En memoria de quiénes precedieron la lucha feminista y en concreto la lucha por el fin de la violencia de género, es necesario partir recordando a las hermanas Mirabal, ya que hoy conmemoramos su lucha en vida, y su aleteo de mariposas nos acompaña hoy en nuestro caminar.  

El papel que todo lo aguanta 

La lucha feminista fue, ha sido y será ardua y multinivel en pro de una vida libre de violencias machistas. Uno de ellos el ámbito legal y jurídico. Existe un consenso global y nacional sobre la igualdad de género como un derecho humano fundamental, entendiéndose como base para conseguir sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles. Por ello, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por todos los Estados, establecen la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como elemento central e indispensable para el avance de la humanidad[1].

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Senegal y Palestina e Israel son parte de los 99 que han firmado hasta ahora la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), mecanismo internacional que vertebra la protección de los derechos de las mujeres en la actualidad.

En América Latina, no falta legislación en materia de violencias basadas en el género. En Colombia, el Estado ha ratificado todos los tratados internacionales existentes sobre igualdad de género y derechos de las mujeres. Estos compromisos se reflejan en el desarrollo normativo del país y en un marco de garantías constitucionales y legales para garantizar el cumplimiento de los derechos y oportunidades para todas las colombianas. En Colombia, además de las políticas públicas que establecen medidas concretas, un gran avance fue lograr la incorporación de un enfoque de género transversal en el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” firmado en noviembre de 2016.

En la región de Centroamérica todos los países han ratificado instrumentos de protección de derechos humanos de las mujeres como CEDAW o Belem do Pará y tienen protocolos para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y estrategias y leyes públicas específicas en cada país para luchar contra las violencias de género. Además, la región cuenta con el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, un órgano de carácter político del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) especializado en materia de género y derechos humanos de las mujeres, que tiene como objetivo promover propuestas políticas orientadas a transformar la condición, situación y posición de las mujeres y a la adopción de una política y estrategia sostenible de equidad de género.  

En el continente africano, además de los tratados internacionales, destaca la Carta Africana sobre los DDHH y de los Pueblos (Carta de Banjul), en la que se recoge la eliminación de toda discriminación contra las mujeres. En concreto en Senegal el marco legal de las violencias basadas en el género, se articula en torno a dos grandes instrumentos. Por un lado, la Estrategia Nacional por la Equidad e Igualdad de género (2016-2026) para asegurar la igualdad y equidad entre mujeres y hombres en las políticas públicas y garantizar la protección y aplicación de los derechos de las mujeres y su plena participación en la toma de decisiones. Por otro lado, el Plan de Acción Nacional de Lucha Contra las Violencias de Género y la Promoción de los DDHH de Senegal de 2015, refuerza el marco político, jurídico e institucional, el sistema de prevención y una estrategia de comunicación. Para su aplicación, existe el Ministerio de la Mujer, de la Familia, de Género y de la Protección de la Infancia. 

El marco legal de protección de las mujeres palestinas se complejiza y obstaculiza por la situación de ocupación en la que viven desde el año 1948 por parte del Estado de Israel. En la práctica más de cinco sistemas legales diferentes entran en juego: leyes palestinas, otomanas-británicas, jordanas, egipcias, israelíes y la ley religiosa Sharía. Todo depende del lugar de residencia y nacionalidad. A pesar de todo, Palestina ha dado pasos para dicha protección con la Ley Básica Palestina, algo así como la Constitución para otros países y que es el paraguas para otras leyes y regulaciones. La CEDAW supuso la creación del Ministerio de la Mujer y Comités de género en todos los Ministerios. También cuenta con un Plan Nacional contra la violencia de género. La Ley de Protección de la Familia es otro de los marcos legales fundamentales pero está a la espera de aprobación.

Marco legal vs. Realidad   

La existencia de un marco legal no es un seguro para la vida de las mujeres en los territorios. El denominador común que hemos detectado en los contextos de tan diversos lugares del mundo es que no sólo hace falta tener un marco legal sino desarrollarlo correctamente: con protocolos, recursos humanos y económicos y con un seguimiento de los mismos. Pero esta es la teoría. En la realidad, ¿qué es lo que ocurre?

En Nicaragua, por ejemplo, la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, es más bien un anhelo por el retorno a las narrativas tradicionales familiares, basadas en los principios patriarcales y religiosos. En esta Ley se indica que las mujeres que quieran denunciar violencia de género están obligadas primero a pasar por un proceso de mediación y consulta con los Consejos de Familia, organizaciones comunitarias a cargo del Ministerio de la Familia, la Adolescencia y la Infancia, compuesto por voluntarios, facilitadores judiciales, pastores familiares y líderes religiosos que establecen la supervivencia de la unidad familiar como el “bien social más apreciado, cuidado y valorado, por encima de todo lo demás” y que anula el reconocimiento del derecho de las mujeres como personas individuales a vivir una vida sin violencia.

En el caso de la ya señalada Carta de Banjul, nos encontramos con que el Protocolo (aprobado el 10 de junio de 1998 y que entró en vigor el 25 de enero de 2004) requería reafirmar el compromiso de sus Estados miembros. Sin embargo, Senegal no ha hecho todavía la declaración de aceptación de la competencia de la Corte prevista en el artículo 34-6 de dicho Protocolo. En consecuencia, Senegal no está aún sujeto a la jurisdicción del Tribunal, lo que constituye un obstáculo para las víctimas de violencia de género en sus esfuerzos por denunciar y en la reparación de su daño.

El pico de la pirámide de las violencias machistas es el asesinato, un atentado directo al derecho humano a la vida. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia de la red feminista Antimilitarista, de enero a octubre de 2020, 508 han sido asesinadas. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir, la única ONG en Nicaragua que durante más de 10 años mantiene un monitoreo sobre violencia machista, contabilizó hasta junio de 2020 un total de 35 femicidios. En Guatemala, el Ministerio Público contabilizó 57 casos de feminicidios. Según la Unión de Comités de Mujeres Palestinas (UPWC en sus siglas en inglés), en lo que llevamos de año, 26 mujeres palestinas han sido asesinadas. En Senegal, uno de los retos es contar con estadísticas reales y fiables de esta lacra social. 

Rostros distintos de una misma realidad

Datos escalofriantes provenientes de muy diversas latitudes del mundo que vienen a confirmar lo que el movimiento feminista está repitiendo incansablemente: las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Pero además de esta violencia extrema, existen otras muchas que hoy nos gustaría también poner de relieve para clarificar la dimensión tan grave y multisectorial que abarca la violencia de género, alimentada continuamente por el sistema patriarcal en el que vivimos. 

Las mujeres colombianas, tras 50 años de conflicto armado, han sido víctimas, entre otras violencias, de desplazamiento forzado (50.9%), de despojo de tierras (49.8%) y de delitos contra la libertad y la integridad sexual (89.4%). A pesar de que, en Palestina, en términos generales la violencia contra las mujeres ha disminuido levemente según el Estudio de la Violencia en Sociedad Palestina llevado a cabo por el Centro Palestino de Estadísticas en 2019, las cifras aún son preocupantes: el 56,6% de las mujeres casadas de edades entre 18 y 64 años manifiestan recibir violencia psicológica por parte de sus maridos, un porcentaje que se incrementa hasta el 63,5% en el caso de las mujeres en Gaza. Tras este tipo de violencia, la económica (41,10%) y la social (32,5%) son las más habituales. Casi 9 de cada 10 mujeres palestinas admiten haber sufrido violencia sexual y 17,8% violencia física por parte de sus parejas. En Senegal la práctica de la Mutilación Genital Femenina afecta al 25% de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años, con una tasa de más del 80% en ciertas regiones del país como Kédougou, Matam, Sédhiou, Kolda y Tambacounda[2].

Lo que sigue siendo más que preocupante hoy en día es el silencio de las mujeres víctimas de violencia de género. El peso de la religión y las tradiciones y la creencia social de que son cuestiones que deben quedarse en el seno de la familia, hace que la realidad de este problema no esté suficientemente documentada con cifras en el caso de Senegal pese a que la realidad sí demuestra que las mujeres están atravesando por una, dos o varias violencias de género a la vez. Es el caso de la violencia psicológica y económica por parte de las parejas. En el caso de Palestina, más de la mitad de las mujeres que pasan por una situación así permanece en silencio y sólo un 1% busca ayuda legal o psicosocial especializada o acude a la policía. Esto se explica en diversas razones: miedo a las represalias tanto de los perpetradores como de las familias (propias y políticas), estigma social, falta de información, falta de recursos económicos para pagar una asistencia legal o psicológica o la creencia, como en Senegal, de que se trata de un asunto de índole privado y doméstico, por ello en el 89% de los casos, la situación no trasciende del ámbito familiar más cercano. El estigma y el miedo al rechazo por parte del entorno familiar y social en el caso de la violencia sexual juega un papel esencial en la falta de denuncia de estos casos y en la impunidad de los perpetradores.

La paradoja de la COVID-19 y los derechos de las mujeres  

“Lo personal es político” ha sido una de las banderas del feminismo, logrando permear y posicionar las luchas de las mujeres en espacios públicos y privados. En la actualidad, las medidas de confinamiento obligatorio y otras derivadas de la lucha contra la expansión de la pandemia han afectado a las dos esferas, la pública y la privada en dos sentidos igualmente importantes para la lucha feminista. Por un lado, la cara buena, sorprendente y paradójica de la pandemia es que ha visibilizado la importancia de las tareas de cuidados que histórica y universalmente han recaído en las mujeres. Por otro lado, la cara mala, medidas como quedarse en casa aumenta en El Salvador la vulnerabilidad de las familias que viven sin acceso al agua y en hacinamiento y ha incrementado la carga de trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres.

El confinamiento ha exacerbado la violencia doméstica contra mujeres y oculta el hecho de que más mujeres están muriendo a causa de la violencia feminicida que debido a la COVID-19.[3], y esto lo demuestran las cifras:  En el primer mes de aislamiento domiciliario, El Salvador tuvo más feminicidios que muertes por COVID19. En el país salvadoreño aumentaron 70% las denuncias por violencia contra las mujeres. En Guatemala, no se había cumplido un mes desde el inicio de la cuarentena cuando, de acuerdo con los registros del Ministerio Público del país, tres mujeres q’eqchíes fueron asesinadas en un día.

ONU Mujeres ya ha alertado de esta situación que se repite de manera global: la violencia de género ha aumentado claramente por las condiciones creadas por la pandemia, que en muchos de los casos ha supuesto un encierro de las supervivientes de violencia de género con sus perpetradores.  La UPWC realizó un análisis rápido de situación en el mes de mayo que ha puesto de manifiesto cómo “había más situaciones de violencia y tensión entre matrimonios en campos de refugiados y que a menor nivel de educación mayores episodios de violencia se producían”, según apunta la Directora Ejecutiva de UPWC, Tahreer Jaber.

Rafah Anabtawi, Directora General de Kayan, una organización feminista compuesta por mujeres árabes en Israel resaltaba que “la pandemia ha venido a clarificar de una vez por todas un fenómeno que ya se estaba dando pero de lo que no estábamos hablando claramente y es el nivel tan alto de violencia económica y psicológica que las mujeres sufren y en particular mujeres mayores, con discapacidad o madres monoparentales. La violencia de género no sólo ha aumentado en número con la pandemia sino también en la variedad de tipos de violencias que sufrimos y si antes era de manera frecuente ahora estos casos se dan diariamente, como así confirman las consultas que recibimos en nuestro teléfono de ayuda”.

Volviendo a la dimensión pública de la expresión “lo personal es político”, la pandemia está  afectando a los liderazgos locales y comunitarios de manera sustancial, afectando los avances ya ganados en los procesos de participación, tan vitales para las comunidades, y poniendo en riesgo la vida de las lideresas en países como Colombia, quedado más expuestas y vulnerables a los ataques de quienes quieren silenciar sus denuncias y el acompañamiento que hacen a las víctimas  y a las comunidades más precarizadas y menos privilegiadas.

Por último, está quedando patente cómo la respuesta de la crisis por la pandemia a las diferentes necesidades de las mujeres diversas y en diferentes situaciones vitales y de capacidades a corto y medio plazo está siendo más que deficiente, lo que está teniendo consecuencias adversas para los derechos alcanzados y está incrementando las distintas formas de violencia basada en género.

Resistencias frente a la violencia de género

Pero no todo son malas noticias. La coyuntura, las diversas realidades con sus similitudes estructurales, también impulsan que se tejan redes. Que se creen puentes donde antes no estaban. Que surjan conexiones y fortalezas en el tejido social, que nos hagan entender que no estamos solas, y que estas violencias no solo le ocurren a una mujer, sino que es un problema estructural de todas las sociedades patriarcales. La idea, es liderar resistencias, procesos de cambio, pero esto solo podemos hacerlo juntas, en colectividad, con el acompañamiento y los cuidados como motor de este impulso.

En Colombia, Paz con Dignidad acompaña procesos como los de la Corporación Sembrar o el Comité de Integración Social del Catatumbo que lideran procesos de resistencia en el territorio desde un feminismo agroecológico, campesino y popular en permanente construcción a través de procesos colectivos de reflexión, formación y de agrofeminismo como estrategias para la resistencia y lucha. Los próximos 28 y 29 de noviembre, desarrollarán Ia Escuela Nacional sobre Feminismos, caminando hacia el feminismo campesino y popular. Esta escuela es un ejemplo de tejido social articulado de distintos procesos de mujeres campesinas y de sectores populares y académicos del nororiente colombiano, del Sur del Cesar y Sur de Bolívar, las cuales, convocan esta escuela. Se concibe como un espacio de aprendizaje colectivo y sororo que, a manera de intercambio de conocimientos con mujeres de otras partes del mundo, les permita avanzar en un camino para afrontar el difícil momento que atraviesa el planeta y por supuesto, la humanidad.

En Senegal, se apoyan procesos y organizaciones como 7a/Maa-rewee, que trabaja por la mejora de los derechos de las mujeres rurales, y la asociación KabonKetoor, la Asociación de Mujeres por la Paz en Casamance, que luchan por la equidad entre mujeres y hombres y por combatir todas las formas de violencias y discriminación contra las mujeres en un contexto de paz y justicia social, a través del refuerzo de las organizaciones de base de mujeres y de las mujeres electas, con sesiones y campañas de sensibilización sobre las violencias basadas en género, educación sexual y derechos de las mujeres. Además, realizan incidencia política para mejorar la integración de cuestiones de género en las políticas públicas y la defensa del derecho de tenencia de la tierra, con el objetivo de contribuir a una sociedad más justa en la que las mujeres tengan sus derechos reconocidos y formen parte activa de sus comunidades.

En Guatemala desde hace 5 años venimos apoyando el trabajo que realiza la Asociación La Cuerda en denunciar y visibilizar las múltiples formas de violencia basada en género, principalmente en la capital del país. Acompañamos procesos para la creación de espacios libres de violencia, especialmente en los centros educativos, donde los y las menores analizan, desde sus propias realidades tanto familiares como sociales y educativas, la manifestación de estas violencias ahondando, además, en cómo sus propias compañeras las viven y las sufren.

En El Salvador, es histórico el trabajo que venimos realizando junto a Mujeres Transformando. Acompañamos los procesos que reivindican los derechos laborales de las mujeres trabajadoras de las maquilas instaladas en zonas francas, y también los derechos de mujeres que trabajan para estas maquilas a domicilio, que es un trabajo aún más invisibilizado. Esta violencia, sostenida además por el propio Ministerio de Trabajo al no apoyar medidas y estrategias que favorecen la plena igualdad, no es solo laboral, si no que repercute en el derecho a la salud por jornadas desmesuradas y por el no reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos en los propios puestos de trabajo. Mujeres Transformando fortalece el liderazgo para el ejercicio sindical, e investigan y denuncian los abusos que viven las mujeres, además de elaborar propuestas de ley para la mejora de derechos laborales.

Desde Palestina la lucha de las mujeres ha ido siempre ligada al devenir de la situación de ocupación en la que se encuentran. En este sentido, Paz con Dignidad apoya la defensa legal y protección de los derechos de mujeres y niñas palestinas en cárceles israelíes por el ejercicio de la libertad de expresión y resistencia frente a la ocupación a través del soporte a las actividades de organizaciones de DDHH como Addameer. Hoy se inician oficialmente en todo el mundo los 16 Días de Activismo contra la violencia de género, pero sin embargo ya el pasado sábado, 21 de noviembre, asociaciones de mujeres palestinas y grupos de jóvenes convocaron una concentración en apoyo a las mujeres palestinas prisioneras en cárceles israelíes como el reciente caso de Khitam Saafin, Presidenta de la Unión Palestina de Comités de Mujeres (UPWC en sus siglas en inglés). En estos 16 días de activismo destacará también la contribución de la Coalición Palestinos y palestinas contra la violencia[4], compuesta hasta ahora por 22 entidades de Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza e Israel. En estos días además se hará patente la lucha por la aprobación de la Ley de Protección de la Familia. La Coalición Al Muntada de ONGDS palestinas contra la violencia contra las mujeres ha lanzado una recogida de firmas virtual para presionar en este sentido. Esta Ley es vital según UPWC porque “aún se sigue negando la existencia de violencia de género en Palestina, infravalorando el sufrimiento de las mujeres”. La Ley está teniendo una fuerte oposición de sectores conservadores políticos y religiosos.

Por todo esto, este 25 de noviembre, organizamos juntanzas, marchas, performances y protestas para gritar alto y claro que ¡VIVAS NOS QUEREMOS!

[1]https://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2018/10/progreso-de-las-mujeres-2018
[2]http://www.csoplcp.gouv.sn/pasneeg/documents/plan_action_national_lutte_contre_VBG.pdf ; pág. 63.
[3]La crisis ya estaba aquí. Defensoras mesoamericanas ante COVID19
[4]https://www.facebook.com/FDAorg.21