Coronavirus
Sobre los créditos ICO

Más de un mes tramitando el tan sonado préstamo ICO para particulares que no puedan pagar la renta del alquiler de piso y pasado ya casi dos meses del acuerdo ministerial, el trámite sigue estando en proceso y sin resolución. Dichos préstamos  salvavidas se anunciaron como parte del supuesto objetivo del Gobierno de “no dejar a nadie atrás” generando una gran expectativa en quienes se encontraron en situaciones insostenibles a raíz de la pandemia.

Sin embargo, desde hace un mes entregando documentos, rellenando formularios y todo lo que implica la tramitación del crédito sin ninguna respuesta.  

En consecuencia, la pregunta que cabe hacerse ahora igual que en su momento debió hacerse con las hipotecas basura es quién vigila los bancos, quién vigila al vigilante si a los bancos se les da la potestad de gestionar el acceso a los créditos. Quién se asegura de que cumplan en forma y fondo con el proceso, ajustándose a la normativa establecida por acuerdo ministerial y no poniendo sus propias condiciones.

Se nos dice que el proceso es lento. Que es un servicio nuevo y que lleva su tiempo. Pero cuánto vamos a tener que esperar para que quienes se supone que no deberían quedar atrás queden tan atrás que no puedan salir jamás del pozo de precariedad en el que cada día acaban hundidas más personas. Con todo lo que ello implica en términos de transferencia de pobreza y desigualdades en un país en el que la vivienda se ha convertido en un privilegio y un negocio en lugar de un derecho esencial para la vida.

Si en un primer momento esta línea había sido pensada para que las personas que no tuvieran posibilidades de pagar su alquiler por situaciones derivadas de la pandemia se quedaran en la calle o dejando de pagar a sus arrendatarios cuyo estatus no fuera el de gran tenedor de vivienda, lo que estamos viendo es la generación de expectativas inciertas y dudosas en cuanto la posibilidad real de acceder a dichos a préstamos además de la acumulación de cuotas de alquiler impagadas creando más  tensión entre arrendador y arrendatario.

Si desde la creación de este instrumento financiero ya se establecía un criterio selectivo en función de que la situación impago sea producida por los efectos de la pandemia dejando fuera a miles de personas que desde hace años no pueden asumir los elevados  precios del alquiler aún teniendo trabajo, lo que se ha producido es la agudización de los problemas de acceso a la vivienda a lo que se sigue dando soluciones con “parches” insostenibles a mediano y largo plazo pues la vivienda se sigue entendiendo como un negocio.

A la espera de que la resolución de las solicitudes de los préstamos para pagar el alquiler se resuelvan nos preguntamos en qué se va a materializar este llamado rescate a las personas y no a los bancos tal  como se hiciera años atrás. Si a los mismos de siempre nos tocará pagar la peor parte de la crisis de un modelo económico financiero que desde años viene generando crisis porque igual que en otros ámbitos de la vida, la pandemia sólo vivo a revelar y agudizar el estado en el que ya estaban las cosas. Una vez más, nos preguntamos si esta vez los gobiernos, este Gobierno, será capaz de vigilar el hacer de las transacciones financieras y la gestión de los créditos, sus plazos y condiciones porque si algo nos dejó claro la experiencia de la crisis de 2008 es que los bancos no son entidades abstractas sino negocios llevados por personas que toman decisiones conscientes en todo momento y en función de unos intereses concretos. Por tanto es necesario y urgente que se mantenga la vigilancia desde las instancias pertinentes de su hacer en cuanto  la gestión de los créditos con aval del Estado y que haya transparencia en cuanto a cuántas empresas y personas han podido acceder a estos préstamos y sus condiciones.