Una Constitución feminista para el siglo XXI

Aunque flote en el ambiente la sensación de que el conflicto de Cataluña ha puesto encima de la mesa el imprescindible debate sobre la reforma de la Constitución del 78, lo cierto es que solo ha reforzado más esta necesidad. Porque fue la movilización social del 15M la que puso el primer altavoz a la demanda popular de abrir un proceso constituyente. Las políticas de austeridad aplicadas por los Gobiernos del PP y el PSOE, y el océano de corrupción del que por entonces asomaban solo las primeras olas, hicieron estallar de indignación a millones de personas, que empezaron a gritar que esto era una crisis de régimen.

Desde aquel mayo de 2011 hemos logrado conquistas que entonces parecían un sueño: candidaturas ciudadanas gobiernan las principales capitales del país, y una amplia representación de Podemos en las instituciones de representación democrática. Pero, a pesar de estos cambios significativos, Podemos no consiguió “tomar el cielo por asalto”, y hoy sigue vigente el marco constitucional que se nos impuso en 1978 que ya no da respuesta a la profunda crisis social, institucional y territorial que atraviesa nuestro país. Es necesario abrir un proceso constituyente que afronte y resuelva las necesidades de la España de hoy.

La nueva Constitución debe abordar cuestiones que quedaron fuera del texto del 78, y hoy constituyen un clamor. La Constitución del 78, redactada por “venerables padres de la patria”, solidificó un modelo de estado patriarcal, que la lucha del movimiento feminista ha conseguido ir erosionando. Los avances en materia de igualdad en los 39 años de vigencia de la Constitución han sido importantes, y deben trasladarse negro sobre blanco al texto de la nueva Constitución.

Pero a pesar de estos innegables avances, en nuestro país persiste un insoportable nivel de violencia machista sobre las mujeres, los niños y las niñas. Las mujeres sufrimos aún una enorme desigualdad laboral y salarial; un desigual reparto de las tareas de cuidados, y un importante desequilibrio en nuestra presencia en las instituciones y en los puestos de responsabilidad. Por eso, el movimiento feminista reivindica que la perspectiva de género atraviese todo el articulado del nuevo texto constitucional.

Necesitamos una nueva Constitución feminista que aborde las desigualdades de género que todavía persisten: una Constitución que apueste por un modelo económico que ponga en el centro de su actividad la sostenibilidad de la vida, y las aportaciones que realizan las mujeres a la economía del país, que aunque actualmente no se valoren, pueden llegar a constituir el 45% del PIB del país. Necesitamos nuevas políticas públicas que realicen una distribución de los recursos económicos en función de nuevos principios y valores. Y que nunca más se supedite la riqueza del país al dictado de los mandatos financieros.

Una Constitución que amplíe el catálogo de derechos, e incorpore otros nuevos como el derecho a una vida libre de violencia machista, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la conciliación, o el derecho al trabajo de mujeres y hombres en igualdad de condiciones.

Pero una Constitución feminista debe también ampliar el catálogo de derechos fundamentales, incorporando todos aquellos relacionados con la protección de la emergencia social, que ahora se contemplan como meros principios rectores. Así tenemos el caso paradigmático del derecho a la vivienda, que un Gobierno irresponsable no sólo no garantiza, sino que ha favorecido la especulación urbanística frente a la emergencia social.

También está el caso de la pobreza energética con su clásica secuencia de hechos: llega el invierno, bajan las temperaturas, sube el coste de la luz y demás suministros. Afirma Ecologistas en Acción que un 23,5% de los hogares madrileños sufre alguna forma de pobreza energética, porque la factura de electricidad se ha incrementado un 76% en los últimos diez años. Mientras tanto, los beneficios del oligopolio eléctrico crecen, y las puertas giratorias siguen siendo retiros dorados para políticos del PP y el PSOE.

Pero la nueva Constitución, deberá también hacer frente a la crisis territorial que atraviesa nuestro país. Es necesario abordar la cuestión de la plurinacionalidad, así como el derecho de cada territorio a decidir en las urnas la relación jurídica que quiere mantener con el resto del Estado. La Constitución deberá tratar también la espinosa cuestión del modelo de financiación autonómico, la profundización en el autogobierno a nivel regional y local, y el papel del Senado como Cámara de representación territorial.

También es el momento de abordar la cuestión del modelo de Estado: tras la crisis provocada por la movilización masiva del 1 de octubre y la dura represión que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy, fuimos muchos los indignados e indignadas con la intervención del rey Felipe VI, que tres días después del conflicto más grave vivido en los últimos años, apareció en televisión para cerrar filas con la autoritaria actuación del Gobierno y romper cualquier puente hacia el diálogo o la solución política del conflicto.

Un rey no elegido que ha venido a perpetuar una Monarquía parlamentaria, que permitió la pervivencia de una oligarquía privilegiada y corrupta –la más corrupta de Europa– que ha seguido ostentando el poder económico en nuestro país. Se hace necesario, por tanto, salir del ensimismamiento de tener una Familia Real de inspiración Disney, para traer al debate público la necesidad de restablecer un modelo y una cultura republicanas.

Por último, necesitamos una Constitución que revise nuestra relación con las instituciones europeas. Una nueva relación que nos permita auditar nuestra deuda impagable, y acabar con el artículo 135 de la Constitución, que supedita la riqueza del país al pago de los acreedores financieros por encima de la emergencia social de la gente.

En cuanto se abre el debate sobre la urgente y necesaria reforma de la Constitución del 78, aparece ese típico “señorito español”, que se postula como el único capaz de reformarla: Rajoy, Sánchez y Rivera. Pero la nueva Constitución de este país, no saldrá de esa extraña Comisión que pactaron en un pasillo los partidos del Régimen, a cambio de aplicar impunemente el artículo 155 en Cataluña, ni la elaborarán expertos constitucionalistas en barrocas salas de reuniones. La nueva Constitución feminista del siglo XXI será el resultado de un verdadero proceso constituyente y popular, en el que los movimientos vecinales, ecologistas, sindicales, de mayores, estudiantiles, feministas, o Mareas ciudadanas, desborden por abajo para convertirse en un verdadero poder constituyente.

Esa debe ser la apuesta de Podemos y de las fuerzas políticas del cambio: no se puede claudicar en la reivindicación de un proceso constituyente verdaderamente ciudadano y popular, que formó parte de nuestro ADN desde el nacimiento de Podemos. Ese debe ser nuestro horizonte a medio plazo. ¡Por supuesto que se puede!