Medio rural
La ministra de los 25 pisos y una fotovoltaica, a un campo seco no le da ni agua

La primavera de 2017 ha sido la más cálida desde 1965, con temperaturas 1,7 grados centígrados por encima de la media en décadas, llegando a alcanzar los 37,6ºC en Ourense en mayo. Esta primavera, la más cálida en lo que llevamos de siglo XXI, se ha alternado además con episodios fríos de -8,8 ºC en Navacerrada (Madrid) a finales de marzo ó -5,2%ºC en León a finales de abril. Además, ha sido especialmente seca, con una precipitación un 23% por debajo de la media en treinta años (un 75% por debajo en el caso de Castilla y León), según el resumen estacional climatológico de la AEMET.

Para rematar, en verano se produjo una sucesión de cambios de tiempo, especialmente en la mitad norte peninsular, caracterizada por jornadas muy calurosas seguidas de tormentas muy fuertes, en algunos casos acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento y de descensos acusados de las temperaturas. Según el blog de la AEMET, esto ha afectado a los cultivos de lúpulo y frutales como vid o manzana. En cuanto a la reserva hidráulica, a fecha del 12 de septiembre, era de 23.081 hectómetros cúbicos, un 41,2% de su capacidad total. La media de diez años es de 30.990 hectómetros cúbicos, según el propio MAPAMA.

Las restricciones de agua afectan a 5.000 ha. de cultivos en el Bajo Duero

Como resultado de la situación de sequía prolongada en determinadas demarcaciones hidrográficas, el Gobierno ha adoptado este año, entre otras medidas, un conjunto de restricciones por la falta de agua embalsada. Es el caso del Duero, cuya Confederación Hidrográfica (CHD), dependiente del Ministerio, “está permitiendo que 5.000 hectáreas de cultivos de la provincia de Valladolid se pierdan, por no saber gestionar de forma adecuada los recursos de agua que proporciona el río Duero”, denunciaba a mediados de agosto el sindicato Unión de Campesinos de Valladolid (UCCL), miembro de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos a nivel estatal. Los afectados son los regantes de cuatro comunidades del Bajo Duero, que no han podido regar sus zanahorias, cebollas, remolachas, fresas, maíz y patatas “porque los regantes del Alto Duero hayan decidido no ceder el agua que les sobra de sus regadíos”. UCCL cifra las pérdidas en 20 millones de euros.

A primeros de septiembre, la CHD acordó finalizar la campaña de riego en el sistema Órbigo ante las reducidas reservas de agua que acumula el embalse leonés de Barrios de Luna, del que se nutre. Además, en la misma reunión autorizó usar agua del Pisuerga para limpieza viaria por razones higiénico-sanitarias y prevención de incendios de manera excepcional en Valladolid y Arroyo de la Encomienda.

Las medidas de Tejerina: Empujar a endeudarse en vez de dar ayudas directas

Ante este panorama, la ministra Tejerina beneficia a las entidades financieras y aseguradoras, con el apoyo al seguro agrario “el mejor sistema de gestión del riesgo de la Unión Europea”, según ella, y la “ayuda a la financiación de créditos por valor de 200 millones de euros”. En concreto, el Ministerio facilita el acceso a créditos a titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía que suscriban préstamos con entidades financieras avalados por SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, perteneciente al Grupo SEPI). Ofrece préstamos de hasta 60.000 euros por beneficiario con un plazo máximo de amortización de cinco años con posibilidad de dos años de carencia. Las ayudas consisten en la subvención de la comisión de gestión del aval de SAECA, así como de la comisión de estudio a aquellos titulares que tengan suscrito un seguro agrícola o pecuario o sean jóvenes agricultores. En el diseño de esta línea de ayuda, el Ministerio subraya que se ha tenido en cuenta la prioridad que otorga al Plan de Seguros Agrarios Combinados de ENESA, como “principal herramienta de gestión del riesgo de sequía”.

Medidas que no han satisfecho en absoluto a agricultores y ganaderos de Castilla y León, cuyos sindicatos agrarios UCCL, ASAJA y UPA acordaron unitariamente manifestarse el 30 de agosto en Valladolid para reivindicar “ayudas directas para los profesionales del campo”. Los campesinos, que cifran en un 70% las pérdidas de producción en los cultivos y pastos de la región, califican como “tomadura de pelo” las ayudas tanto del Ministerio como de la Junta de Castilla y León: “Apenas aportan nada. Los préstamos a interés cero llegarán a una minoría de agricultores y ganaderos, ya que creemos que a quien no le concedan el aval de SAECA, la concesión del préstamo queda a discrecionalidad de la entidad bancaria; el anticipo de la PAC [Política Agraria Común] no puede considerarse como ayuda a mayores; las cuotas de la Seguridad Social se aplazan, habrá que pagarlas al año que viene; de las ayudas para la suscripción de seguros, sin comentarios…”, critican. UCCL considera que “lo que verdaderamente necesita el sector en estos momentos es liquidez a través de ayudas directas, contempladas en la normativa europea bajo el régimen de mínimis y el establecimiento de créditos a interés cero, REAL”, añaden.

Denuncian “prácticas desleales” por parte de las entidades financieras

Además, respecto a la ‘medida estrella’ de la Junta de Castilla y León, una bonificación de los intereses para la obtención de préstamos preferenciales que obliga a suscribir una póliza de seguro agrario durante tres ó dos años consecutivos, el sindicato denuncia “prácticas desleales” por parte de las entidades financieras, al obligar a los profesionales agrarios a tramitar la póliza del seguro con ellos, o incluso a tramitar la Solicitud Única de la PAC cuando acuden a formalizar el préstamo. “Estas ayudas son claramente insuficientes y los grandes beneficiarios de este apoyo son los bancos, ya que los agricultores y ganaderos deben devolver el dinero, un sector que se encuentra ya de por sí, muy endeudado”, claman.

La situación es tan grave en la región que incluso ha provocado el enfrentamiento de la organización agraria ASAJA, afín al PP, con las administraciones central y regional, gobernadas por el mismo partido, a cuenta de las medidas de la sequía, especialmente la de los préstamos. ASAJA ha constatado que “la empresa pública SAECA está denegando el 30% de las solicitudes de avales para préstamos al sector agrario”. Y considera la medida “un fiasco y hasta una afrenta al sector”, ya que las denegaciones no están motivadas por la no viabilidad de las explotaciones, sino por la inexistencia de una partida presupuestaria suficiente en los presupuestos del Estado, para cubrir las comisiones y gastos que tiene tarifadas SAECA para estas operaciones. “Pero es más -añaden- si de verdad el 30% de las explotaciones carecen de viabilidad económica y por lo tanto no pueden asumir un mayor endeudamiento, sería motivo para calificar de auténtico fracaso la política agraria de la Junta y del Ministerio de Agricultura, pedir responsabilidades mayores, y justificaría sobradamente la necesidad de las ayudas directas que se vienen reclamando desde ASAJA y otras organizaciones agrarias”.

Cantidades insignificantes comparadas con las ayudas a la banca o Campofrío

UCCL insiste en que “estas ayudas las venden como una gran inyección de dinero al campo, cuando en realidad aportan cantidades insignificantes comparadas con las ayudas que se dan a otras actividades económicas, cuando están en situaciones de crisis”. Su coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín, sostiene que las medidas “no son suficientes. No sirven para nada. Los préstamos no son suficientes hay que devolverlos. No podremos soportar dos años malos seguidos. Nadie sabe cómo va a venir el próximo año. No está garantizado más del 80% del regadío de Castilla y León si el año que viene no es excepcionalmente lluvioso. Podemos entrar en una crisis estructural. Por eso son fundamentales las ayudas directas, como en otros sectores, como la banca o Campofrío”.

En la misma línea se pronuncia Rosa Arranz, presidenta de Ismur (Iniciativa Social de Mujeres Rurales) y vicepresidenta de la Unión de Mujeres: “Muchos no van por esa vía, porque ya tienen otros préstamos. La solución no puede ser deuda, sobre deuda, sobre deuda. Eso no te resuelve nada”. Rosa Arranz señala la necesidad de gestionar ese recurso escaso que es el agua: “La sequía puede convertirse en algo habitual. Es una reflexión que no se está haciendo a nivel político. Tampoco sobre por qué tenemos que producir tanto. Rendimiento, rendimiento, rendimiento. Nos han metido eso en la cabeza”.

“Noviercas va a suponer el hundimiento lácteo de Castilla y León y la cornisa cantábrica”

En ese sentido, menciona el espeluznante caso de Noviercas, población soriana de 155 habitantes donde se pretende abrir la macrogranja lechera más grande de Europa, con 20.000 cabezas. “Algo así consume mucha agua. ¿De dónde la van a sacar? Dicen que va a generar empleo, pero en la zona ya no hay gente joven. Y La Junta está mirando hacia otro lado. Esto va a suponer el hundimiento del sector lácteo de Castilla y León y la cornisa cantábrica”, advierte.

Palacín califica la macrogranja de “aberración absoluta. Una barbaridad. No es nuestro modelo (familiar, pequeño y mediano, que fija puestos de trabajo, que es medioambientalmente más sostenible…). Es fuertemente contaminante y tendrá un impacto en la zona tremendo. Va a suponer producir entre un 7 y un 10% más. Va a hundir los precios. Muchas pequeñas explotaciones no van a poder competir. Entre el 15% y el 20% desaparecerán en Castilla y León y el 10% en la cornisa cantábrica y Galicia”, alerta. Y llueve sobre mojado en el sector. Casi 220 ganaderos de leche han abandonado su actividad en estos dos últimos años en Castilla y León. Son precisamente las deudas lo que han conducido al suicidio a más de 300.000 campesinos en India entre 1995 y 2015. “Y sin ir tan lejos. También en Francia”, apunta Palacín.

Tejerina, la más rica del Consejo de Ministros

De Castilla y León procede la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina, considerada la más rica del Consejo de Ministros. Según su declaración firmada en el Congreso de los Diputados en 2016, tiene 25 pisos y tres locales comerciales en Valladolid a través de las inmobiliarias Isabel La Católica 4 SL y Huerta del Rey SL, de las que posee el 20%. También es propietaria de una planta fotovoltaica valorada en 617.015 euros por la que Iberdrola le transfirió 91.171,95 euros en 2015. De la propia Iberdrola tiene acciones, además de otras cotizadas como Santander, Telefónica y Pharma Mar, por un valor conjunto de 461.171,76 euros. Acumula 939.970,04 euros en siete cuentas corrientes y una de ahorros en diversas entidades bancarias, entre otros bienes y rentas. Pidió un préstamo personal de 615.000 euros sin especificar con qué entidad con un saldo pendiente de 339.788,36 euros. Además dispone de un plan de pensiones de 79.657,96 euros.

Ex directiva de Fertiberia, empresa de fertilizantes pertenecientes al Grupo Villar Mir después de haber pasado por la Consejería de Agricultura de Castilla y León y la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, la sucesora de Miguel Arias Cañete fue salpicada por el escándalo Acuamed. Las aguas no discurren limpias en la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que dirigió su exjefe José Valín, también exdirector del Canal de Isabel II.

Su Ministerio elabora estudios sobre cuánto aumenta el consumo de agua envasada en los hogares españoles: 60,71 litros por persona y año, lo que supone un incremento del 5,4% entre abril de 2016 y marzo de 2017. En esta imagen aparece en febrero de 2017 junto a su predecesor Cañete en el X aniversario del Instituto Tomás Pascual Sanz, integrante de la Corporación Pascual con la misión de blanquear la imagen del extractivista holding procedente de Aranda de Duero (Burgos) que engloba diferentes empresas de alimentación y bebidas, construcción, inmobiliaria y de seguros, entre ellas, leche Pascual y agua Bezoya.

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