Opinión
Un antiespañolismo inevitable

El 10 de febrero de este año, Madrid asistía a la enésima puesta de largo del españolismo, la presentación en sociedad de lo que se ha dado en llamar desde entonces el “trifachito”. De acólitos asistieron a la ceremonia, sin empacho para las derechas convocantes, organizaciones abiertamente fascistas y de corte neonazi (España-2000, Falange, Democracia Nacional, y Hogar Social Madrid). Y se habla aquí “españolismo” adrede, como podría hablarse (que tanto da) de “constitucionalismo”. En efecto: en ese encuentro no se congregaba un colectivo agraviado (los presos, algún grupo en minoría, los trabajadores, los pensionistas o los dolientes de alguna estafa financiera). Ni siquiera podríamos identificar otro objetivo que el de la oposición a la supuesta lenidad del Gobierno frente al procés catalá. Como en otras ocasiones (concentraciones contra el aborto, el matrimonio homosexual o la LIVG) era España la que se presentaba como acreedora. Y (casualidad o no) cada vez que España sale a las calles enarbolando su bandera, podemos tener por seguro que las libertades de alguien corren peligro.

Más que un país, España parece un organismo administrativo frente al cual sujetos y colectivos deben atemperar el ejercicio o la demanda de sus derechos. Al final resulta que el “constitucionalismo” que se esgrime desde hace tanto, consistía en eso: en asumir que la Constitución del 78 es válida en tanto en cuanto no se pretenda hacerla efectiva en beneficio de los grupos que integran la ciudadanía. Cuando el Estado Español desciende a consentir un derecho, se está guardando la potestad de conculcarlo, lo cual convierte de facto a la Carta Magna en una Carta Otorgada, un compromiso vago por parte de unos poderes que pueden romper la baraja si les conviene. Por eso, contemplar la congregación de febrero en la Plaza de Colón simplemente como la foto fija de una maniobra electoral, o de oposición a un Gobierno, sería de una puerilidad inexcusable. Y, por supuesto, no querer ver el componente fascista que se desplegó en forma de águilas de San Juan, aspas de Borgoña, yugos y flechas, saludos a la romana “e tutti quanti”, resulta un ejercicio de voluntarismo bastante sospechoso. Decía Lenin “la Revolución no se hace, se organiza”. Bien, aquí puede argüirse que la reacción “ya está hecha, aunque no esté organizada”… y ni falta que le hace. La reacción es España.

El reflujo imperial (y no colonial, ya que España casi no participa en los procesos coloniales del XIX), ese estertor de 1898, trae de vuelta a la península un problema que ni la expansión de ultramar ni la intervención en Europa durante los Austrias habían resuelto, cual es el de la “unidad”, el proyecto de España como Castilla ampliada. Los conflictos intestinos causados por los abusos de la monarquía contra las particularidades regionales y locales (requisas, fiscalidad, levas, quebrantamiento de fueros y costumbres y malos usos en general, rutinas todas heredadas de época medieval), habían reaparecido con las “comunidades” castellanas (1520-1522) y se exacerban en el XVII. Felipe IV intenta una vuelta de tuerca centralista con los proyectos del Conde-Duque de Olivares (“mvlta regna, sed vna lex” –la ley de Castilla, por supuesto- o la “unión de armas”), pero por unas u otras razones la contestación, secesionista en mayor o menor grado, es general: “els segadors” en Catalunya (1640-1652), Medina-Sidonia en Andalucía (1641), Duque de Híjar en Aragón (1648), independencia de Portugal (1646-1668) y de los Países Bajos (1648). Con el Borbón, las cosas no hacen sino empeorar (“Decreto de Nueva Planta”, Tratado de Utrecht.)

A lo largo del XIX, desde la invasión napoleónica en 1808 y hasta 1833, el imperio español se desbarata; la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas e islas del Pacífico marca la debacle. En adelante, España sólo puede seguir siendo España conservando fronteras adentro los atavismos que recuerdan el imperio perdido: el dominio territorial manv militari, la monarquía, el catolicismo ultramontano, la excepcionalidad de los funcionarios armados y del ejército, las jurisdicciones de facto consentidas a los terratenientes, los intentos de homogeneización cultural y una manera potestativa de entender el derecho que se mantiene hasta la actualidad. Una forma de hacer política “que el triunfo de los ideales ilustrados fue ahogando en Europa y que en España encontró un asilo en el que, disfrazada de tradición, ha persistido y ejercido, desde los grupos en los que se encarna, ese poder de violencia e intolerancia que lleva en su seno” (Javier Herrero: Orígenes del pensamiento reaccionario Español, 1972). No pensemos pues ni por un momento que el actual estado de cosas es herencia directa del franquismo, porque antes de 1939 ya existía la percepción de que algo no marchaba bien. Un país que ha tenido más de cuatrocientos años para no resolver una cuestión que otros, de creación reciente como Alemania o Italia (1871), solventaron en pocas décadas no es un caso frecuente en la historia europea.

La “España una” no sabe presentarse más que ligada a un ethos de dominio, a un proyecto de espacios conquistados, espacios físicos, políticos, simbólicos, identitarios o somáticos

Con todo, la unidad territorial no es el mayor de los problemas. Puede colegirse que, ni aun consiguiendo un Estado férreamente centralizado, las aspiraciones del españolismo se verían colmadas. El españolismo quiere vencer, sí, pero sobre todo pretende convencer, y es ahí donde fracasa y de donde proviene su eterna frustración. Una efusión patriótica como la del 10 de febrero, el reverdecer del fascismo y la huida hacia adelante autoritaria de Ciudadanos y Partido Popular, están señalando un brote de crisis de identidad. El proyecto de revertir el estado de las autonomías, el de una reforma electoral que instituya el distrito electoral único para dejar fuera del Parlamento a los partidos nacionalistas, el de terminar con la cooficialidad de los idiomas autóctonos, las amenazas del artículo 155, los globos sonda como los largados por Iván Espinosa de los Monteros (eminente cómitre de VOX) acerca de ilegalizar a los partidos independentistas “o que no renuncien al marxismo” y otras trampas al solitario, pueden leerse efectivamente como la enésima substanciación de la España monotemática. Pero ese corro defensivo de bueyes almizcleros es índice también de que el españolismo no las tiene todas consigo. E insistimos: no es sólo una cuestión de unidad territorial. Fuera de Catalunya y Euskal Herria, España también es incómoda o indiferente. Tanto más cuanto que el españolismo persevera tozudo en mostrar su cara más hosca. Apilar ranciedumbres feudales, adherirse a los idearios de Le Pen, Bolsonaro o Viktor Orbán, infatuarse del machismo, negar el cambio climático, mitigar el relato de las matanzas de los nazis (Fernando Paz, ex-candidato de VOX por Albacete), zaherir a los movimientos sociales y, en la cúspide, plantar una bandera rojigualda, es una forma un tanto peculiar de ganarse simpatías.

No ha de pensarse que el españolismo adolezca de una cierta falta de sentido de la estrategia. No es así: es que la “España una” no sabe presentarse más que ligada a un ethos de dominio, a un proyecto de espacios conquistados, espacios físicos, políticos, simbólicos, identitarios o somáticos, a una perspectiva que empece y hace fatigoso todo intento de emancipación por mucho que el discurso institucional pretenda lo contrario. De esa manera, las jeremiadas del tipo ¿por qué la izquierda no reivindica la españolidad? deberían contestarse con una pregunta, más bien retórica, ¿qué hace a España tan atractiva para el fascismo, el pensamiento reaccionario y para los defensores del capitalismo más voraz y cicatero?

Y para postres, como no podía ser de otra forma, el retoñar de la reacción retoma la vieja idea de la “antiespaña”, porque, como una planta de interior, España sólo crece a la sombra de sus enemigos. En vez de masones y judíos hay sanedrines feministas y complots homosexuales; en lugar de piratas otomanos amenazando las costas, hay emigrantes y refugiados “invasores”; en lugar de comunistas, movimientos sociales; en lugar de “philosophes des lumières”, marxistas culturales. Si los del “trío de Colón” y sus adláteres fuesen sólo un poco más generosos en su catálogo de antiespañoles, habría que cerrar la mitad de las oficinas del DNI por falta de uso.