Derecho a la vivienda
Absuelven por falta de pruebas a uno de los cinco de Usera, condenados por frenar un desahucio

Han sido seis años de persecución. Una odisea judicial que al fin parece haber concluido para Jorge Aranda, uno de los 'cinco de Usera'. Este activista del movimiento de la vivienda madrileño, junto con otras cuatro personas, fue detenido cuando intentaba detener un desahucio en el distrito madrileño de Usera en 2014. El juicio comenzó a finales de 2019. La Fiscalía pedía para ellos penas de un año y seis meses de cárcel por atentado a la autoridad, pero la inconsistencia de las pruebas presentadas y las contradicciones de los policías que prestaron testimonio llevaron a desestimar la petición. Aún así, el Juzgado de lo Penal 13 de Madrid los halló culpables y los condenó a una multa de 180 euros, además del pago de las costas procesales e indemnizaciones a los policías denunciantes por importes de 240 euros a cada uno “como autores penalmente responsables de un delito de resistencia a agente de la autoridad”. Dos de los cinco de Usera recurrieron, Jorge Aranda entre ellos. El dinero era lo de menos.

“No quería que quedara normalizado un hecho que es falso, que yo agredí a dos policías. Otros han decidido que por este dinero no tiene ningún sentido meterse en un lío”, cuenta Aranda a El Salto. Y no solo se trata de una cuestión personal. Para este activista de las asambleas por la vivienda y la sanidad pública hay mucho más en juego: “Aquí hay un tema más de fondo, que es la criminalización de los movimientos sociales. No podemos permitir que se normalice que la policía se invente cosas para castigar la resistencia a los desahucios y la organización en los barrios. Por eso he recurrido”.

“Me parece que es un éxito muy importante para el conjunto del movimiento de vivienda de Madrid el hecho que se reconozca que se condena a gente sin haber pruebas", dice Jorge Aranda

Y este 26 de mayo ha llegado el resultado: “El recurso ante la Audiencia Provincial ha prosperado y he sido absuelto”, contaba Jorge Aranda en un vídeo difundido en Twitter. La falta de pruebas ha sido determinante en el fallo de absolución, un hecho que ha asombrado al abogado defensor, cuenta Aranda a El Salto, ya que suele ser “lo más difícil”.

“Me parece que es un éxito muy importante para el conjunto del movimiento de vivienda de Madrid el hecho que se reconozca que se condena a gente sin haber pruebas, que en gran medida las acusaciones son de montajes policiales”, valoraba Jorge Aranda en el vídeo.

Los hechos se remontan al 27 de junio de 2014, cuando Kutxa Bank, una entidad que había recibido un rescate bancario con dinero público, lanzó el desahucio de una pareja y de sus tres hijos —de nueve, tres años y 21 meses— de su vivienda en el barrio de San Fermín, en el distrito de Usera. El banco ya lo había intentado otras dos veces sin éxito. Los lanzamientos habían tenido que suspenderse por la solidaridad del barrio, organizado en las asambleas de vivienda.

Ese día, más de 40 personas pasaron la noche junto a la puerta del piso y del bloque de esta familia, que apenas cobraba la Renta Mínima de Inserción de 500 euros. Más activistas y vecinos llegaron por la mañana, pero ya no pudieron pasar. La policía había llegado a las 6:30h y había rodeado el edificio.

Según el relato del periódico Diagonal, pasadas las 8:30, los antidisturbios consiguieron llegar al rellano y sacar a la fuerza a la prensa que se encontraba allí y empezaron "a golpear y sacar por la fuerza a las personas congregadas, que ejercían una resistencia pacífica”. Durante el lanzamiento, varias personas sufrieron contusiones graves por las agresiones policiales y seis fueron detenidas. Los cinco de Usera fuera acusados de agredir a varios policías.

Los cargos de la Fiscalía, apoyados desde el principio únicamente en el testimonio de los agentes, no coincidían con los vídeos grabados en el día del desahucio. “Yo estoy muy tranquilo porque los vídeos y las fotos muestran claramente que la versión policial no tiene nada que ver con la realidad”, decía Jorge Aranda en el inicio del juicio.

Con el nuevo fallo de la justicia madrileña, el movimiento por la vivienda consigue una importante victoria que confirma uno de sus principales lemas: “Parar un desahucio no es delito”. La sentencia absolutoria puede ser recurrida, aunque el abogado de Aranda considera que “es poco probable que la Fiscalía lo haga”.