LGTBIQ
37 años de luchas por la libertad sexual en Nafarroa

El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona no son el Estado de Israel, cuyo pinkwashing utiliza los derechos de la comunidad LGTBI+ como coartada para justificar la estigmatización del pueblo palestino. Tampoco tienen mucho que ver con la Comunidad de Madrid, patrocinador oficial principal del mercantilizado World Pride Parade de este año, evento mundial que con sus 52 carrozas, ha convocado a tres millones de manifestantes de todo el planeta. Cada territorio produce sus propios procesos sociales, políticos e institucionales y más que forzar las analogías con otras escalas, lo necesario es extraer claves para determinar en qué medida las nuevas leyes autonómicas forales e infraestructuras administrativas locales, por citar los dos hechos más relevantes de este año, van a sincronizarse con las demandas y estrategias del movimiento LGTBI+.

¿Son conquistas que convertidas en cajas de resonancia y de manera seminal, alumbrarán nuevas agendas de derechos, generarán más espacios de libertad, y robustecerán las posiciones emancipadoras en el debate ideológico?, ¿o, más bien, en lo esencial se trata —salvando los destellos iniciales— de concesiones cuya naturaleza y límites operarán puliendo las aristas más incomodas de la agenda movimentista para, sobre todo, producir los patrones e imaginarios LGTBI+ normativos y aceptables para el capitalismo global integrado realmente existente? Y, por último, pero no por ello menos importante, ¿en qué medida los dispositivos jurídicos y asistenciales de la gobernanza progresista responsable van a componerse con los nuevos cuerpos precarios mayoritarios —pero socialmente desplazados— o con los circuitos migrantes y/o marginales de las periferias?

Los antecedentes están ahí. En 2009 se aprobó la pionera Ley Foral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales cuya materialización se ha reducido a una asesoría psicológica y poco más. Ocho años después, la mayor parte de medidas y disposiciones no han sido desarrolladas y los avances sociales claros atribuibles al mencionado articulado son inexistentes. Como señala Luna Martinicorena, activista de Lugatibe, “el marcador para determinar el impacto de las nuevos marcos legales son las partidas presupuestarias asociadas: sin ellas no hay nada”. Otras estadísticas han experimentado pocas variaciones. Por ejemplo, la tasa de suicidios entre menores a quienes en su infancia se negó su identidad sexual sentida, continúa en el 40%.

La ley de igualdad social aprobada en junio se compromete a proteger a menores y adolescentes en situaciones vulnerables

El pasado ocho de junio, en la estela de la medida anterior, el Parlamento de Navarra dio luz verde a la Ley Foral de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI+) y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género en la Comunidad foral de Navarra. La nueva norma va a promover la participación en espacios sociales e institucionales, se compromete a proteger a menores, jóvenes y adolescentes en situaciones vulnerables, asume la reparación de injusticias históricas, garantiza el acceso a derechos reproductivos y sexuales, incorpora contenidos específicos en la educación superior, y reconoce la heterogeneidad familiar en los ámbitos judicial y administrativo navarros, entre otras medidas. En este caso, como en el anterior, el impulso de los colectivos sociales ha sido determinante y, sobre el papel, se formalizan avances notables (a pesar de la deriva punitivista reconocible en su prolijo y difuso capítulo sancionador).

Apenas tres semanas después y en vísperas de la manifestación anual, se inauguraba Harrotu en Iruñea. El centro municipal, gestionado por Kattalingorri a través de un convenio, sigue la línea de iniciativas similares que ya existen en Madrid y Barcelona, y desarrolla dos líneas de trabajo: la información y atención sexológica y psicosocial (orientación sexual), y la atención sexológica específica de transexualidad (identidad de género); y como infraestructura y soporte de cara a colectivos demandantes de apoyo. Tanto el perfil del personal como los objetivos generales impregnan al proyecto de una inequívoca dimensión activista. Entonces, ¿en qué manera y con qué criterios es recomendable evaluar este proceso de profesionalización e institucionalización?

UN POCO DE HISTORIA

Más tarde se constituyeron iniciativas menos extensas en el tiempo como Gehitu, Ilota Ledo —que trabajó las reivindicaciones del colectivo transexual relacionadas con la cobertura del proceso de reasignación sexual en la Seguridad Social, y con la demanda de legislación vinculante para las distintas administraciones— y, más recientemente, han surgido entidades como Chrysallis (asociación de familias de menores transexuales), Transkolore (asociación de personas trans de Navarra), o Lugatibe (Asamblea Transmarikabollo de Navarra, compuesta por el activismo más joven y cuyo eje de intervención es el combate de la LGTBI+fobia). La discusión sobre la convivencia de hombres y mujeres en los colectivos LGTBI+ sigue vigente: algunas activistas siguen detectando dinámicas propias del patriarcado dominador que favorecen los liderazgos masculinos y subordinan a las mujeres.

Durante todos estos años, la plataforma E28J ha aglutinado a gran parte del tejido asociativo de Iruñea alrededor del Día de las Libertades Sexuales, a finales de junio. En segundo lugar, a una distancia considerable de la fecha central en el calendario LGTBI+, se sitúan las innumerables actividades e iniciativas llevadas a cabo en estas décadas. En su momento, tuvieron gran resonancia hechos como el outing realizado a Gabriel Urralburu (entonces presidente del Gobierno de Navarra), la insumisión marica durante la campaña contra el Servicio Militar Obligatorio, la campaña de apostasía a la Iglesia católica, la lucha contra el SIDA (como herramienta para la supervivencia) o, más recientemente, la respuesta en marzo de este año contra el autobús del odio (a los menores transexuales) de Hazte Oir.

Así mismo, el debate de ideas ha ido produciendo sus eventos y puntos de inflexión. Divergeneranitzak se constituyó en 2011 para “trabajar contra el sexismo y las sexo-fobias, para enfrentarnos, una vez más, a cátedras y altares, y para seguir construyendo nuestra liberación” y desplegó una doble propuesta en febrero y agosto. Primero, en respuesta al “I Congreso Internacional de Ideología de Género” que organizó la Universidad de Navarra en torno a la familia, por medio de unas jornadas que, a modo de contraforo, visibilizaron una alternativa a la propuesta heteropatriarcal de los sectores más conservadores (con cine-fórum, presentaciones de libros, recitales, charlas, manifestaciones y fiestas... y donde se habló de inquisición, deseos desordenados, cuerpos divergentes, post porno, transfeminismo, o dinámicas queer). Más tarde, ya en verano, y al calor a los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud que la Iglesia Católica organizó en Madrid, promoviendo la campaña “Yo no os acojo, Ez zarete ongietorriak, You are not welcome”, dedicada a los miles de integristas que visitaron la ciudad en pleno mes de agosto.

En algún momento, sin embargo, el movimiento LGTBI+ empezó a analizar una realidad cada vez más acuciante: el aumento de las personas que se acercaban —mediante visitas, cartas, llamadas telefónicas o correos electrónicos— para expresar su malestar, soledad, las distintas discriminaciones que padecían, o para denunciar las agresiones de las que había sido objeto. Esas solicitudes de ayuda y comprensión eran escuchadas y muchas personas pasaban, tras la fase de acompañamiento, a formar parte de la comunidad, pero otras requerían, además,una atención personal y profesional que el activismo no podía proporcionar. El debate se instaló en el movimiento.

El outing de Gabriel Urralburu, la insumisión marica durante la campaña contra el Servicio Militar Obligatorio o la campaña de apostasía tuvieron gran resonancia.

¿Qué hacer?

Las discusiones fueron decantándose, mayoritariamente, hacia la idea de crear un servicio de atención profesionalizado a las personas LGTBI+. En 2003 se materializó Kattalingorri, que tal y como afirma Xabi Sánchez, militante de la entidad, “tenía la vocación de entablar un diálogo con la administración pública para que la estructura fuera profesionalizada y apoyada institucionalmente”. A pesar de todo, el proceso fue lento y tortuoso, y estuvo sometido al vaivén de las lógicas parlamentarias. De hecho, la mayoría conservadora del Parlamento Navarro rechazó la elaboración de una ley que incluyera la creación de una oficina de atención LGTBI+ en dos ocasiones (2010 y 2013). Finalmente, la llegada de los gobiernos del cambio ha permitido su materialización.

Todavía es pronto para evaluar los resultados de los nuevos cuerpos legales y de las nuevas dotaciones llamadas a proteger los derechos de las personas LGTBI+. Habrá que ver, además, si se produce la misma desmovilización que generó a nivel estatal la aprobación de la Ley de Zapatero de 2005 (que modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio) cuando, como tantas veces, el mundo activista descargó sobre las instituciones liberales burguesas demasiadas responsabilidades y legitimidades.

En definitiva, Harrotu y las dos leyes aprobadas son la decantación de casi cuarenta años de lucha LGTBI+ en la Comunidad Foral. Cuatro décadas de palizas, humillaciones, invisibilización y clandestinidad, pero también de dignidad, coraje, tenacidad y alegría de vivir. Son conquistas que obedecen a la acumulación política de toda una época. Ahora bien, las nuevas tendencias globales y locales, en particular el aumento de las agresiones y de la LGTBI+fobia (consecuencia de la mayor visibilización y del empoderamiento de la comunidad), singularmente preocupantes en todo lo asociado al bullying escolar, van a someter —están sometiendo ya— el esquema de trabajo político del movimiento a un examen donde desterrar la autocomplacencia y apostar por el rigor analítico serán esenciales. Ahí se verá si lo construido eran rampas de lanzamiento con posibilidades reales de cara al futuro o si más bien se trataba de pistas de aterrizaje. Y, sobre todo —una vez más—, será nuclear entrar a valorar el papel de lo público en los conflictos que se avecinan, y su relación con el contrapoder del movimiento.