Hemeroteca Diagonal
24 absoluciones por la quema de fotos del rey

El magistrado Vázquez Honarrubia absolvió el 29 de octubre a 16 independentistas catalanes acusados de quemar fotos del monarca español. La decisión judicial, que remite la causa ahora a los juzgados ordinarios, fue provocada por la decisión de la Fiscalía de modificar la petición inicial y tipificar los hechos como mera falta de desórdenes. La Fiscalía adujo que la acción de protesta se ubicaba en un acto de carácter solidario con Enric Stern y Jaume Roura, los dos primeros juzgados por quemar imágenes del rey y condenados a 2.760 euros cada uno, y que no revestían de la misma gravedad. Vázquez Honarrubia proclamó entonces que no tenía más remedio que absolver a los procesados. Antes, el juez había obligado a los 16 acusados a revertir sus camisetas (con alusiones antimonárquicas) y había ironizado sobre la necesidad de traducción simultánea. Honarrubia ya había comprobado, en el primer proceso a los antimonárquicos Stern y Roura, cómo se les obligaba a repetir el juicio por no dejar a los procesados expresarse en catalán.

Pero no fue el único incidente. Los autocares llegados a Madrid para solidarizarse con los procesados fueron retenidos. Además, banderas independentistas y camisetas antiborbónicas fueron sustraídas. Esa misma tarde, en concentraciones de apoyo realizadas en diferentes municipios, se produjeron cargas policiales en Mallorca —con 12 contusionados— y el intento de identificación de todos los manifestantes en Valencia.

Cadena de absoluciones

Quince días antes, otros cuatro independentistas catalanes fueron absueltos del mismo delito. Acusados por informes remitidos por los Mossos d’Escuadra de haber quemado un retrato real y una bandera española en los actos del 11 de septiembre, el juez archivó la causa inmediatamente después de tomarles declaración. Los Mossos no habían aportado más pruebas que su militancia política. A ello cabe sumar también el archivo de la causa contra dos jóvenes en El Morell (Tarragona) por colgar un cartel antimonárquico en un instituto, contra un miembro de l’Ateneu de Barberá por la colocación de una pancarta con idéntico mensaje y contra un joven de Tarragona por la quema de una fotografía.

De las protestas en Catalunya, en la Audiencia Nacional ya sólo queda pendiente de resolución la causa contra dos militantes de Figueres (Girona), uno de ellos menor, por realizar pintadas contra los borbones. Para Alerta Solidaria, organismo antirrepresivo catalán, “el pulso por la libertad de expresión ha sido ganado ante la anacronía de la persecución decretado por un Estado que se autodenomina nonacionalista”. Días antes, hasta 70 abogados habían presentado simultáneamente en los colegios de Barcelona, Valencia, Lleida y Palma de Mallorca un manifiesto para exigir la despenalización de las injurias a la Corona y denunciar su sobreprotección penal, que limita directamente el ejercicio de derechos fundamentales.

Delito de injurias

Paralelamente, el magistrado de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska ha decidido procesar también al alcalde de Puerto Real (Cádiz) por un delito de injurias contra la Monarquía. José Antonio Barroso, edil e histórico militante de Izquierda Unida, calificó al monarca como “hijo de crápula” y “corrupto” el pasado 14 de abril, en un acto de conmemoración de la República. A las puertas del tribunal especial de la Audiencia Nacional declaró “que esto es más una satrapía que un sistema democrático”.

Señaló cáusticamente que “el rey es inimputable, inviolable y, por lo visto, incalificable” e insistió en que la imagen prefabricada del rey “es edulcorada, falsa y mitificada”. En enero de 2008, cuatro militantes gallegos de Nos-Unidade Popular fueron imputados por la quema de una fotografía del rey. Todavía están pendientes de juicio dos de ellos, en libertad bajo fianza de 5.000 y 6.000 euros. La Fiscalía solicita multas de 3.600 y 5.400 euros. Nos-Unidade Popular ha recordado que “su único delito es ejercer como gallegos libres”, y ha llamado a solidarizarse. El pasado año dos dibujantes de El Jueves ya fueron condenados a 3.000 euros de multa tras una operación judicial que secuestró la edición de la revista.