Vivienda
El nuevo decreto del alquiler del Gobierno no contempla limitar los precios

El movimiento por la vivienda muestra su decepción con el nuevo texto que el Gobierno presentará este viernes. Denuncian que no incluye la posibilidad de poner un límite a los precios del alquiler y solo habla de un índice de precios no vinculante. Tampoco ofrece una alternativa habitacional a las personas en situación vulnerable ni aborda el problema de las viviendas vacías.

Desahucio Argumosa Rosa 1
El desahucio de Argumosa, 11, en Madrid, y la sentencia del Constitucional que valida la ley antidesahucios catalana han puesto el tema de la vivienda en el centro del debate preelectoral. David Fernández

publicado
2019-02-28 06:00:00

Entre las medidas estrella de esta precampaña destaca la reforma de la ley del alquiler. El 23 de enero, Unidos Podemos —junto con PP, Ciudadanos, ERC y Bildu— tumbaba una norma que no recogía los “acuerdos pactados con el presidente del Gobierno”, según declaró entonces Irene Montero.

Un mes después, con unos presupuestos tumbados y con la convocatoria de elecciones generales de por medio, el Gobierno presentará este viernes una nueva versión que está negociando con la formación morada.

Después de estudiar el borrador del nuevo Decreto Ley, Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, señala a El Salto la “desinformación” que ha caracterizado la cobertura mediática del tema. No, el borrador no contempla, por el momento, ningún tipo de limitación a los precios de los alquileres ni abre las puertas a que las comunidades limiten los precios, tal como titulaba El País este 27 de febrero.

“En el decreto no hay nada que indique, como se está diciendo, que se vayan a regular los precios. Es completamente falso, es algo que se ha hecho llegar a buena parte de la prensa desde alguien interesado”, dice Palomera.

Lo que sí incluye el decreto, continúa este activista, es la posibilidad de que las comunidades autónomas hagan público un índice de precios, como ya hace Catalunya. Se trata de un portal inmobiliario donde se registran los precios medios de las viviendas en distintas zonas en función de las fianzas depositadas. Una medida puramente indicativa y no vinculante que “perpetúa e incluso permite incrementar unos precios que ya son de burbuja”.

“El decreto es insuficiente, por el sencillo motivo de que no va a pinchar la burbuja o a extender el derecho a la vivienda”, denuncia Jaime Palomera, del Sindicato de Inquilinos de Barcelona 
Para este activista, el borrador resulta “insuficiente” porque no atiende “a la principal demanda de la población”: fijar unos precios máximos para los alquileres, de obligado cumplimiento, vinculados con la renta de las personas que viven en el barrio y otras variables socioeconómicas. “El decreto es insuficiente, por el sencillo motivo de que no va a pinchar la burbuja o a extender el derecho a la vivienda”, denuncia. 


Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) —que lanzó junto con otras organizaciones el 18 de febrero una campaña para hacer valer el derecho a la vivienda en el presente clima preelectoral— coinciden en calificar el borrador de “totalmente insuficiente”. Las dos principales razones de este rechazo: “No obliga a proveer de alternativa habitacional en cada desahucio como dice Naciones Unidas” y “deja fuera el límite de precio al alquiler, es decir, sigue cristalizando la burbuja inmobiliaria”.

Jaime Palomera se muestra optimista sobre la posibilidad de incluir algunas de las demandas en “las horas o días” que quedan antes de que se presente el Decreto Ley definitivo.

Avances en el nuevo decreto

El portavoz del Sindicatos de Inquilinos de Barcelona reconoce algunos avances en el texto después de la última revisión. La principal, la prohibición de los desahucios en abierto. Estas ejecuciones, sin fecha ni hora fija, explica Palomeras, provocan una “angustia terrible” en las personas que no saben cuándo serán expulsadas de sus propios hogares. El borrador del Decreto incluye la prohibición de este tipo de prácticas, “una exigencia del movimiento de la vivienda que le hicimos llegar al Gobierno y a todos los grupos”.

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Otro avance del texto es el que vincula las subidas interanuales del alquiler al IPC, siempre dentro del mismo contrato. Sin embargo, una vez finalizado el contrato, nada impide nuevas subidas, indica este activista.

Otro cambio, también calificado de “insuficiente” por Palomera, es el aplazamiento de los desahucios en el caso de que el propietario sea una persona jurídica —bancos, fondos buitre— hasta tres meses y hasta un mes en el caso de que se trate de una persona física. Además, señala, “el propio juzgado encargado de decidir el aplazamiento deberá asegurarse si hay una situación de vulnerabilidad antes de decretar un desahucio”.

La ley de emergencia social catalana —otra vez vigente después del reciente veredicto del Tribunal Constitucional — muestra que hay otras formas de hacerlo. “Nosotros lo que pedimos es que se extienda esta ley a toda España, una ley que impide el desahucio sin alternativa habitacional”. Una medida, impulsada por la PAH, que “obliga a los grandes tenedores, a los bancos, a los fondos buitres, a dar una alternativa habitacional o a impedir el desahucio en caso de no tener alternativa… eso no han querido incluirlo y es, otra vez, una concesión a Blackstone, a los fondos buitres que están acaparando miles y miles de viviendas”.

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Además, Palomera destaca avances en el pago de los honorarios de intermediación, que ya no podrán recaer en los inquilinos, y en los plazos de preaviso para la finalización de los contratos: los propietarios tendrán que avisar con cuatro meses de antelación y los inquilinos con dos. Hasta ahora era un mes para ambos. 

“El hecho de que se tomen medidas legislativas de este tipo es producto clarísimo de la presión que hemos estado ejerciendo este año y medio el movimiento por la vivienda, la PAH, los sindicatos de inquilinas a nivel estatal. De no ser por la enorme movilización que ha habido, por la lucha cotidiana para garantizar el derecho a la vivienda, el Gobierno y los partidos que apoyan el decreto, no hubieran hecho estos cambios”, sostiene Palomera.

Sin embargo, continúa, el borrador deja fuera “medidas estructurales que nos permitirían cambiar este modelo de vivienda orientado a las especulación para orientarlo a un sistema homologable al de sanidad o de educación que garantice que el derecho a la vivienda sea universal”.


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6 Comentarios
#31079 14:02 28/2/2019

¿Qué sería de este Régimen decadente y corrupto si no tuviera como muletas a ERC y PdeCat en Catalunya, el PNV en EH y Podemos en España? Controlar los medios y la represión es importante pero mucha más lo es adormecer a la disidencia y llevarla hacia la nada.

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#31107 10:25 1/3/2019

¿Y cuál es la solución?

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#31075 12:02 28/2/2019

El PSOE siempre con sus trampas y con su propaganda, no toman medidas serias para atajar el problema de la vivienda

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#31076 13:13 28/2/2019

El PSOE...Y Podemos que tambien lo apoya

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#31087 18:53 28/2/2019

Lo apoya porque no hay más remedio. Al menos pasaremos de los contratos de 3 a 5 años y alguna otra migaja más. El PSOE tiene toda la culpa, no jodamos, que todavia nos quedaremos peor que cuando estaba Rajoy

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Que se vayan todos 25:08 28/2/2019

El PSOE grán parte de culpa y Podemos la misma o más por secundar unas medidas destinadas a la inacción que son una nueva condena a la calle para miles de familias, madres, padres y niños pequeños. Y luego seguid intentando tomar el pelo a la gente con el fantasma de la derecha o de Rajoy que Gloria Elizo todavia se está secando las lagrimas por el discurso de Ana Pastor entre baile y baile de Irene Montero con Rafael Hernando. Os queda cada muy poco de chupar del chiringuito del Régimen. El hartazgo con TODOS los partidos es total

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