Derecho a la vivienda
Torrejón aprueba por unanimidad la condena al fondo buitre Fidere-Blackstone

“Estamos abriendo la veda, demostrando que si se sale del sillón, si se lucha se pueden cambiar las cosas, que sí se puede”. Con estas palabras valoraba Marco Trillo, portavoz de Bloques en Lucha Torrejón, la aprobación por unanimidad de la moción de condena al fondo buitre inmobiliario Fidere-Blackstone en el pleno de esta ciudad madrileña.

Este 25 de septiembre a las 9h se conseguía lo imposible, que los tres grupos del consistorio —PP, PSOE y UP— se pongan de acuerdo y aprueben por unanimidad una moción inspirada en las demandas del Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Ya lo tenemos en la mano”, era la expresión de alegría de Trillo en conversación telefónica con El Salto. La aprobación del texto se produce una semana después del lanzamiento de la campaña #Madrid Vs Blackstone.

Trillo sostiene que esta moción solo es el principio: “Estamos abriendo la veda. Es un escaloncito más para llegar a la Asamblea de la Comunidad de Madrid”

Según cuenta este activista, que vive en una de las seis urbanizaciones que Blackstone tiene en Torrejón, no ha sido tan difícil convencer a los tres grupos. “Estamos en un momento preelectoral y hay muchísimos afectados en Torrejón, más de mil. Solo en mi urbanización, hay 17 bloques”, cuenta.

Trillo sostiene que esta moción solo es el principio: “Estamos abriendo la veda. Es un escaloncito más para llegar a la Asamblea de la Comunidad de Madrid”.

Aumentos abusivos

En julio de 2019, Fidere-Blackstone envió un burofax a muchos de los inquilinos de sus promociones aununciando aumentos de hasta el 100% en los precios del alquiler. Todas ellas eran viviendas protegidas que fueron vendidas en 2013 a Blackstone. Desde entonces, las muestras de rechazo a este fondo buitre —convertido en el principal casero de España— han crecido desde la calle y desde las distintas formaciones políticas.

Tras este paso, confirma Trillo, toca dirigirse a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, para que modifique el artículo del Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la CAM y “establezca un precio máximo fijado en función de la valoración de la Dirección General de la Vivienda de la CAM, que se garantice el derecho de tanteo y retracto para los beneficiarios de dichas viviendas y que se prorrogue el alquiler a los vecinos que no opten por la compra manteniendo las mismas condiciones”, afirman en un comunicado desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.