Huelga feminista
CC OO denuncia coacciones al personal que hizo huelga en los colegios de Madrid
El sindicato asegura que se está requiriendo cumplimentar un documento oficial en el que deben declarar si hicieron huelga o no y solicita a la consejería de Educación la retirada de estos requerimientos.
La Federación de Enseñanza de CC OO de Madrid ha informado de que el personal de centros de enseñanza de la Comunidad de Madrid que secundó la huelga feminista del 8 de marzo está recibiendo el requerimiento de cumplimentar un documento oficial, de forma individualizada, en el que deben declarar si hicieron huelga o no.
El sindicato tuvo noticias de estos hechos la semana pasada, tras lo cual solicitóa la consejería de Educación que detuviera el envío de estos requerimientos en un documento dirigido al director de recursos humanos de esta consejería. En este documento, registrado el viernes 22 de marzo, también pide a los directores y directoras de los centros que se abstengan de solicitar esta información, ya que se trata de un procedimiento “improcedente”, y que se informe sobre esta improcedencia. De momento, no hay respuesta de la consejería.
Según CC OO, la dirección los centros recibió, a través del programa Raíces —un programa se gestión que se utiliza en colegios—, unos requerimientos con el título “notificación de participación en caso de ejercicio del derecho a la huelga” que debía transmitir al personal que no hubiera asistido a sus puestos de trabajo el día 8 de marzo. Este procedimiento, advierten desde el sindicato, es absolutamente anómalo, ya que lo habitual es considerar que el funcionario o la funcionaria que no asistiera a su trabajo el día 8 de marzo sin presentar justificación estaría ejerciendo su derecho a huelga, al amparo de una convocatoria legal. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO de Madrid, explica a El Salto que, de momento, queda a expensas de la voluntad de la dirección el proceso a seguir, mientras en la Federación de enseñanza han llegado “centenares de consultas”.
“Este documento inicia por omisión trámite administrativo”, advierte. “Y tal y como se ha instado a los profesores a los que se ha instado a rellenar esta documentación, el profesorado se ha sentido coaccionado por hacer esta huelga, pero además se ha percibido como una advertencia sobre futuras huelgas”, explica Galvín: “No se puede hacer a un trabajador firmar que ha ido a la huelga”.
“El derecho a huelga es un derecho colectivo que se ejerce individualmente y, con este extraño procedimiento, se está privando a la persona de ese amparo colectivo”, asegura Galvín que cree que esta forma de proceder “constituye un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática”.
El sindicato recuerda que ningún funcionario o funcionaria está obligado a declarar si ha ejercido el derecho a huelga o no, ni a realizar aviso alguno o comunicación. “En primer lugar, porque se frustraría el fin perseguido con la misma, que consiste en la visibilización de la interrupción del servicio; y, en segundo, porque expone al trabajador o trabajadora a la coacción”, dice Galvín. CC OO recuerda que la coacción, así como la limitación del derecho de huelga, está tipificada como falta disciplinaria muy grave por el Estatuto Básico del Empleado Público y por el Código Penal, por tratarse de un derecho fundamental especialmente amparado en el artículo 28.2 de la Constitución.
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CC OO subraya además el “lenguaje inquisitivo del documento”, en el que se da a entender que forma parte de un procedimiento “con expresiones y giros habituales del lenguaje jurídico” como “alegaciones”, “plazos”, “se dará traslado de todo lo actuado (...) a los efectos procedentes” así como referencias “a un órgano desconocido” como es la “Delegación Provincial de Educación”. “Todo ello induce a pensar en un proceso inquisitivo ad hoc revestido de una clara intención coactiva”, concluye Galvín.
Galvín sitúa esta situación en un contexto más amplio: “Raíces se ha convertido en el Gran Hermano del sistema educativo”, indica la secretaria general, que recuerda que no es la primera vez que este programa va en contra de normativa básica como la de protección de datos. Hace unas semanas, CC OO ya denunció que la consejería de Educación había dado orden a los orientadores de los centros educativos de volcar los datos personales y médicos de los niños con necesidades educativas especiales en Raíces: “No se ha tenido en cuenta normativa básica para diseñar este programa informático”.
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