Vivienda
Barcelona se organiza contra los desahucios en abierto

“180 familias son desahuciadas a diario a nivel estatal. En Catalunya, 44”, explica el portavoz de Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera. En algunos casos, estas familias cuentan con el apoyo de entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicat de Llogaters o los sindicatos de barrios. Generalmente los desahucios cuentan con un día y una hora de ejecución, con lo que las organizaciones saben qué día y hora pueden ir a intentar frenarlo.

Pero hay otras familias que no saben ni el día ni la hora en la que serán desahuciadas. Si el propietario lo requiere, puede pedir un “desahucio abierto”. ¿Qué implica? Que la orden de desahucio se interpone sin especificar una fecha fija, dando un margen orientativo de dos semanas. “Si un desahucio ya es una situación extrema, la familia se viene abajo en un desahucio en abierto, porque no sabe si cuando vaya a dejar la niña en el cole, cuando vuelva se va a encontrar con la puerta cerrada, con todas sus pertenencias dentro sin poder haber hecho ninguna caja, con toda su vida detrás de una puerta que antes era su casa”, denuncia la portavoz de la PAH Barcelona, Lucía Delgado. En la capital catalana se efectuaron ocho desahucios en abierto en 2017 y 58 en 2018, especifica.

Que pongan primera quincena o segunda quincena no es una especificación concreta. Y ahí nos basamos justamente para decir que son ilegales

Para Delgado, estos desahucios son ilegales, puesto que la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la que rige cómo deben ser los desahucios, especifica que este debe ser notificado con una fecha y una hora. “Que pongan primera quincena o segunda quincena no es una especificación concreta. Y ahí nos basamos justamente para decir que son ilegales”, remarca la activista. Frente a estas ejecuciones —que de momento, a nivel Catalunya— se han dado en Badalona, Sabadell y Barcelona—, varios grupos de vivienda de Barcelona formaron la plataforma Prou desnonaments oberts (Basta de desahucios abiertos) en enero de 2017.

“Donde la justicia nos quiere ver solas, nos tendrán más juntas”

Según la portavoz de la PAH Barcelona, este tipo de desahucios “están claramente hechos para que las familias estén solas y que los movimientos sociales que convocamos para parar esos desahucios no tengamos esa fecha y puedan hacerlo impunemente”. Pese a las dificultades, Lucía Delgado explica que los activistas no se han rendido. “Si un desahucio abierto ponía que se ejecutaría la segunda quincena de enero, hemos estado desde el 16 hasta el 31 de enero acompañando a la familia todos los días. Es como si hubiese un desahucio permanente”, expone. “De momento los hemos podido parar, porque hay una demostración de solidaridad. Donde la justicia nos quiere ver solas, nos tendrán más juntas”, reivindica. Mientras que los colectivos continúan unidos para defender a las familias, la activista remarca que “los jueces, en vez de usar la creatividad para defender la ciudadanía, hacen una interpretación de la ley para favorecer los intereses económicos”, aunque añade que hay abogados y jueces que se han pronunciado en contra de esta práctica.

Para denunciar y visibilizar esta situación, han hecho una campaña de sensibilización a nivel social a partir de las redes sociales y los medios de comunicación, donde se intenta explicar qué son las fechas abiertas y por qué no son legales. Prou desnonaments oberts ha publicado un manifiesto al que se han sumado 130 entidades de ámbito social. El pasado 14 de enero convocaron una rueda de prensa delante de la Ciudad de la Justicia en la que reclamaron a la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, que respondiera a la petición de una reunión en la cual discutir por qué se estaba permitiendo la ejecución de desahucios con fechas abiertas. Se hizo una acción simbólica en la cual se le hizo llegar —no presencialmente, porque no acudió a la protesta— esta petición por escrito, además de un centenar de quejas ante esta práctica.

Pese a las dificultades, Silvia insiste en las victorias que las distintas PAH y grupos de vivienda han conseguido de forma colectiva a la hora de consolidar alquileres sociales entre grandes propietarios e inquilinos. ¿Y por qué los vecinos acuden a los barrios y no a las instituciones? Uno de los motivos principales, según la portavoz de la PAH Barcelona, es que los mecanismos con los que cuenta la Generalitat, el Ajuntament de Barcelona y el Estado, “son totalmente ineficientes”. “No tienen capacidad para hacer frente a este conflicto. No son capaces de paliarlo. Eso es porque hay una falta de voluntad política”, protesta.

Lo que nosotros queremos es que se negocien alquileres sociales o que se regularicen las viviendas de estas familias que están viviendo esta situación social

Para Delgado, se deberían destinar una mayor parte de los presupuestos para que haya vivienda pública en la ciudad, especialmente para las personas que están sufriendo más este conflicto. “Lo que nosotros queremos es que se negocien alquileres sociales o que se regularicen las viviendas de estas familias que están viviendo esta situación social”. Pese a que el 5 de diciembre de 2018 la Subcomisión de Urbanismo Generalitat-Ayuntamiento aprobó que el 30% de la nueva construcción en Barcelona fuera para vivienda pública, y que el Sindicat de Llogarers ha impulsado que esta iniciativa se traslade a todos los ayuntamientos, Silvia duda de la “capacidad y valentía” de éstos para hacerlo real. “¿Se están moviendo más que antes? Claro. ¿Que su respuesta está cambiando algo? Bajo nuestro punto de vista, no”, sentencia.

Por su parte, Delgado no entiende porqué el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no ha hecho una moratoria de desahucios a familias vulnerables, “con la situación de emergencia habitacional crónica que estamos viviendo desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008”, añade. “Hay muchas cosas por hacer, hay muchos cambios estructurales de raíz que tenemos que hacer para garantizar el derecho a la vivienda, pero hay cosas de emergencia muy fáciles de hacer. Solamente falta voluntad política”, concluye. La portavoz de la PAH de Barcelona opina que, aunque con el Gobierno liderado por el Partido Popular las iniciativas relacionadas con la vivienda “estaban bloqueadas”, el Gobierno de Sánchez “tampoco está abordando la situación de emergencia habitacional que se está viviendo en nuestras ciudades”.