País Valenciano
Orriols en Bloc y la PAH paralizan el desahucio de una familia con dos menores

La comisión judicial no se presentó para impedir el desahucio ante la presencia de alrededor de cuarenta personas y varias entidades sociales. A pesar de ello, la familia sigue sin tener alternativa habitacional. El piso es propiedad de Divarian, la inmobiliaria de BBVA participada en un 80% por el fondo de inversión estadounidense Cerberus.

Orriols en Bloc y la PAH paralizan un desahucio de una familia con dos menores
Orriols en Bloc y la PAH paralizan un desahucio de una familia con dos menores Gonzalo Sánchez

publicado
2019-09-07 05:11

Las calles del barrio de Orriols en València, donde residen un gran número de familias en riesgo de exclusión social, volvieron a vivir ayer un episodio que en los últimos años se ha vuelto cotidiano; el desahucio de una familia sin alternativa habitacional. A las 9 de la mañana, vecinas, activistas locales y varias plataformas de barrio se concentraron en el número 41 de la calle Arquitecte Rodríguez con el objetivo de impedir la expulsión de una familia de su hogar sin posibilidad de acceso a una vivienda digna. Se trata de Raquel y Salem, una pareja con dos hijas menores de edad (de tres y cinco años). La concentración, a la que asistieron colectivos como PAH València, Orriols en Bloc, Iaioflautas o Cuidem Benimaclet, tuvo éxito, ya que se consiguió paralizar el quinto intento de desahucio por parte del BBVA, la propietaria de la casa.

Raquel y su familia viven en Orriols desde hace casi dos años. A principios del pasado año firmaron un alquiler con los antiguos inquilinos para residir en el barrio, y después de tres meses viviendo en el inmueble y pagando la renta, un agente judicial llamó a la puerta de su casa, entonces descubrieron que su contrato era falso. “Nos dijeron que tendríamos noticias y llegó la primera orden de desahucio” relata Salem. A pesar de que servicios sociales consiguió paralizar el primer lanzamiento y ganar algo de tiempo, el colapso de la administración ha provocado que, cinco desahucios paralizados más tarde, la situación de esta pareja con dos menores no haya cambiado en absoluto. Sin recursos, a pesar de que Raquel tiene un trabajo de seis meses por el que cobra un sueldo muy limitado, no pueden permitirse acceder a una vivienda en la ciudad y se encuentran sin alternativa habitacional.

Los alquileres, completamente disparados en la ciudad, no son una opción viable para la familia. Según Salem "encontramos un piso por 500 euros, pero nos pedían un contrato fijo y tres meses por adelantado, además, con eso solo tenemos 300 euros para vivir, es imposible" lamenta. Además, según asegura la pareja, se han movilizado por todas las administraciones con el objetivo de encontrar una alternativa habitacional asequible: “Hemos hablado con servicios sociales, en cuanto nos enteramos de lo del contrato nos pusimos en lista de espera para una vivienda, pero ha sido imposible encontrar nada. Nosotros solo queremos que acabe esta pesadilla, tener un lugar seguro para criar a las niñas y pagar nuestro alquiler como todo el mundo, a nadie le gusta estar en esta situación”. Según Raquel, intentaron negociar con el banco después del primer intento de desahucio, pero las conversaciones quedaron en nada.

En plena calle varias activistas de la PAH dan consejos a más personas sobre las que pesa una orden de desahucio, les explican todo lo que deben solicitar y las opciones que les brinda la administración. Todas las personas afectadas coinciden en que “Servicios Sociales en el barrio no vale nada”. Sara, que también tiene un menor a su cargo, está a la espera de su primer lanzamiento, que llegará el día 20 de septiembre. Juan, en cambio, deberá esperar unas semanas más, y relata cómo en Servicios Sociales le han dado cita para tres meses. Entre la gente concentrada, dos casos más de lanzamiento hipotecario, un realidad social cada vez más habitual en el barrio, que escapa a los medios que marcan la agenda, pero que existe y golpea con fuerza distritos tradicionalmente obreros.

Entre los concentrados encontramos gente de todas las edades, desde pensionistas hasta adolescentes. Un grupo de jóvenes de 16 años hablan junto a la puerta del inmueble, en espera de la comisión judicial que finalmente no llegará. Uno de ellos, Andrés, explica que se enteraron a través de las redes sociales. “No es de recibo que grandes bancos compren enormes masas de pisos para especular con la vivienda y desahuciar a la gente sin recursos” denuncia. Desde la PAH València, lamentan que “los okupas no tienen derecho a nada” y afirman que es habitual que las propietarias empleen todo tipo de técnicas. “Yo me he encontrado con bancos que avisan de que vendrán el lunes al lanzamiento y finalmente aprovechan para cambiar la cerradura el jueves cuando no hay nadie” afirma Arturo, uno de los activistas.

Aterrizaje de fondos de inversión
Anua Spain SL o Cerberus Capital Management, son dos de los principales fondos buitre que aterrizaron en el barrio hace un par de años, atraídos por las rentas bajas, y que no han parado de comprar viviendas con la intención de reformarlas. En concreto, el fondo de inversión Cerberus adquirió el 80% de la inmobiliaria de BBVA en octubre del año pasado, y creó una sociedad para gestionar estos activos, Divarian Propiedad S.A. Es esta sociedad la propietaria del piso en el que viven Raquel y Salem, una entidad que no es precisamente conocida por negociar con sus inquilinos, tal y como atestigua la PAH València. Tras varias horas de concentración y mucha angustia para Raquel y Salem, que se giran nerviosamente cada vez que escuchan un coche que pasa frente a la puerta del inmueble, el desahucio es aplazado. Un remedio temporal para una familia que continúa sin una alternativa digna para vivir. “Con los alquileres que hay ahora mismo en València no sabemos donde meternos, si tuviéramos alternativa ya nos habríamos ido de aquí hace mucho tiempo”, sentencia Salem.

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