Crece la marea por la democratización del agua en Barcelona

Cuando la plataforma ciudadana Barcelona en Comú elaboró de forma participada su programa para las elecciones municipales de Barcelona en 2015, su propuesta más popular fue remunicipalizar la compañía de agua de la ciudad, Agbar (filial de la multinacional Suez Environnement). Tres años después, el gobierno se encuentra en una lucha por la remunicipalización que personifica las preocupaciones del nuevo movimiento municipalista: proteger los bienes comunes, desafiar la corrupción y aprovechar la relación simbiótica entre las políticas institucionales y no institucionales.

Los motivos para la remunicipalización son numerosos: un estudio global realizado por el Transnational Institute en 2015 concluyó que los pueblos y ciudades que remunicipalizan sus aguas tienden a disfrutar de mayor calidad y tarifas más bajas para los consumidores. Barcelona no es diferente; la plataforma por el derechos al agua Aigua és Vida estima que las tarifas establecidas por Agbar-Suez en Barcelona son un 91,7% más caras que las de los municipios vecinos que gestionan su agua públicamente. Esto es particularmente importante en el contexto español, donde el 17% de la población sufre de "pobreza energética", lo que significa que tiene dificultades para pagar sus facturas de electricidad, gas o agua. En Barcelona, ​​donde se han establecido 10 puntos de información desde 2015 para asesorar a los ciudadanos sobre sus derechos energéticos, se ha identificado que más de 170.000 personas padecen este tipo específico de pobreza.

Dejando a un lado los argumentos económicos, la remunicipalización también está motivada por la concepción del agua como un derecho humano y un elemento esencial de la sostenibilidad ecológica. De acuerdo con estos principios, el agua debe ser gobernada como un bien común, es decir, ser poseída y gestionada colectiva y democráticamente por las comunidades, en lugar de comercializarse con fines de lucro.

De hecho, en Barcelona, ​​los efectos perversos de permitir que las empresas privadas gestionen los recursos básicos están muy claros. En 2012 se creó una asociación público-privada en materia de agua entre Agbar-Suez y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para gestionar el agua en 23 municipios, incluida la ciudad de Barcelona. El acuerdo dio una participación del 15% en la nueva compañía al gobierno metropolitano y una participación del 85% a Agbar. Sin embargo, en 2015, un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña reveló que la asociación se creó a puertas cerradas, sin licitación pública, y planteó dudas sobre el valor real de las inversiones de Agbar. Un fallo posterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró nula la concesión de 2012, lo que abrió la puerta a la remunicipalización. Ahora la única esperanza del gigante del agua es que el Tribunal Supremo falle a favor de su apelación para restaurar el contrato.

Pero las cosas no pintan bien para Agbar. Una reciente auditoría del Gobierno Metropolitano de Barcelona ha confirmado que Agbar infló el valor de sus inversiones en la compañía de agua de Barcelona en 346 millones de euros.

Al mismo tiempo, la gente de Barcelona se está movilizando por la remunicipalización, aprovechando una nueva herramienta de participación presentada por el ayuntamiento: las iniciativas ciudadanas. Este año, por primera vez, cualquier persona que reúna más de 15.000 firmas de apoyo puede convocar un referéndum local relacionado con leyes y políticas locales. La iniciativa ciudadana para la remunicipalización del agua, promovida por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Aigua és Vida y la Asociación de Vecinos de Barcelona, ​​casi duplicó este objetivo, recolectando 26.389 firmas en la ventana de dos meses. Se someterá a una votación no vinculante en toda la ciudad junto con otras tres iniciativas en junio. 

Pero Agbar-Suez no va a caer sin luchar; la compañía está tratando de detener el referéndum sobre la remunicipalización del agua en los tribunales. Agbar alega que la pregunta: "¿Quieres que la gestión del agua en Barcelona sea pública, con participación ciudadana?" es "poco clara", "ilegal" y que el ayuntamiento no tiene las competencias legales para formularla. En respuesta al desafío jurídico, la concejala de Participación de Barcelona, ​​Gala Pin, ha dicho que "si Agbar está tan seguro como dice que es el mejor administrador posible del agua de Barcelona, ​​no debe temer que la gente decida".

Pero Agbar-Suez claramente tiene miedo de perder el control del Barcelona. Si bien su plan A es mantener su concesión y detener el voto a través de los tribunales, ya ha empezado su campaña pública ante la posibilidad de que el referéndum se lleve a cabo. La compañía ha lanzado una gran operación de mercadotecnia en las últimas semanas, inundando espacios publicitarios en la televisión local, la radio y vallas publicitarias, y patrocinando iniciativas comunitarias en un esfuerzo por limpiar su imagen. Esta actividad está financiada, irónicamente, por los mismos residentes de Barcelona, ​​a través de esas facturas de agua excesivamente caras. 

Hablar sobre participación ciudadana se ha puesto de moda a nivel político, pero con demasiada frecuencia la idea se reduce a un eslogan y la participación se emplea solo en los márgenes de la toma de decisiones. La beligerante reacción legal de Agbar-Suez ante la iniciativa ciudadana muestra que el verdadero poder económico y político están en juego en el referéndum de Barcelona. El gobierno de la ciudad está apostando a que, con el apoyo de la gente común en las urnas, podrá enfrentarse a los partidos de la oposición y al lobby global privado del agua, y ganar.