El Consejo de Ministros pone a prueba la línea ortodoxa de Nadia Calviño

La ministra de Economía defendió ayer la “transitoriedad” de la crisis económica, aunque ha abierto la puerta a medidas a favor de los arrendatarios.

Gran Vía coronavirus - 10
Álvaro Minguito Los trabajadores de reparto a domicilio han seguido trabajando pese a las medidas de confinamiento decretadas el 14 de marzo.
24 mar 2020 06:33

Aunque el conjunto del Gobierno se ha esforzado en minimizar los enfrentamientos entre los ministerios, la disputa sigue servida. El plan de choque del martes pasado no respondió a una serie de incertidumbres socioeconómicas y tampoco fue el fin del enfrentamiento entre los ministerios “sociales”, encabezados por el vicepresidente segundo, Seguridad Social y Trabajo, y los “ortodoxos”, que, hospitalizada la vicepresidenta Carmen Calvo, lidera la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Tres caminos principales están en el menú del Consejo de Ministros del 24 de marzo: el parón de la economía no esencial ─desde oficinas bancarias a grandes obras─, la puesta en marcha de una “renta de cuarentena” para sectores de la población a las que las medidas anteriores no hayan supuesto una solución, y la moratoria de alquileres. Pasadas las 20h del día de ayer, el ministro responsable de vivienda, José Luis Ábalos, anunciaba un paquete de medidas de “ayuda al alquiler” que, en cualquier caso, no será anunciado tras el Consejo de Ministros de hoy. Para la sesión de este 24 de marzo se anuncia también el debate sobre un paquete de ayudas para autónomos y pymes, en la línea de respaldo del crédito anunciado el día 17.

Calviño se opone al cierre total de la economía, y así lo defenderá hoy en el Consejo de Ministros, que debe abordar las consecuencias de la pandemia del coronavirus que mantiene al país en estado de alarma desde el 14 de marzo, en una situación que se prolongará al menos dos semanas. La titular explicó en rueda de prensa ayer que es renuente a una mayor paralización del país y cuenta con el aval, de momento, del presidente Pedro Sánchez y del responsable de Sanidad, Salvador Illa, quien el lunes apoyó a Calviño asegurando que lo importante es que las medidas de confinamiento, “las más drásticas que se han impuesto en Europa”, se cumplan. No obstante, el ministro dejó abierta una puerta a “medidas adicionales”.

La ministra tiene un elemento a su favor: la propia definición de servicios esenciales está en disputa, como se encargó de recalcar ayer. No es solo el sector sanitario, sino la industria química y farmacéutica. No es esencial únicamente que siga funcionando el abastecimiento de supermercados, también la agricultura. Por eso, desde el sector más inclinado a “parar” se apunta a la construcción como uno de los sectores clave a pausar y se señala al mismo tiempo a la “reconversión” de otra industria para hacer frente a la emergencia. El ejemplo de Seat, donde la fuerza de trabajo ha sido fundamental para poner en marcha la fabricación de dos tipos de mascarillas sanitarias con tecnología 3D, o de las aparadoras de Petrer y Elda, que han cosido miles de mascarillas, marca la idea que reclaman distintos sectores desde el comienzo de la crisis en torno a una “economía de emergencia” cuyo único fin sea contener el virus.

Que España no se pare

Calviño ya frenó la declaración de la alarma y ayer, 23 de marzo, declaró en rueda de prensa con el ministro de Sanidad que la actividad productiva de oficinas bancarias o construcción debe continuar con medidas de protección “para que España no se pare”. España se mantiene así en una situación híbrida entre las recomendaciones de países como Alemania ─país donde aún se permiten los paseos solitarios─ e Italia, que este fin de semana decidió decretar el cierre de los sectores económicos no esenciales, siguiendo las recomendaciones del Gobierno chino. 

La ministra de Economía se ha resistido durante toda la semana a valorar la posibilidad de que la crisis sanitaria del coronavirus desemboque en una crisis financiera. En una entrevista publicada este fin de semana por El Mundo, Calviño ha defendido que se trata de una situación con una “perspectiva claramente transitoria” y ayer expresó su deseo de que “esta situación no se traslade a los mercados de deuda”.

Para la ministra, la clave es esperar a una respuesta común europea. Aparte de los anuncios del Banco Central Europeo de puesta en marcha de la “máquina de hacer billetes”, la realidad es que la esperanza de los países sureuropeos pasa porque se reactiven los eurobonos, de forma que se mutualice la deuda ─que, como se espera, se disparará en los países afectados─. Pero para que esos bonos comunes se pongan en marcha se debe doblegar la resistencia de Alemania y sus socios centroeuropeos. Algo poco probable.

Otro escudo social

A pesar de que el “escudo social” del Gobierno, planteado el pasado martes, fue recibido por los socios del PSOE en el Gobierno como un cambio de rumbo respecto a las primeras medidas presentadas por Pedro Sánchez el jueves 12 de marzo, hay dos medidas que se presentan como de urgencia en el Consejo de Ministros de hoy. 

El primer punto lo centran los problemas para el pago del alquiler. Ayer lunes, 200 colectivos anunciaron la convocatoria de un impago masivo de alquileres si el Gobierno no toma otras medidas frente a la crisis social. Calviño abrió ayer la puerta a medidas de “protección” de los inquilinos que parece garantizado que vayan destinadas a alquileres de locales comerciales y oficinas.

El Ejecutivo tiene, no obstante, que discutir hoy, y solucionar en la próxima semana, antes de que se cierre el mes de marzo, una demanda que llega desde el Sindicato de Inquilinos para garantizar el derecho de los arrendatarios sin ingresos a permanecer en sus viviendas, dado que la apelación de Sánchez a que se llegara a un acuerdo privado entre arrendadores y arrendatarios no ha tenido consecuencias palpables. 

El último punto que centra la atención de este Consejo de Ministros es la aplicación de una “renta de cuarentena” que sirva para mitigar las consecuencias de la paralización de la economía. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, ya propuso a finales de febrero una renta mínima de inserción aplicable en todo el territorio, una inversión que alcanzaría un tope de 5.500 millones de euros. No obstante, la idea que prevalece actualmente sobre este ingreso vital se ciñe a los meses de duración de la pandemia y sus consecuencias, como defendió el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en El Salto, y no se extiende a la puesta en marcha de un derecho en forma de Renta Básica Universal.

Coronavirus
La emergencia sanitaria aviva la demanda de un ingreso incondicional para toda la población

Entre la urgencia de garantizar una seguridad material a quienes ven ahora en peligro su supervivencia económica y el empuje a un cambio de paradigma que permita repensar la relación entre trabajo y acceso a recursos, el debate de la renta básica se abre paso en los medios y quizás también en el gobierno. 



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