el modelo actual de ciudad. Una forma de trabajar la tierra que además agrupa el 74% del empleo agrario en todo el mundo, entre otras cosas, por reducir la utilización de maquinaria. Sin duda un nicho de empleo que acerca la producción de alimentos saludables a nuestro territorio, haciéndonos menos dependientes tanto de importaciones como de exportaciones y contribuyendo a la soberanía alimentaria de nuestras familias. El impulso a la industria de transformación de los productos agropecuarios es otro puntal para complementar la dieta de las familias y la viabilidad económica de nuestro medio rural.

Hemos dejado claro en este texto que la Reforma Agraria no es solo el cuestionamiento de la propiedad privada, está claro, pero no hay reforma agraria que merezca tal nombre si no se cuestiona la estructura de la propiedad de la tierra.

Víctor Chamorro recogió en 1989 en el libro colectivo Extremadura. Año IV. El estado de sitio algo que los especialistas Salvador Marín Aranavia y Rosa Mª de la Parra ya describieron en Extremadura Saqueada: que estableciendo como tope de reserva quinientas hectáreas, pasarían a un millón de ellas las que serían objeto de expropiación y opinaron que la Reforma Agraria podría financiarse con gran facilidad en un lapso de veinte años reinvirtiendo en Extremadura la riqueza que ella generase.

Actualizando esos datos, a fecha de 2015 tenemos que las 1957 fincas de más de 300 hectáreas (3% del total) sumarían 1.155.051,24 hectáreas, el 45% de la superficie agraria útil de Extremadura.

Otra cuestión a tener en cuenta es la necesidad de expropiación o confiscación de las propiedades expoliadas durante cuarenta años de dictadura franquista. En esa línea, el gobierno de Sudáfrica aprobó recientemente la inclusión en la Constitución de la confiscación de las tierras adquiridas durante el apartheid ya que, después de medio siglo, la minoría blanca, 10% de la población, aún posee el 72% de la tierra en el país, adquirida tras todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos por cuestión racial y étnica. En Extremadura, por su parte, se debe apostar por la recomunalización de las dehesas y fincas de gestión y/o propiedad comunal, que fueron fuente de bienes y alimentos en nuestros pueblos y que fueron expoliadas en circunstancias inconcebibles como ha ocurrido recientemente en el caso de Oliva de Plasencia, entre otras.

El sujeto social de la Reforma Agraria son hoy los jornaleros y jornaleras, así como las pequeñas y medianas experiencias de agricultura y ganadería que atraen especialmente a mujeres y jóvenes

El sujeto social de la Reforma Agraria son hoy los jornaleros y jornaleras, así como las pequeñas y medianas experiencias de agricultura y ganadería que atraen especialmente a mujeres y jóvenes. Las primeras interesadas son las miles de familias extremeñas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, las diferentes organizaciones que están reclamando trabajar terrenos urbanos o periurbanos por toda Extremadura para alimentar sus barrios, son las desempleadas o las cientos de personas que se movilizaron hace unas semanas en Haciendas BIO o Sol de Badajoz por el impago de sus salarios con arreglo a la ley, son las trabajadoras del ajo en Aceuchal que hicieron huelga hace unos meses reivindicando condiciones de trabajo dignas, son nuestros familiares que han tenido que emigrar ante la falta de oportunidades y en general todas las personas conscientes de consumir alimentos saludables, conscientes de la necesidad de retornar al campo y de poner freno al colapso ecológico.

Porque la reforma agraria solo es posible construyendo contrapoderes sociales, comunidades de base que incardinan proyectos concretos en el objetivo general. Ocupaciones de fincas, economatos sociales, bancos de tierras y semillas, cooperativas de producción, transformación, distribución y consumo… Alianza que solo se puede conseguir vinculando el discurso general a luchas y victorias concretas como las fincas que ocupa y pone en producción el SAT, los asentamientos del MST o la Vía Campesina, que agrupa a 200 millones de campesinos y campesinas con o sin tierra en torno a 182 organizaciones de 81 países que tienen la reforma agraria como uno de sus pilares fundamentales.

Han pasado cuatro años desde que un grupo de activistas vinculados a los movimientos sociales contra el paro y la precariedad comenzaran a reivindicar la trascendencia para Extremadura del 25 de marzo. Desde entonces la fecha se ha extendido como un reguero por los pueblos y ciudades de la región e incluso ha llegado a Cataluña o Madrid, a los extremeños y extremeñas de la diáspora. Un grupo de teatro, dirigido por Pedro Rodríguez, ha puesto en pie la obra de Víctor Chamorro sobre aquel acontecimiento y un Encuentro sobre Emigración ha reunido a más de cien personas para debatir sobre la vieja y la nueva diáspora extremeña.

El 25 de marzo, manantial y cauce. Simiente de una Reforma Agraria necesaria, convocatoria al empoderamiento de los más humildes, promesa de la Extremadura digna y solidaria por venir.
Sirvan estas palabras para iniciar el debate y el camino que habremos de transitar mucho más temprano que tarde hacia un gran encuentro que reúna toda la sabiduría acumulada en nuestros pueblos, que diseñe, construya y pelee una reforma agraria para alimentar Extremadura.